Pues a conseguirse una pala y ¡órele hijos de la chingada!, ¡cavando que es gerundio! Y empiécenle por los que desapareció su esbirro José Luis Abarca en Iguala. Cuando acaben el resto del país, a pudrirse en la cárcel con él… ¡CERDOS!
Rosalía Vergara
Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- Veinte días después de que el gobierno federal convocara a un acuerdo nacional por la seguridad y el estado de derecho, el presidente nacional del PRD, Carlos Navarrete, presentó su Manifiesto a la nación, en el que propone instaurar 10 medidas de emergencia, entre ellas una comisión de la verdad para dar con el paradero de miles de desaparecidos en este y el sexenio pasado.
La comisión sería nombrada por el Congreso de la Unión y también buscaría esclarecer a quiénes corresponden los cuerpos que se han encontrado en las múltiples fosas clandestinas en diversas partes del país.
Igualmente, “no debe haber impunidad ante las miles de ejecuciones extrajudiciales ni ante la violencia por secuestros, cobros de derecho de piso y robos que afectan a la población. Esta comisión debe integrarse con ciudadanos, hombres y mujeres, investidos de honorabilidad y prestigio social y cuyo trabajo se lleve a cabo con total independencia del gobierno”.
Además, la comisión “deberá rendir un informe de la situación de las personas sujetas a proceso por su participación en la defensa de derechos sociales”, se advierte en el Manifiesto.
El documento está dirigido al Ejecutivo federal, al Poder Judicial, al Congreso de la Unión, partidos políticos, cámaras empresariales y organizaciones de la sociedad civil.
“Son 10 propuestas sobre temas muy específicos que requieren de la adopción de medidas emergentes, porque en emergencia está el país, no pueden ser medidas que se platiquen para ver si en uno o dos años se adoptan, algunas son de inmediata adopción, otras son de procesamiento legislativo, otras son acciones de gobierno que deben tomarse desde el gobierno de la República, y esperamos la respuesta de los tres poderes del Estado y de los partidos y de las organizaciones empresariales”, indicó Navarrete.
Luego señaló que si obtienen una respuesta positiva, entrarán de inmediato en una discusión sobre el contenido de los temas y a la evaluación de otras propuestas.
También resaltó que deberá revisar el contenido del pacto que planteará Peña Nieto. Navarrete puso como ejemplo que en su Manifiesto los perredistas piden la formación de un “cuarto poder constitucional” con facultades plenas para enfrentar el tema de la corrupción, pues es un asunto que corroe a los gobiernos, lastima a la sociedad y genera indignación pública.
Asimismo, mencionó que impulsan este Manifiesto porque desconocen el contenido de la propuesta gubernamental, aun cuando se dice ésta se presentará el próximo jueves 27.
Ahora, “si el gobierno comparte esta preocupación y acepta dialogar y discutir estos puntos, lo haremos de manera pública, sin duda”.
En el Manifiesto de 10 medidas emergentes propuestas por el PRD se plantea que el gobierno federal y la PGR respondan de manera veraz y creíble a las familias de los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala y Cocula, Guerrero. Además, que el gobierno federal garantice la integridad personal de las familias de los normalistas y de los defensores civiles de derechos humanos.
Asimismo, que en Iguala y Cocula y en toda la región que comprende Guerrero, Estado de México y Michoacán, el gobierno federal realice una acción inmediata y extraordinaria contra las bandas de la delincuencia organizada.
“Aunque no son estas entidades las únicas en donde la delincuencia organizada actúa con impunidad, sí es en ellas en donde es urgente la intervención de las fuerzas públicas, en el marco de la legalidad constitucional”, indicó.
Navarrete sostuvo que el PRD, asumiendo su responsabilidad política, acudió a Iguala “al día siguiente de la toma de protesta de esta dirección nacional para reconocer nuestro error de postular a un candidato externo (el exalcalde José Luis Abarca) con vínculos criminales, para exigir que quien haya incurrido en responsabilidad fuese sancionado, y para pedir perdón a los familiares de las víctimas y a la sociedad, sabiendo que pedir perdón no basta, pero asumiendo que es condición ética indispensable”.
Luego pidió que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) proceda a crear de manera inmediata una visitaduría especial para que, en el caso de Iguala-Cocula, dé cauce a una exhaustiva investigación, presente en plazo breve un informe a la sociedad y señale las responsabilidades en que hayan incurrido funcionarios de los ámbitos municipal, estatal y federal. En este esfuerzo, acotó, “demandamos la coadyuvancia de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos”.
Navarrete también propuso crear el Tribunal Superior de Cuentas, como un “cuarto poder constitucional” con facultades para prevenir, auditar y, en su caso, sancionar a los servidores públicos, a los particulares, a los partidos políticos o sus integrantes que incurran en actos de corrupción.
Por su parte, Amalia García, secretaria de Comunicación Social del partido, destacó que las propuestas plasmadas en el Manifiesto fueron aprobadas por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), “tanto lo que tiene que ver con la creación de instituciones que hagan una investigación rigurosa, como en lo que se refiere a la protección, a los familiares de las víctimas y a los defensores de derechos humanos, como en las propuestas que tienen que ver con investigación y transparencia para enfrentar presuntos actos de corrupción o también aquellos actos en los que se presume conflicto de intereses”.
Sobre lo anterior, la exgobernadora de Zacatecas destacó la cancelación de la concesión del tren hacia Querétaro y el caso de la mansión en Lomas de Chapultepec, propiedad de Angélica Rivera, entre otros puntos.
