- El acuerdo por mil 588 mdd incluía arrendamiento y mantenimiento de trenes para el Metro
- Ante diputados, el secretario de Finanzas indica que el precio se estableció como cobertura para un proyecto de 15 años
- Advierte que no tienen recursos para las reparaciones de la línea 12
Enrique Méndez, Bertha T. Ramírez y Laura Gómez
La Jornada
El Gobierno del Distrito Federal (GDF) firmó en 2010, bajo el mandato de Marcelo Ebrard, con la firma española Constructora y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) un contrato de prestación de servicios a largo plazo por mil 588 millones 152 mil 500 dólares para el arrendamiento y mantenimiento de 30 trenes para el Metro, con un tipo de cambio de 16 pesos, (contra el entonces vigente de 12.64 pesos), informó el secretario de Finanzas, Édgar Amador.
Luego de comparecer ante la comisión especial de la Cámara de Diputados que investiga las irregularidades en la línea 12 del Metro, explicó que el precio fue establecido en la anterior administración capitalina como “una cobertura para un proyecto de 15 años y el tipo de cambio que aseguró fue de 16 pesos”.
Se trata, dijo, de “una práctica común cuando hay un riesgo cambiario; el contrato es en moneda extranjera y a largo plazo, es algo típico”.
Dijo que tres elementos constituyen el pago: uno base que ya fue liquidado, por 4 mil millones de pesos, a un tipo de cambio espot, porque se hizo en el momento. Otro, es una contraprestación fija a pagarse al final del contrato, con una vigencia de 15 años, y un tercero que es una contraprestación variable que se paga conforme se brinda el servicio a los trenes, afirmó el funcionario.
Gasto subsidiado
Édgar Amador reconoció ante los legisladores que el gobierno capitalino no cuenta con recursos para afrontar las reparaciones necesarias que permitan rehabilitar el tramo cerrado de la línea.
“Requerimos ajustes, que serán a otras partidas que subsidiarán este gasto”, indicó a los diputados federales, y agregó que el gobierno tiene hasta dos años para exigir al consorcio una fianza de cumplimiento, que equivale a 2 mil 200 millones de pesos, con la cual se cubrirán las reparaciones, pero en tanto, se requiere echar mano de recursos públicos.
Aunque estaba citado a comparecer en la comisión especial, el procurador capitalino Rodolfo Ríos Garza, no asistió y argumentó que no podía ofrecer a los diputados información sobre investigaciones ministeriales en curso.
Por su parte, el Consejero Jurídico del GDF, Ramón Amieva Gálvez, informó que la semana pasada el consorcio constructor, integrado por las empresas Ica, Alston y Carso, fue notificado del proceso de liquidación del Proyecto Metro.
Así como lo que deberá cubrir tanto por cantidades no ejercidas como por otros elementos que no atendió de manera adecuada durante la realización de la obra, sin embargo, el consorcio dijo “no estar de acuerdo con el contenido de esa liquidación”.
Entrevistado luego de comparecer ante la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa, precisó que la dependencia estará atenta al finiquito que emita el Proyecto Metro, a mediados de enero próximo, a fin de que si lo requiere, se incorpore a un proceso de cobro de garantía, como pudieran ser las fianzas.
Si las fianzas no son suficientes se buscaría la recuperación mediante alguna vía legal, dijo.
