Pemex contrató cuatro universidades —IPN, ITSLV, UAS y UAT— para limpiar pantanos, aguas y suelos dañados con sus hidrocarburos. Los trabajos, de acuerdo con la ASF, nunca se concretaron, se hicieron sin autorización de la autoridad ambiental y, pese al cuantioso dispendio de dinero público, hoy la contaminación ambiental en localidades de Veracruz, Sinaloa y Tamaulipas continúa.
Pantanos de corrupción
Por Ana Lilia Pérez
(Newsweek)
Ubicado en Minatitlán, el pantano de Santa Alejandrina, es un área natural sumamente importante para el ecosistema de Veracruz, ya que regula los movimientos hidráulicos del río Coatzacoalcos, que es el principal afluente del sur veracruzano. Por años este pantano ha sufrido los estragos de la actividad petrolera en la aledaña refinería General Lázaro Cárdenas. Sus cuerpos de agua, flora y fauna fueron rehenes de más de 417,000 metros cúbicos de petróleo crudo intemperizado. Ello hasta que, en 2014, con bombos y platillos Pemex anunció su rescate. Este concluyó oficialmente en 2016, pero una auditoría a dichos trabajos determinó que la contaminación persiste.Los trabajos de saneamiento medioambiental del pantano, al igual que el de otras importantes zonas naturales dañadas por la actividad petrolera, los encargaron funcionarios de Pemex mediante sus socorridos convenios con instituciones educativas. Bajo esta modalidad —documentó Newsweek en Español en su pasada edición— funcionarios del gobierno federal están evadiendo los procesos legales para el manejo del dinero público, y transfieren cuantiosos recursos por supuestos trabajos contratados de manera directa, esquemas de contratación que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identifica como un foco rojo en el manejo del erario.
A través de la subsidiaria Pemex Refinación —hoy Pemex Transformación—, Petróleos Mexicanos hizo convenios con cuatro instituciones educativas para contratarles servicios medioambientales y de remediación sumamente especializados; ello en cuatro regiones diversas que ha contaminado:
Mediante el convenio PXR-SO-SCC-SASIPA-GPA-E-6-14, por 79 millones 978,600 pesos, al Instituto Politécnico Nacional (IPN) le encargó la remediación del pantano Santa Alejandrina, aledaño a la refinería Lázaro Cárdenas, en Minatitlán, Veracruz, así como la reforestación en la región, trabajos que debía realizar entre el 24 de febrero de 2014 y el 24 de agosto de 2016.
El convenio PXR-SO-SCC-SASIPA-GPA-A-2-14 lo firmó con la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) para que esta, por 319 millones 996,400 pesos, hiciera trabajos de remediación en el área natural de la refinería de Ciudad Madero, del 24 de enero de 2014 al 3 de febrero de 2015.
A la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), con el convenio PXR-SASIPA-GPA-UAS-01-2012, por 30 millones 234,600 pesos, se le contrató la remediación de suelo en la terminal de almacenamiento y reparto de refinados, ubicado en el puerto de Mazatlán, del 21 de enero de 2013 al 20 de enero de 2015.
Y al Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta (ITSLV), por 67 millones 753,100 pesos se le encargaron trabajos de remediación en la terminal de operación marítima y portuaria de Tuxpan, Veracruz, del 3 de marzo de 2014 al 18 de febrero de 2016, mediante el convenio PXR-OP-SCC-SASIPA-GPA-E-7-14.
Ninguna de las instituciones educativas contaba con las autorizaciones de las autoridades medioambientales para realizar trabajos de este tipo. Cuando las contrató, tampoco Pemex tenía las autorizaciones necesarias para este tipo de labores, de acuerdo con el informe de la ASF.
El argumento para contratarlas por adjudicación directa fue la experiencia de los planteles, sus recursos, capacidad técnica y financiera para cumplir cada obligación derivada del convenio, justificó Pemex ante los auditores.
Sin embargo, tras su auditoría el órgano máximo de fiscalización del país concluyó que “no se justificó la selección del IPN, del ITSLV, de la UAS y de la UAT” para que ejecutaran esos trabajos, “ya que el objeto social y las atribuciones de dichas instituciones de educación superior están orientadas a realizar investigación científica y tecnológica con vista al avance del conocimiento, al desarrollo de la enseñanza tecnológica y al mejor aprovechamiento social de los recursos naturales y materiales, no así al desarrollo de servicios de caracterización y remediación de suelos, agua y pantanos”.
Las instituciones educativas se contrataron para remediar las zonas contaminadas por Pemex en Veracruz, Sinaloa y Tamaulipas, pero ninguna de ellas contaba con autorizaciones de autoridades medioambientales. Por ello, la ASF observó a Pemex que, “antes de que se contraten trabajos para remediación de suelos y pantanos contaminados, las instituciones cuenten con la autorización de las autoridades medioambientales”.
Pemex no tenía tampoco las autorizaciones necesarias de las autoridades medioambientales, y fue hasta después de establecer los convenios con las universidades que se tramitaron las solicitudes. Así que primero se les contrató “sin contar con la autorización de las autoridades ambientales para efectuar trabajos de caracterización y remediación de suelos y pantanos contaminados; y sin tomar en consideración que el objeto social de dichos institutos educativos no es la ejecución de actividades específicas para el desarrollo de servicios de caracterización y remediación de suelos, agua y pantanos”, dice la ASF.
Al respecto, la misma auditoría solicitó a la Unidad de Responsabilidades en Pemex “que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, comience el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión contrataron y autorizaron al Instituto Politécnico Nacional, al Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta, a la Universidad Autónoma de Tamaulipas y a la Universidad Autónoma de Sinaloa para realizar acciones de remediación y caracterización de suelos contaminados antes de que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales emitiera la autorización correspondiente”.
También descubrió que las instituciones educativas incumplieron los plazos establecidos para los trabajos “sin causas fundadas”.
Al respecto, en su revisión física a cada área, los auditores concluyeron que Pemex “careció de los elementos de control y supervisión necesarios que permitieran garantizar que la ejecución de los trabajos se realizó en tiempo y forma a su entera satisfacción, en virtud de que no estableció las figuras análogas al finiquito y la bitácora de obra en las que se hicieran constar los ajustes, revisiones, modificaciones y reconocimientos que hubieren tenido lugar; los saldos a favor y en contra, así como los acuerdos, conciliaciones o transacciones que hubiesen pactado”.
Con la auditoría a estos convenios para trabajos medioambientales, como otros firmados con universidades de diversas entidades, la ASF observó de nuevo que Pemex “no cuenta con un lineamiento específico que regule la contratación de instituciones académicas educativas que le permitieran verificar y acreditar en las etapas de planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución y pago”.
Lo más grave es que, “debido a las características de cada uno de los sitios contaminados y a los descontroles operacionales de los centros de trabajo, en ninguno de los convenios específicos se cumplió el objeto contratado, puesto que aún persiste la contaminación por hidrocarburos en suelos, medios pantanosos o marismas, aguas subterráneas y superficiales como resultado de las acciones propias de la entidad fiscalizada que amenazan constantemente la integridad de los espacios tratados; además, no informó sobre las medidas que aplicará para atender y abatir la problemática histórica, estructural y crítica de contaminación ambiental existente en cada caso, ni de las acciones de prevención y preservación y conservación de los espacios remediados”.
La postura de los funcionarios de Pemex al respecto fue que sus contratistas sí cumplieron con los convenios, y se justificó diciendo que “debido a que la contaminación no es un proceso estático por las condiciones geológicas e hidrogeológicas de los sitios, así como las características del o los contaminantes, y el tiempo que transcurre desde la evaluación del sitio (caracterización), hasta el inicio de la remediación, las áreas y volúmenes pueden tener variaciones, que en su momento no permitan alcanzar la reducción o eliminación de la totalidad de los contaminantes”.
Sin embargo, la ASF dictaminó que “en ninguno de los convenios específicos se cumplió el objeto contratado, porque siguen los efectos negativos en el medio ambiente, al ser una actividad que se debe realizar a mediano y largo plazo”. Por lo que concluyó que Pemex “no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia”.
Las principales irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación en los convenios de Pemex con las universidades señaladas para los trabajos medioambientales son: deficiencias en la contratación por parte de Pemex, debilidades en el control y supervisión de los trabajos realizados, incumplimiento de la normatividad en material ambiental, falta de normatividad interna para la contratación de instituciones educativas, incumplimiento en metas y objetivos de los convenios específicos, y falta de justificación de precios y volúmenes de obra.
Así que, pese a los millones de pesos destinados a sanear suelos, mares y pantanos dañados por Pemex en localidades de Veracruz, Sinaloa y Tamaulipas, los estragos de la contaminación ambiental aún persisten.
