Demostrando que, en efecto, no la violencia no es un asunto «local». Simplemente es una consigna del régimen usurpador, una consecuencia de permitir que criminales se hagan del poder.
Marcela Turati
Proceso
IGUALA, Gro., (apro).– A pesar de que la Gendarmería, con el apoyo del Ejército, están a cargo de la «seguridad» de esta ciudad a raíz de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el pasado miércoles 23 por la tarde y en pleno centro fue secuestrado el estudiante Ezequiel Chávez Adán, de 18 años, cuyo paradero se desconoce hasta ahora.
Con este preparatoriano ya serían tres las personas desaparecidas en Iguala, a partir de que la seguridad de la ciudad es responsabilidad de la federación.
“Mi hijo tiene ocho días que lo levantaron y no encontramos una solución. No hay seguridad, no hay autoridad. Exigimos a las autoridades competentes que se pongan las pilas. Mi hijo era un trabajador, un estudiante”, denunció el padre del joven, Javier Chávez, durante una manifestación de familias de Iguala y los alrededores con personas desaparecidas.
El diario El Sur informó que, el 28 de noviembre último, se presentó otra denuncia por la desaparición de otro joven, “identificado con el nombre Omar (El Caballito), vecino de la colonia Loma del Zapatero”. El caso también fue reportado ante la fiscalía regional por parte de la propietaria de un establecimiento de servicios a domicilio.
La publicación consignó también que el 22 de noviembre ya había sido reportada la desaparición de otra persona en Iguala de la que no se conocen más datos.
El joven Ezequiel Chávez, originario de Taxco, vendía yogurt por las mañanas para financiar sus estudios de la preparatoria abierta en Iguala.
“Mi hijo no se metía con nadie, no tenía vínculos con delincuentes, era trabajador”, informó su padre, quien junto con su esposa mostraba una fotografía del joven.
Su madre Cristina Nexarén Adán, apabullada por el dolor y con alaridos de angustia, informó que su hijo tenía ilusiones de llegar a ser un profesionista. Por ello, solicitó ayuda a la ciudadanía para encontrarlo.
El estudiante desapareció en la calle Vicente Guerrero, cerca de la terminal de autobuses Estrella de Oro, una de las más transitadas de Iguala por ser el camino para entrar al centro.
Según relató a los padres una vecina que presenció los hechos pero que no quiso declarar por temor, al estudiante se lo llevaron “chavos que venden drogas”.
El lunes 3 de octubre la Policía Federal, a través de la División de Gendarmería, asumió las tareas de seguridad pública en el municipio de Iguala, Guerrero, en acompañamiento con el ejército que tiene dos instalaciones militares en la ciudad, una de ellas cerca del centro.
La PGR reportó que desde que sentó base en Iguala, los familiares de 207 personas desaparecidas se han acercado a levantar su denuncia y se han tomado 375 muestras genéticas para su localización. Por un error, la PGR había informado que eran 375 casos de desapariciones.
El caso de la desaparición de los 43 normalistas destapó la desaparición masiva de personas en Iguala y sus alrededores, donde recientemente fue creado Comité de Familias de Víctimas de Desaparición Forzada. Muchas de las familias, por miedo, no se habían atrevido a denunciar.
A partir de la búsqueda de los estudiantes, la PGR, con el apoyo de las familias y la organización UPOEG, ha encontrado 59 cadáveres enterrados en fosas comunes y cada día se suman nuevos hallazgos de cuerpos.
