Evlyn Cervantes
Reforma (Foto: Cortesía AM de León / Reforma)
San Francisco del Rincón, Guanajuato (28 julio 2014).- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) encendió las alarmas.
Durante dos décadas y bajo el amparo de la Secretaría de Medio Ambiente, la empresa Química Central de México acumuló más de 300 mil toneladas de residuos peligrosos con cromo hexavalente.
El problema es que este material tóxico, que puede ser cancerígeno, permanece al aire libre al interior de sus instalaciones.
Arturo Rodríguez, subprocurador de Inspección Industrial de la Profepa, alertó que la actual temporada de lluvias puede generar una emergencia ambiental en la empresa, pues las lagunas de lixiviación están en riesgo de desbordarse y el viento puede ocasionar la dispersión del cromo.
«Como la planta está parada, las lagunas van acumulando un volumen cada vez mayor y va a llegar un momento en el cual esos lixiviados van a tener que ser tratados para evitar que se desborde la laguna y pueda contaminar el suelo», advirtió.
Fichas técnicas de la dependencia federal señalan que, en 1999, 2000 y 2009, se otorgaron permisos a la empresa para operar su propia planta de estabilización y reciclado de desechos tóxicos -entre ellos cromo hexavalante y trivalente- al interior de la propiedad, a cargo de la compañía Arges Ambiental.
No obstante, el pasado 4 de junio, la Profepa suspendió de forma temporal todo el proceso productivo de la fabrica de químicos, principalmente para la curtiduría, por considerar que se almacenaron durante años residuos peligrosos sin las condiciones de seguridad necesarias.
Además, emplazó a la empresa a retirar en 45 días los desechos apilados sobre lagunas de lixiviados, como condición para permitir el reinicio de operaciones.
Dicho plazo se cumple el próximo 8 de agosto.
Según la empresa química, diversos estudios técnicos confirman que los residuos no representan daños a la salud, pues desde 1996 se dejó de producir cromo 6.
El aval
De acuerdo con una ficha informativa de la Semarnat, la dependencia reconoce que en diciembre de 1999, a través de la Dirección General de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental, se autorizó a la empresa Arges Ambiental de México el proyecto que presentó para operar una planta de tratamiento.
«El 31 de marzo del 2000, la entonces Dirección General de Materiales y Actividades Riesgosas, otorgó a la empresa autorización para el tratamiento de residuos que contienen cromo hexavalente con una capacidad de tratamiento anual de 300,000 ton, con vigencia de un año. Esta autorización no fue renovada por la empresa», se indicó en el documento.
En octubre de 2008, añadió, la compañía volvió a solicitar el permiso, el cual fue avalado en abril de 2009.
El 23 de abril de 2013, cuando la empresa solicitó hacer una modificación a la autorización por instrucción de Profepa, la Semarnat le pidió presentar una propuesta de protocolo para evaluar su solicitud de modificación.
Pero el 4 de junio de 2014, la Profepa clausuró la operación de la empresa.
En un comunicado de prensa, reveló que Arges Ambiental enfrentaba una suspensión de actividades desde julio de 2013 por exceder los límites permitidos en la NOM 052 sobre el manejo de residuos peligrosos.
Además informó que se encontraron dos pasivos ambientales: 300 mil toneladas de desechos tóxicos ubicados al interior de la empresa y 40 mil toneladas que ilegalmente fueron enterradas en derecho de vía de ferrocarriles, a 1.5 kilómetros de la planta.
Señalan incongruencia
Para Química Central, existe una incongruencia entre la Secretaría de Medio Ambiente y la Profepa sobre el manejo de los residuos acumulados de cromo.
En entrevista, Alfredo Cuevas Orozco, representante legal de la empresa, señaló que las propias autoridades ambientales validaron el proyecto que la compañía presentó en 1996 para acumular los residuos sobre una plancha que conduce a canales de lixiviación.
«Les presentamos el proyecto de hacer ese montículo en una base. Esto está aprobado por ellos».
Refirió que en 2009 obtuvo el último permiso de la Semarnat para operar la planta de tratamiento por un plazo de 10 años. Desde esa fecha fueron recicladas 104 mil toneladas.
Pero en julio de 2013, indicó, la Profepa suspendió la planta.
El argumento fue que, al modificarse en 2005 la Norma Oficial Mexicana 052 para incluir como residuo peligroso también el cromo 3, las toneladas procesadas ya no cumplían con los parámetros establecidos y que el tratamiento de la planta era ineficiente.
«Nosotros les decimos: ‘pero si tú me validaste mi permiso en 2009 y nunca me hablaste de eso’. Ahí está la incongruencia.
«Y me dicen: ‘¿Sabes qué? Te voy a suspender tu planta de tratamiento (de residuos) y pídele a Semarnat que revise tu autorización, porque ellos se equivocaron'», expuso.
En diciembre pasado, la empresa solicitó la modificación de la autorización, pero el trámite aún se encuentra en revisión por el área técnica, según la ficha informativa de la Semarnat.
Por otra parte, Cuevas Orozco consideró que en 45 días no se podrá cumplir con 6 de las 14 observaciones que realizó la Profepa como condición para retirar la clausura.
Por ejemplo, manifestó, aunque ya se realiza la confinación de residuos industriales así como la caracterización de lodos, el proceso no concluirá en el plazo establecido.
Asimismo, dijo, por el momento no se puede presentar un programa de remediación de los suelos donde ubican lodos, residuos industriales y mineral de cromita, porque primero se requiere concluir el confinamiento.
Huele a azufre… y a despidos
Sobre la carretera que limita con León y a 5 kilómetros de la entrada principal de San Francisco del Rincón, Guanajuato, se observa a lo lejos montañas de tierra negra.
Pero en realidad son toneladas de residuos de cromo que están al aire libre en los patios traseros de la empresa Química Central de México.
En la puerta de la empresa, dos empleados dan la bienvenida. Uno de ellos es el leonés Arturo Rodríguez Castro, quien tiene 21 años trabajando en la fábrica de químicos.
La incertidumbre, confiesa, está latente desde hace más de un mes, pero no por las «montañas» de residuos donde varias veces jugó futbol con sus compañeros, sino porque teme una liquidación laboral tras la clausura que aplicó Profepa a la empresa en junio pasado.
«No se por qué fue lo de la clausura. Dicen que por la montaña, pero siempre se ha trabajado cerca de ahí. Yo estoy bastante sano y uno se preocupa porque no sabemos cuándo ni con cuánto nos van a liquidar».
Al cruzar la puerta de acceso a las instalaciones de Química Central, no hay malos olores pero el silencio se impone. Los propietarios de la empresa prefieren no hablar, cada uno está en su oficina revisando papeles o llamando por teléfono. Alfredo Cuevas Orozco, su representante legal, atiende la entrevista y cuando se le pregunta sobre la contaminación que generan los residuos acumulados, explica:
«Sí espanta porque el residuo es vistoso y dices: ¡Híjole todo eso es residuo peligroso! Sí, sí lo es. Pero cuando comprendes que de todo eso sólo el uno por ciento tiene cromo 6, sabes que no hay alarma. Y no lo decimos nosotros, lo dice la UNAM en un estudio que hizo en 2006», justifica.
En los 45 años que lleva operando Química Central, sostiene, no existe ningún caso documentado de daño a la salud o de contaminación, tan es así que la empresa cuenta con la Licencia Sanitaria 03-FQBI-II-031 y la Licencia Ambiental Única: 11-04/03-101-05.
Un aroma fétido se cuela en la entrevista desde la ventana. Para seguirlo es necesario salir de las instalaciones y llegar a Wyny, una tenería que se encuentra a un kilómetro de Química Central, también a la orilla de la carretera.
María del Carmen Rangel, delegada de la comunidad Puerta del Cerro que pertenece a León, asegura que el olor es por los desechos de cueros.
«Huele a azufre y cuando hay aire todo el olor corre para acá. Aquí viene una pipa tres veces al día y sube a tirar todos los desechos de los cueros y la curtiduría», cuenta al llegar al predio ubicado en calle Puerta del Nogal sin número.
El terreno está cercado con malla metálica pero el olor es penetrante, cala en la nariz y en segundos provoca una sensación de vómito. No hay infraestructura de tratamiento pero sí un gran hoyo en la tierra.
Maribel Armenta, vecina del lugar, muestra una carta que Pascual Pérez, su esposo, envió al Ayuntamiento de León para pedir su intervención, pero el 21 de mayo recibió como respuesta que su queja se canalizó a la Procuraduría Ambiental del Ordenamiento Territorial del Estado.
«A todas horas es el olor. Ese terreno era un bordo que deshicieron para venir a traer los desperdicios. No podemos tener ni las ventanas abiertas», dice Luciana Arrona quien junto con su hermana viven enfrente del predio.
