Gloria Leticia Díaz
Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- Con un reporte de más de 22 mil desaparecidos, el gobierno de Enrique Peña Nieto se concentró en la distribución de volantes como mecanismo de búsqueda en apoyo a menos de mil familiares de “personas extraviadas, sustraídas o ausentes”.
De acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno de Peña Nieto, en su apartado titulado “Abatir la impunidad”, entre las acciones de “asistencia y representación eficaz a las víctimas del delito con perspectiva de derechos humanos”, llevadas a cabo entre el 1 de septiembre del año pasado y el 31 de julio anterior, “se atendió a 931 familiares de personas extraviadas, sustraídas o ausentes, a quienes se apoyó mediante la difusión de células de identificación en todo el país, las cuales cuentan con los datos personales, media filiación y fotografía que permite su identificación”.
En relación con la atención de casos de desapariciones, el informe entregado por Peña Nieto a través de su secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, refiere a la adquisición de “equipo automatizado con tecnología de punta para el laboratorio de genética forense” con capacidad para de realizar análisis de 49 muestras de ADN simultáneamente.
También se destaca una inversión de 290 millones de pesos para la modernización del laboratorio central y los estatales de Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Sonora, así como la dotación de 95 laboratorios móviles “acondicionados con equipo básico e indispensable para las especialidades en criminalística de campo, delitos ambientales, fosas y laboratorios clandestinos”.
Según el reporte, por medio de acuerdos con las procuradurías y fiscalías de las 32 entidades del país se estableció el Sistema Codis (Combined DNA Index System), por el que se cuenta con 16 mil 317 perfiles genéticos, lo que “permite efectuar las confrontas para consulta y búsqueda de elementos para la identificación de personas en calidad de desaparecidas”.
Entre otras acciones para “víctimas directas e indirectas de casos de personas desaparecidas”, en el documento se asegura haber brindado 19 mil 633 atenciones en materia jurídica y psicológica, aparte de que se canalizó a los afectados a las instituciones correspondientes, con el fin de restituir el ejercicio de los derechos vulnerados”.
Asimismo, se destaca la realización de 18 mil 577 acciones, entre ellas “revisiones de averiguaciones previas, elaboración de solicitudes de información y reportes de seguimiento”.
Después de destacar los convenios de la Procuraduría General de la República (PGR) con el Equipo Argentino de Antropología Forense y organizaciones de madres de migrantes centroamericanos, para la identificación de restos localizados en Tamaulipas y Nuevo León, así como de un convenio con la Cruz Roja, en el informe se menciona la creación de la Red Nacional de Procuración de Justicia para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, compuesta por 160 servidores públicos.
Mientras, la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas intensificó sus convenios de colaboración con las entidades federativas, en particular con Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Veracruz.
Además, en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia “se acordó consolidar un sistema informático único para la búsqueda de personas” que comenzará a operar hasta 2015.
En materia de derechos humanos, el informe entregado por Peña Nieto a la Cámara de Diputados refiere que la estrategia central se encuentra en el Plan Nacional de Derechos Humanos 2014-2018, que se desarrolla con base en cursos de capacitación y sensibilización a 5 mil 602 servidores públicos, la realización de foros, publicación de materiales especializados, así como la instalación del Consejo Ciudadano para la Implementación de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos, y la creación de una Red Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil para la difusión de la respectiva reforma.
De acuerdo con el gobierno federal, la puesta en práctica del “Manual del uso de la fuerza de aplicación común a las tres Fuerzas Armadas”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2014, se tradujo en “la disminución de quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra el gabinete de seguridad”.
Con base en cifras de la CNDH, las recomendaciones emitidas al gabinete de seguridad (Sedena, Marina, PGR y Comisión Nacional de Seguridad), en el periodo de enero a julio de 2014, sumaron siete, “cifra que significa una disminución de 50% en comparación con el mismo periodo de 2013 (14 recomendaciones) y 41.6% en relación con el periodo 2012 (12 recomendaciones)”.
En el lapso de septiembre de 2013 a julio de 2014, se indica, la CNDH emitió 84 recomendaciones, de las que 43 se dirigieron a autoridades de dependencias federales, 34 a autoridades de entidades federativas y en siete casos, a ambas.
También se resalta que hubo una disminución de 7.4% entre los registros de involucramiento de dependencias federales de seguridad en recomendaciones con respecto al año anterior, cuando se emitieron 43 para dependencias federales, 26 para autoridades locales y 11 en donde hubo indicios de abusos cometidos por funcionarios federales y estatales.
El informe de gobierno refiere que los derechos más vulnerados son a la seguridad jurídica, la legalidad y la atención médica adecuada, en tanto que las dependencias federales más señaladas son el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad.
En cuanto al cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), el documento asegura que de “un total de 75 reparaciones, cerca de 22.6% se encuentran en cumplimiento total; en 36% está pendiente de que la CoIDH se pronuncie sobre su cumplimiento, y respecto de 41.3% se están realizando las acciones correspondientes para lograr su cumplimiento”.
En cuanto al funcionamiento del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derecho Humanos y Periodistas, el segundo informe asegura que se atendió el 100% de la solicitudes e incorporación recibidas, que fueron 99, siendo 28 defensores y 71 periodistas.
Del total, 58 se tramitaron por procedimiento ordinario y 11 por extraordinario, en tanto que 30 casos incumplieron con los requisitos de incorporación, además de que se aplicaron 281 medidas de protección acordadas por la Junta de Gobierno a favor de comunicadores y activistas incorporados al Mecanismo, aparte de que se firmaron convenios de colaboración con las 32 entidades federativas.
