Ana Langner
El Economista
Las leyes energéticas aprobadas en el Senado y que se discuten en la Cámara de Diputados atentan contra el medio ambiente y la población, pues se privilegia la exploración y extracción de hidrocarburos por encima, incluso, de zonas de conservación y derechos de las personas que trabajan en el cuidado de la tierra, alerta la Alianza Mexicana contra el Fracking.
En conferencia de prensa, integrantes de esta asociación compuesta por un contingente de organizaciones civiles dedicadas al medio ambiente, advirtieron que el método de fractura hidráulica, o fracking, para la extracción de gas shale, es altamente contaminante, ya que en su proceso se emplea mucha agua, energía, químicos dañinos y existe un sinnúmero de fugas de gas metano.
De acuerdo con Francisco Cravioto, de Fundar Centro de Análisis e Investigación, hasta abril del 2014, Petróleos Mexicanos operaba 20 pozos para extraer gas natural, con una inversión de 30,000 millones de pesos. Con la aprobación de las leyes secundarias.
Asimismo, la Alianza detalla que las tasas de vida útil de los pozos explotados mediante fracking pueden alcanzar entre 81 y 90% en sólo dos años de operación. Ello significa que serán abandonados en un corto plazo y que, para mantener la producción, las empresas deberán moverse de una zona a otra para perforar nuevos yacimientos.
En este sentido, al establecer que la exploración y extracción de estos recursos fósiles sobre cualquier otro uso del territorio en la Ley de Hidrocarburos, quedarán indefensos los dueños de los terrenos, ya que el Estado estaría facultado a rentar sus tierras a las petroleras bajo figuras conocidas como “servidumbre legal, ocupación y afectación superficial” y al momento de ser regresadas a sus propietarios, serían tierras contaminadas sin posibilidad de volver a ser empleadas.
Asimismo, expuso, la Ley de la Industria Eléctrica es un retroceso, porque promueve que la fracturación hidráulica, la energía nuclear y las grandes hidroeléctricas sean consideradas “energías limpias”. Esto convendría a los intereses empresariales, pero iría en contra de la población y el medio ambiente del país.
A su vez, Sinaí Guevara, de Greenpeace México, explicó que si el Congreso aprueba la legislación tal como lo están discutiendo ahora; las 176 áreas naturales protegidas (ANP) quedarían expuestas a daños en los procesos de la industria energética, por ejemplo en los planes de transporte de combustibles, construcción de ductos y tendido eléctrico.
Sinaí Guevara expresó que el discurso gubernamental en tono a que el gas shale es un combustible limpio es falso, pues si bien se emiten menos gases contaminantes al consumirlo, en el proceso de obtención existen fugas de gas metano, uno de los que contribuye al calentamiento global.
Claudia Campero, de Food & Water Watch y de Blue Planet Project, lamentó que la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos se convierta en juez y parte en la regulación, sanción, evaluación y autorización ambientales.
Ante este panorama, la Alianza Contra el Fracking ha logrado reunir 14,000 firmas para demandar a los diputados la prohibición de la fractura hidráulica y que se elaboren las modificaciones pertinentes para garantizar que leyes energéticas no pongan en riesgo los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental.
