Marcela Turati
Proceso
IGUALA, Gro. (proceso.com.mx).- Si los restos encontrados en las fosas no son de los 43 estudiantes, ¿de quiénes son? La pregunta atizó el corazón arrasado, vuelto carbón, triturado en pedacitos, de decenas de familias que se amarraron el miedo para plantearla en voz alta en la iglesia de San Gerardo María Mayela. En cuanto se encontraron unos con otros y se palparon los mismos daños, se reconocieron los mismos síntomas de los muertos en vida, soltaron un llanto cavernoso, añejo por el tiempo almacenado, que se convirtió en sonido de fondo de la reunión.
Eran más de 70 personas –mujeres, casi todas: madres, esposas, hermanas, hijas– que acudieron a la convocatoria publicada en un periódico para que todas las personas que tuvieran a un familiar desaparecido en la zona del hallazgo de las últimas fosas, registraran a su ausente y se tomaran muestras de ADN. También se discutiría si saldrían a excavar fosas comunes con sus propias manos para identificar a los suyos, ya que las autoridades no han querido hacerlo.
“Todos tenemos aquí el corazón roto”, dijo el taxista Félix Pita (sollozos era el sonido de fondo). “Todos tenemos un familiar desaparecido, asesinado. ¿Cuánto diera por saber que al menos en esas fosas se encuentra los restos de mi hijo… pero ni eso sé”. Su muchachito Lenin Vladirmir Pita fue desaparecido por el 27vo Batallón de Infantería el 1 de marzo de 2010; tenía 17 años.
Uno a uno, los testimonios se sucedieron como en un coro griego que esboza la dimensión de la tragedia humanitaria. El otro drama descubierto por Ayotzinapa.
“…..A mi hermano lo levantaron, lo secuestraron en Arcelia, era taxista, llevaba a un enfermo…. A mi hijo lo levantaron en la puerta de mi casa, quise detenerlos y me dijeron: quítese vieja hija de la chingada, y me quebró mi costilla, sé quienes fueron…. Vivo con el miedo, no abro la puerta por temor de que me amenacen… Mi hermano desapareció en 2010, yo alcancé a ver cómo se lo llevaban y él gritaba ‘mami, ayúdeme’, acababa de regresar de Estados Unidos… Puse la denuncia y en el MP me dijeron que no siga molestando…. A mi hermano lo sacaron 4 hombres de su oficina, nadien hizo nada… A mi hermana se la llevaron en el convoy que se llevó a más de 30 gentes en Cocula, nadie dijo nada, yo quiero saber si ella come, si duerme, si vive… … Mi mamá fue a tomarse el ADN y le dijeron que ya no volviera, ¿por qué si no se llevaron a un animalito? Si era mi hermano…. Me dijeron que su seguía buscando iba a aparecer muerto… A mi hija se la llevó un ex comandante de la Policía Investigadora Municipal, también a mi nieta… Los policías se dedicaban a estafar, a desaparecer… desaparecer…”
Ayotzinapa fue la excusa, se lo recriminaban. La tortura de ver por las noticias que el gobierno se enfoca únicamente a buscar a los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural, y a pesar de que encuentra y encuentra restos –oficialmente rescataron 39 cuerpos en las fosas del Pueblo Viejo y en Lomas de El Zapatero–, como no son los muchachos buscados pareciera que no les importa identificar a esos otros muertos sin nombre.
“No son 43, son miles los afectados. Por los 43 se están abriendo brechas para saber si están vivos o fallecieron, para que puedan poner una flor, una vela, tener un camposanto dónde darles sepultura”, dijo un ranchero al que se le traslucía el alma rota.
“No son sólo 43, nosotros somos los casos aislados de lo mismo”, afirmó una joven. “Tanto tiempo y no se hizo nada, hasta ahora que tenía que pasar lo de Ayotzinapa”, reclamó otra mujer. “Que tenga que pasar esa tragedia de Ayotzinapa para que se sepa la realidad de Iguala. No nomás ellos se fueron, somos muchos”, dijo alguien más.
“¿Qué pasa? Hay reportes de la UPOEG de que hay huesos, hay más fosas, ¿cuál es el modo a seguir para ver de quién es cada hueso?”
El sacerdote Óscar Mauricio Prudenciano González explicó que la convocatoria surgió a partir de que los líderes de la policía comunitaria de la UPOEG, organización que se ha dedicado a buscar a los normalistas, denunció que el gobierno no lo ha acompañado a destapar todas las fosas que ha encontrado, noticia que angustió a igualtecos que temen que sus familiares pueden estar enterrados en esos hoyos. A ellos se les sumó la nueva organización Governanza Forense, que intenta crear un banco de datos genéticos.
“Entendemos que autoridades no permiten que se realicen las investigaciones. La gente quiere excavar, sacar restos sin pedir permiso o autorización porque no les dan. Están preguntando si vamos nosotros mismos a excavar porque son alrededor de 20 fosas que no les permitieron destapar”, explicó así el sacerdote la gravedad del asunto.
Lanzada la convocatoria, comenzaron a llegar personas que, con las fotos de sus seres queridos en mano, gritaban “presente” a nombre de sus ausentes, a quienes el gobierno de la modernización y las reformas quiso esconder debajo de la alfombra, como polvo; un polvo incómodo, rebelde, que pica en las narices, que causa comezón, que hace estornudar, que se escapa por las grietas que se le abren al silencio.
Los 43, que no son fáciles de ocultar, ayudaron a que se asomaran estos otros –“los casos aislados” – que se rebelan a que su destino sea pasar la eternidad en el frío eterno, perdidos de los suyos, lejos de casa.
“Los casos aislados”, como dijo alguien aquí, que no son los 43, pero de uno en uno son más de 22 mil personas. Como diría alguien por la radio: Cómo es posible que el gobierno mexicano lleva la cuenta de cada litro de gasolina que exporta al día, pero no la de las personas que desaparecen, día a día, en una sangría infinita.
Ese martes el dolor por la ausencia fue más grande que el miedo. Los otros desaparecidos salieron a la luz, aunque sus familiares aparecieron temerosos porque saben que suplicar por la vida de los suyos puede costarles la muerte.
“Todos tenemos miedo, yo estoy hasta temblando de miedo –confesó una mujer– A mi hijo lo levantaron el 4 de mayo de 2010, ya son cuatro años 4 meses y no sabemos nada”.
Continuaban los testimonios de los muertos en vida. De tan asustados, ninguno mencionó en voz alta el nombre de su ausente-presente.
“Todos tenemos un familiar perdido: yo a mis dos hijos, fue el 30 de agosto de 2008, ya son muchos años de incertidumbre, de morir poquito a poquito, estamos aprovechando que levantó polvo lo de Iguala porque antes a quién íbamos a recurrir, si al gobierno no le importamos”.
“Felicito a todos por romper el miedo”, dijo alguien más, y los llantos de todos se soltaron, ya correteaban por el salón.
Otros se quebraron del puro abrir la boca. Como la mujer que alcanzó a decir: “Quiero dar a conocer mi caso”. El llanto-frío-caverna se tragó lo que intentaba decir sobre su hijo, la orfandad sin él, los 50 pesos que no tuvo para poner saldo al teléfono de los supuestos secuestradores.
Algunos de los que llegaron hasta ese lugar eran sobrevivientes de la tortura permanente a la que son sometidos. Como les ocurrió con el hallazgo de las fosas de Taxco, donde el gobierno recuperó 55 cadáveres y mostró a los familiares que pedían informes un video donde mostraba la pornografía del horror de los cuerpos destrozados. Un video que se sumó a sus pesadillas.
Todos los muertos vivos eran sobrevivientes de los policías municipales o soldados o sicarios –en estos lugares actúan igual– que se llevaron a los suyos, de los ministerios públicos negligentes que ni siquiera quisieron abrir un expediente, de los funcionarios que les sacaron tres veces muestras de ADN que nunca procesaron o que dejaron pudrir, de los legisladores que no quisieron aprobar la ley contra las desapariciones de personas, del gobernador que nunca quiso recibirlos.
Una señora a la que sólo se le ve la espalda y un bebé que parece desmayado por el calor, dijo: “Hace mucho tiempo que descubrieron las fosas de Taxco, fueron tal la cantidad de cuerpos que encontraron que ya no siguieron sacando. No sé si ahora exista esa posibilidad”.
La reunión sirvió también para armar entre todos las piezas de la geografía del horror.
Las sospechas del destino que podrían haber tenido los ausentes, que dio suerte a todo tipo de relatos fantásticos que pudieran ser verdaderos.
“Se lo llevaron a pueblos refundidos, a una sierra, donde es difícil que entremos. Hemos recabado nuestros datos”. “Los matan, los queman en barrancas, los dejan hechos ceniza. ¿Cómo vamos a saber dónde? Me pidieron rescate, lo di y jamás me lo entregaron”. “¿De qué manera vamos a saber si está muerta o viva?”. “Meten el cuerpo en el cemento”. “No sólo busquen a los 43 que los hagan hablar por todos los que estamos aquí y los que faltan, que los busquen en fosas, también en casas que obliguen a los delincuentes a decir”.
La angustia. El buche lleno de piedras. El corazón ceniza. El lloradero generalizado. No faltó quién remató su testimonio con alguna frase como de sentencia de muerte, como lo que dijo una joven: “Tenemos mucho miedo, la verdad, mi padre no quiso venir pero yo ya estoy aquí y no puedo echarme atrás, no me importa lo que me hagan”.
La chilladera comenzó desde que llegaron y se vieron las caras, desde que reconocieron su dolor en otros, desde que escucharon los agravios que guardaban en silencio dichos por los otros. Y continuó cuando les dieron a llenar unos formatos para que describieran sus casos.
La reunión la encabezaba la señora Julia Alonso, mujer guerrerense que en 2012 encabezó una huelga de hambre afuera de la PGR para obligarla a buscar a su hijo Julio, antes de que se fuera Felipe Calderón. En 2013, ya con Enrique Peña Nieto en el gobierno, puso un plantón en Bucareli para forzar que buscaran en los alrededores de la presa de Santiago, en Nuevo León. Y sigue sin resultados.
Ella explicó la intención de crear un nuevo banco de datos, con la Universidad de Durkham, a través de la organización creada hace mes y medio, Governanza Forense, para tener sus propias muestras genéticas y cotejarlas con los restos que los ciudadanos vayan encontrando.
Cuando se le preguntó si tenían autorización para testear esas muestras contra los restos de Iguala y Cocula respondió que aún no. “Es el primer paso. Ya tuvimos una plática con la maestra Lía Limón (subsecretaria de Derechos Humanos de Gobernación), le dijimos del proyecto, le estamos pidiendo que colabore para saber de quién son los restos y tener la certeza si son de alguien. Que no nos quedemos con la duda”, dijo.
Por teléfono, el doctor Ernesto Schwartz-Marín, creador de la iniciativa que –remarcó– es ciudadana, dijo que aun cuando esas muestras no se puedan contrastar contra los restos por lo pronto sí se podrá cuando encuentren a alguien con vida, en casas de seguridad u hospitales. Y confirmó que están en pláticas con Lía Limón y con el integrante de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Julio Hernández.
Cuando se le preguntó a Alonso si no causará una nueva decepción a las familias esa toma de muestras que no podrán ser contrastada con los cuerpos, ella explicó la motivación: “Nosotros estamos haciendo nuestra base genética resguardada en Inglaterra. Si hay 100 fosas que encontraron los de la UPOEG vamos todos con nuestras pruebas que se llevan a nuestros laboratorios y la PGR se lleva a sus laboratorios, porque el gobierno recurre a los argentinos cuando le da la gana, porque los argentinos cobran, el gobierno tiene que pagarles, y acá son gratis, ya están pagados”. Destacó, también, la importancia de que los ciudadanos se apropien del proceso de identificación genética que las autoridades les han negado.
“El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que por su prestigio internacional fue autorizado por las familias de los normalistas para verificar los resultados entregados por la PGR, en varias ocasiones ha dejado claro que no recibe dinero del gobierno mexicano”.
Mientras tanto, en el salón los testimonios seguían. Las manos no se cansaban de sostener en alto la fotografía de los que faltan.
Esta nota podría extenderse hasta ocupar una enciclopedia repleta de testimonios, de dolencias, de agravios y de muestras de amor, sólo con lo dicho en esa reunión, a la que se le pueden sumar tomos (más de 22 mil y los que se van sumando cada día). Esta sólo es una muestra del otro drama de Ayotzinapa.
