César Arellano
La Jornada
En el país, el ciberacoso que se ejerce mediante llamadas telefónicas y redes sociales es grave; el poder financiero, por conducto de sus instituciones crediticias y bancarias, así como las corporaciones dominantes en Internet, lo ejecutan libremente.
Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, directora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sostuvo que es necesario frenar la concentración y explotación excesivas de los datos personales, que los monopolios en el país “venden al mejor postor” para beneficiarse con ganancias importantes.
Las reformas desreguladoras, financieras y en favor del llamado “libre comercio”, dijo, son generadoras de rentismo, corrupción y abuso de esa información.
“Es conocido que las instituciones financieras se adueñan de los datos personales y se genera una vigilancia privada y un control exagerado, por ejemplo, vía tarjetas de crédito, para saber dónde comes, cuánto ganas, cuánto pagas, adónde vas o de dónde vienes.”
La catedrática se pronunció contra la corrupción generada por los estados y las corporaciones, al no mantener en la privacidad las bases de datos personales.
El problema en México, señaló, es que si bien se han dado avances legislativos en la materia, sobre todo por la ratificación de acuerdos internacionales, éstos no son suficientes y están fragmentados. Incluso, la línea entre el gobierno y la empresa privada se ha borrado poco a poco y eso afecta la rendición de cuentas.
Por ello Sandoval Ballesteros consideró que se deben formular estrategias públicas anticorrupción, que permitan que la economía y la política actúen de manera conjunta para incrementar la transparencia y rendición de cuentas, y erradicar los incentivos que conduzcan a actuar de manera ilegal.
