Verónica Espinosa
Proceso
ZACATECAS, Zac. (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se tardó cuatro años para emitir la recomendación 42/2014 al gobierno de Zacatecas por la desaparición de ocho cazadores leoneses en la entidad.
Tras concluir que éstos fueron víctimas de desaparición forzada a manos de policías de varios municipios, la Comisión informó que denunciará penalmente a los uniformados para que sean procesados.
Dirigida al gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, y al ayuntamiento de El Plateado de Joaquín Amaro, la recomendación de la CNDH establece que, además de la participación del entonces director de la Policía del municipio y otros preventivos de esa corporación, en la desaparición forzada intervinieron policías de los municipios vecinos: Tabasco, Momax y Tlaltenango, contra quienes no se ha ejercitado acción penal.
Según la recomendación, a principios de diciembre de 2010, un grupo de 10 leoneses dedicados al comercio viajaban hacia un rancho del sur de Zacatecas para practicar la cacería cinegética. Sin embargo, en el camino fueron interceptados por policías preventivos en el municipio de El Plateado de Joaquín Amaro, quienes los entregaron a un grupo del crimen organizado cerca de la capital zacatecana.
Dos integrantes del grupo –un guía y un menor de edad– sobrevivieron al secuestro. El resto no fue localizado, aunque la Procuraduría de Justicia del estado informó que un peritaje identificó los huesos de uno de los cazadores dentro de una fosa de restos humanos incinerados cerca de la capital.
La emisión de la recomendación 42/2014 responde a la atracción de la queja iniciada en la Comisión de Derechos Humanos del estado y a una queja oficiosa iniciada después de las notas periodísticas publicadas tras la desaparición. También contó una tercera iniciada por los familiares de las víctimas, a través el Centro de Derechos Humanos “Victoria Díez”, organización civil guanajuatense.
En el documento, la CNDH recomienda al gobernador Alonso Reyes continuar con las indagatorias y proceder contra los otros policías involucrados y los presuntos integrantes del crimen organizado que se llevaron a los cazadores. A la fecha, sólo se consignó al entonces director de la policía de Joaquín Amaro y a cuatro preventivos del municipio.
Además, pide “instrumentar medidas eficaces de búsqueda y localización” de los desaparecidos “o de sus restos mortales”. También señala la aplicación de procedimientos administrativos contra agentes del Ministerio Público Especial de Homicidios Dolosos, Secuestro y Asociación Delictuosa de la Procuraduría que negaron información a los familiares de los desaparecidos y que además, no han practicado hasta la fecha las diligencias necesarias para investigar a los policías preventivos de Tabasco, Tlaltenango y Momax.
La CNDH asegura que “se contó con elementos que permitieron acreditar la desaparición forzada de las víctimas… y transgresiones en materia de procuración de justicia y atención a víctimas”, con base en el expediente CNDH/1/2011/392/Q, que integró toda la información solicitada y entregada por las autoridades involucradas.
Así, debido a que ni los policías de Joaquín Amaro detenidos y procesados ni los agentes de las otras corporaciones municipales señalados como partícipes en estas desapariciones han sido denunciados penalmente por la desaparición forzada, la CNDH procederá a ello y dará seguimiento a las investigaciones.
De hecho, fue por una indagatoria efectuada por la Comisión que los dos sobrevivientes lograron identificar a policías de Tlaltenango, Momax y Tabasco que intervinieron en el delito, pues esta diligencia no se hizo como parte de la investigación de la PGJE de Zacatecas, señala el expediente de la recomendación.
A partir de que los policías de Joaquín Amaro fueron detenidos por la PGJE una semana después de la desaparición de los cazadores leoneses, en su declaración afirmaron que desde que asumieron el cargo, recibieron amenazas telefónicas de grupos del crimen organizado “para que se alinearan”.
Dijeron que el día en que los cazadores llegaron a Joaquín Amaro, dichos grupos (Los Zetas) les llamaron para interceptarlos y verificar el motivo de su presencia en la región. Posteriormente, les ordenaron que retuvieran y trasladaran a la capital del estado.
Sin embargo, en las inmediaciones de Zacatecas fueron interceptados por un comando de hombres encapuchados que se llevaron a las víctimas y las armas; entonces, los preventivos regresaron a su municipio.
El 13 de diciembre, elementos del Batallón de Infantería entregaron la camioneta en que viajaban las víctimas con algunos objetos en su interior. A fines de marzo del 2011, personal militar encontró más objetos propiedad de las víctimas en el municipio de Tabasco.
En septiembre de ese año, el procurador Arturo Nahle informó que estudios de genética aplicados a huesos humanos encontrados en el predio Las Negritas, municipio de Calera, correspondían a uno de los cazadores desaparecidos. No obstante, la CNDH señaló en la recomendación que el informe pericial de esta identificación por parte de la PGJE está fechado en octubre del 2011.
