Yadira Llaven Anzures
La Jornada
Pobladores de San Andrés Calpan y San Lucas Atzala, afectados por el gasoducto perteneciente al Proyecto Integral Morelos, desmintieron que hayan cedido la renta de sus tierras por 30 años a la Comisión Federal Electoral (CFE), como declaró hace unos días el edil Leonardo Lázaro Jiménez, por lo que exigieron al alcalde de extracción panista que mantenga su compromiso hecho con el pueblo de no liberar ningún permiso de cambio de uso de suelo ni de cualquier otro tipo para el paso del gasoducto por sus comunidades.
Aclararon que de los 20 propietarios afectados sólo uno cedió a la paraestatal la servidumbre de paso por su predio para la instalación de la obra, bajo presiones de las empresas y el comisariado ejidal Alfonso Castellanos Medina.
Externaron su preocupación, pues el alcalde Leonardo Lázaro dijo públicamente que se reunió dos veces con ejecutivos de la paraestatal, y que está a la espera de que la comunidad apruebe el proyecto del gasoducto por ser una obra de “beneficio social”.
A su favor, los campesinos presentaron imágenes y copias de los acuerdos firmados por regidores y el presidente de Calpan, en donde manifestaron que no pasará el gasoducto y que está pendiente una sesión extraordinaria de cabildo para oficializar la petición del pueblo ante el Congreso del estado y el titular del Poder Ejecutivo.
“Tenemos en nuestras manos todas las actas de los acuerdos que se han firmado durante las asambleas públicas, y en donde los habitantes de San Andrés Calpan y San Lucas Atzala hemos declarado abiertamente nuestro rotundo rechazo a la construcción del gasoducto por nuestras propiedades”, declararon.
Incluso agregaron que en dichas actas el mismo presidente municipal se comprometió a informar a la comunidad de las visitas que las dependencias involucradas e interesadas en el proyecto del gasoducto realicen a la localidad.
“En Calpan y Atzala ya decidimos que no queremos el gasoducto en nuestro terrenos, pues sólo traerá el despojo de las tierras y peligro real a los pueblos por la continua actividad del volcán Popocatépetl”, expusieron.
Los labriegos arguyeron que con este megaproyecto habrá devastación de la región no sólo ecológica, sino además se romperá el tejido social que los hace pueblos campesinos, productores de alimentos y generadores del sostenimiento de sus comunidades.
Por lo tanto, señalaron que se trata de un proyecto pensado para la gran industria y para el bien de unos cuantos inversionistas privados.
“Sabemos que el gasoducto pretende desarrollarse a unos cuantos metros de nuestros pueblos, de nuestros campos que sembramos y por donde viajamos diariamente, siendo un inminente peligro y amenaza para nuestras familias”, refirieron.
Finalmente, calificaron de mentiroso al presidente calpense por declarar falsedades a los medios de comunicación.
Recordaron al alcalde que él mismo se comprometió a convocar a todo el pueblo de San Andrés Calpan y San Lucas Atzala para llevar a cabo, el día 6 de junio pasado, una sesión extraordinaria de cabildo abierto, en donde se manifestaría por parte del pueblo y del ayuntamiento el rechazo al gasoducto.
Sin embargo, dijeron que el panista faltó a su palabra y no convocó a la citada asamblea, y en respuesta los habitantes de Calpan y Atzala levantaron un acta en donde manifestaron su rechazo al gasoducto.
En dicha reunión los regidores de Ecología, Lizeth de los Santos Mateo; de Obra Pública, Constantino Asomoza Espinoza; de Salud, Socorro Blanca Hernández; de Educación, Carolina Marcos Álvarez, y el síndico Héctor Medina Ramos también firmaron y manifestaron su rechazo a la construcción de la obra.
