Jesús Guerrero
Reforma
Iguala, México (19 octubre 2014).- El lugar se ve tétrico.
«Toda esta zona es un cementerio de los narcotraficantes», define una de las vecinas de las últimas casas de la colonia Las Parotas.
Recargada en la tranca de madera de su patio, la memoria de la mujer viaja en retrospectiva cuando ubica que el tiradero de cadáveres, en este punto al poniente de Iguala, empezó en 2010.
En una de las calles de la colonia San Miguelito, aparecieron los cuerpos decapitados de dos jóvenes que tenían un mensaje en una cartulina: «esto les pasó por uñas».
La primera narcofosa descubierta en esta zona del antiguo ejido de Pueblo Viejo, data de abril de 2013.
Tres policías municipales de Cuetzala del Progreso, levantados por el grupo criminal Guerreros Unidos junto con ocho de sus compañeros y un comandante, aparecieron en una fosa en las inmediaciones de la colonia Granjeles. Del resto de los agentes levantados, aún se desconoce su paradero.
Al alcalde perredista de Cuetzala el Progreso, Feliciano Álvarez Mesino, lo detuvieron en abril de este año acusado por la PGR de pertenecer al cártel de La Familia Michoacana y de ordenar secuestros en la región Norte de Guerrero, Estado de México y Michoacán.
En abril y mayo de este año se encontraron en esta misma zona seis fosas clandestinas con 19 cadáveres en avanzado estado de putrefacción.
También en este año, Ernesto Pineda Vega, vecino de la colonia San Miguelito, denunció que en esta zona de Pueblo Viejo una célula de Guerreros Unidos secuestraba, asesinaba y sepultaba aquí mismo a sus víctimas.
Por esta denuncia ante el Ejército mexicano, se descubrió un narcolaboratorio de drogas sintéticas, pero a Ernesto Pineda lo detuvo la Policía Municipal acusado del secuestro de Adolfo Salgado Salgado.
Esta zona, compuesta por una veintena de colonias irregulares que apenas si cuentan con el servicio de luz eléctrica, cobró relevancia cuando la Procuraduría de Justicia del estado informó que un integrante Guerreros Unidos declaró que participó en el asesinato de 17 de los 43 normalistas de Ayotzinapa que les entregó la Policía Municipal de Iguala tras las balaceras de la noche del 26 de septiembre, en las que hubo seis personas muertas y 27 heridos.
La vecina de Las Parotas dice que por la noche o en la madrugada se escucha el ruido de camionetas que suben hacia una vereda que lleva a uno de los cerros. «Hemos percibido olores fétidos, como que atrás de los vehículos llevan animales o personas fallecidas», señala.
De su casa, a las faldas del cerro El Coyote, donde el 5 de octubre peritos de la PGR y de la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGEG) localizaron seis fosas con 28 cuerpos calcinados, hay más de dos kilómetros de distancia. Primero es una vereda donde no caben más dos personas, pero a medida que se avanza sólo cabe una y después hay que caminar agachado haciendo a un lado la maleza.
«A las personas que traían aquí en contra de su voluntad, no había otra forma que obligarlas a caminar derechito a su muerte», señala uno de los agentes ministeriales que resguardó la zona durante el tiempo que duraron las excavaciones.
Los 28 cuerpos encontrados en estas fosas, estaban calcinados. «Los hicieron como en barbacoa», dijo uno de los enviados de la CNDH.
Según el informe pericial, los cuerpos de las víctimas fueron colocados abajo de ramas y troncos y les prendieron fuego. Pero todavía no se determina si los quemaron vivos.
La PGR estableció que ninguno de los 28 cuerpos localizados en estas fosas pertenecía a los normalistas desaparecidos, lo que abrió una interrogante que aquí, en Iguala, se antoja todavía más dolorosa: ¿entonces de quién son? Familiares de otras personas que habrían sido levantadas por miembros de la delincuencia organizada o policías municipales de Iguala, antes del 26 de septiembre, entregaron muestras de sangre para cotejarlas con estas víctimas.
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Delfino Zaragoza Ocampo cuenta que su hermano Alberto y sus compañeros Miguel Ángel Antolino Navarrete y Raúl Vázquez Zamora desaparecieron el 2 de junio, luego de salir de la central camionera de Iguala.
La denuncia por desaparición forzada de los tres militantes de organizaciones sociales ya se presentó ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero y la Fiscalía General del Estado. Los familiares piden que se investigue a la Policía Municipal de Iguala, que respondía a las órdenes del alcalde prófugo, José Luis Abarca.
Y es que a los tres activistas que fueron a Iguala para buscar empleo, se les vio por última vez en las calles donde fueron atacados los normalistas de Ayotzinapa. «Tenemos la versión de que ese día en que los compañeros desaparecieron había muchas camionetas con hombres armados rondando las calles», señaló.
Delfino se unió a la lucha de los estudiantes de Ayotzinapa. Aunque ve muy difícil encontrar con vida a su hermano y a sus dos compañeros, no pierde la esperanza.
Dirige la mirada hacia los cerros, hacia Loma del Coyote, ejido de Pueblo Viejo, donde el sábado 4, peritos de la PGR y de la FGEG, resguardados por policías federales, estatales, Ejército Mexicano y la Armada, localizaron seis fosas clandestinas con 28 cuerpos quemados con diesel.
Del otro lado de esta zona, en la colonia Loma del Zapatero, en abril y mayo de este año encontraron ocho fosas clandestinas con 26 cuerpos.
Para llegar a Pueblo Viejo se entra por el Periférico Norte, justo por donde el 26 de septiembre en la noche los normalistas sufrieron el segundo ataque a tiros por parte de un grupo civil, en donde murieron dos jóvenes y al día siguiente apareció desollado otro. De allí se llevaron a los 43 desaparecidos
Un taxista dice que esta zona del poniente de la ciudad, rumbo al municipio de Teloloapan, es una de las más peligrosas. Según él, a quien entra y no conoce el lugar por lo menos lo asaltan. «Aquí es tierra de nadie, porque mandan los sicarios. Y nadie, ni siquiera el Ejército, les puede hacer algo», afirma.
Dice que a raíz de los hechos de violencia del viernes 26, la gente de Iguala vive en una constante zozobra y miedo.
Apenas este sábado en la tarde empezó a salir la gente, cuando vio al Ejército Mexicano, la Armada y la Policía Federal recorriendo las calles.
Sin embargo, desde antes de los sucesos del 26, la situación de inseguridad en Iguala era muy grave.
«La inseguridad ha crecido desde hace más de seis años; hay asaltos, asesinatos. Y las extorsiones a los comerciantes y vendedores ambulantes es algo ya común», explica.
El taxista tiene una certeza: «Aquí en Iguala, los que mandan son los de la delincuencia, y no la autoridad».
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Autoridades de Guerrero señalan que esta zona abrupta al poniente de Iguala fue escogida por Guerreros Unidos para instalar narcolaboratorios y casas de seguridad en las que mantenían retenidas a sus víctimas, a quienes después las ejecutaban y sepultaban en algunos puntos de las faldas de los cerros.
Este grupo delictivo opera en Cocula, Huitzuco, Tepecuacuilco, Cuetzala del Progreso, Ixcateopan de Cuauhtémoc, Taxco de Alarcón, municipios aledaños a Iguala.
En Teloloapan y Apaxtla de Castrejón, que completan la región norte del Estado, Guerreros Unidos se disputan la plaza con La Familia Michoacana.
Para el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, esta presencia de grupos criminales convirtió a Iguala en una zona de horror y lamenta que sea hasta ahora que la comunidad nacional e internacional cobra conciencia de ello.
Pide investigar a las autoridades que se coludieron para que las bandas criminales establecieran esta zona de miedo.
«Estamos hablando de que seguramente en ese lugar, en los cerros, puede haber decenas de fosas con personas que han sido secuestradas y que sus familiares siguen en su busca», explica.
El activista recuerda que en Taxco, municipio cercano a Iguala, en los últimos cuatro años se han encontrado más de 60 cadáveres en fosas clandestinas.
Barrera advierte que desde hace tiempo ya se sabía que la Policía Municipal de Iguala estaba coludida con el crimen organizado.
«Iguala era tierra en donde mandaba la delincuencia bajo el consentimiento de las autoridades, en este caso del alcalde José Luis Abarca, pero los gobiernos federal y estatal lo protegieron», indica.
El activista asegura que el horror que se vive en Guerrero es parecido al de la década de los setenta.
«Estamos igual o peor que en la Guerra Sucia, aunque ahora el nuevo ingrediente es que el gobierno se une con las bandas de la delincuencia para perseguir y asesinar a sus opositores», lamenta.
