Blanche Petrich
La Jornada (Foto cortesía de Lucina Quintana / La Jornada)
La campesina Enedina Fuentes Vélez, presidenta del comisariado ejidal de San Felipe Xonacayucan, está presa desde hace un mes y medio en el CERESO de Atlixco “por sostener mi palabra”, dice; por no acceder al prolongado acoso al que fue sometida por funcionarios del gobierno de Puebla que pretenden forzar a los ejidatarios a autorizar la venta de terrenos y derecho de paso para la construcción del gasoducto comprendido en el Plan Integral Morelos.
El ejido de Xonacayucan, ubicado dentro de la zona de riesgo volcánico naranja de las faldas del Popocatépetl, es apenas una de las 2,061 propiedades que serían afectadas por el gasoducto, megaproyecto estrella de los gobernadores Rafael Moreno Valle, panista de Puebla y Graco Ramírez Abreu, perredista de Morelos.
Enedina Fuentes, viuda desde los 40 años, sacó adelante sola a la familia, al tiempo que cultivó y mantuvo productiva la milpa que heredó. Fue electa presidenta del Comisariado Ejidal por su lealtad a la tierra. En esa posición, en los últimos meses resultó ser, sin deberla ni temerla, uno de los escollos a remover para coronar los grandes negocios que esperan beneficiarse con las multimillonarias obras del controvertido PIM.
El juez de lo penal de Altixco, Elmo Mayoral, emitió una orden de aprehensión en su contra bajo los cargos de “obstrucción a la construcción de obra pública” y el presunto robo de dos celulares, denunciado por uno de los empleados de la compañía constructora que ingresó al ejido el pasado 7 de marzo para empezar las obras de excavación, sin la autorización de la comunidad.
Otros dos líderes de comunidades de la región, Abraham Cordero Calderón y Juan Carlos Flores Solís, fueron acusados por el mismo cargo. Ninguno de los tres detenidos estuvo en el lugar de los hechos el día en el que supuestamente se robaron los aparatos telefónicos.
El día de visita en el penal municipal de Atlixco –una cárcel maloliente y estrecha que se oculta detrás de los magníficos muros de ladrillo y talavera del Palacio Municipal– ella espera con la vista fija en la estrecha puerta del locutorio del área femenil. Detrás de la rejilla de la reducida barra se apretujan las visitas.
Se mueve como si le pesara el cuerpo; apenas puede abrir los ojos inflamados por el llanto. “Le ha costado mucho remontar la depresión por estar encerrada”, nos dice su hija Lucina Quijano Rosas. Una sonrisa ilumina su rostro avejentado cuando una visita pregunta por ella.
“¿Y qué le parece todo esto que está pasando? ¿Verdad que es una tremenda injusticia?”, pregunta con ansiedad.
“Van a firmar, a la buena o a la mala”
Desde hace un año, cuando la CFE y el gobierno poblano empezaron a “cabildear” con las autoridades municipales y los propietarios de los predios de los 12 municipios poblanos que son afectados por el trazo del gasoducto, Enedina Rosas padeció un acoso que culminó con su detención, el seis de abril. Un “cabildeo” que combina sobornos y amenazas con un solo desenlace posible: la cesión de los terrenos que necesita el gasoducto.
“Primero los licenciados de la CFE me fueron a tocar a la puerta de mi casa. Querían que les firmara unos papeles, autorizando que hicieran sus obras en el ejido. Pero yo no tengo facultad para autorizar nada, por ley la asamblea ejidal tiene que aprobarlo.
“En varias reuniones, los ejidatarios y el resto del pueblo dijeron que no. ¿Y cómo cree que vamos a aceptar? ¿Quién quiere firmar para que el peligro entre a su propia casa? Ya se ha visto cómo los gasoductos revientan en otros lados. Peor en nuestro pueblo, que está en la zona de riesgo del volcán. ¿Y si viene la erupción? Vamos a volar todos”.
A la primera visita de las autoridades le siguieron muchas más. “Me dijeron muchas veces: por la buena o por la mala van a tener que firmar. Yo les respondía: cómo no, voy a hacer llegar su comentario a mis compañeros”.
En ocasiones la interceptaban en la calle, o en el campo, camino a su terreno, donde siembra maíz, frijol, cilantro, rábanos. “Una vez me llevaron a Casa Aguayo (la casa de gobierno, en la capital estatal). Otras, a las oficinas de la Procuraduría Agraria. Y dale y dale con que firme el permiso. Se ponían majaderos”.
Ella siempre se escudó tras el mandato del acta de la asamblea ejidal, que resuelve no ceder los derechos del ejido a la CFE.
“Ellos, los licenciados, no piensan en la gente. No les interesan los niños. No comprenden a la gente mexicana. Solo ven por sus negociazos y creen que con dinero todo lo pueden conseguir. Y pues no, los pueblos no siempre están de acuerdo. Por eso estoy aquí”.
Un custodio de la cárcel municipal, que no deja de observarla, interrumpe. “Se acabó la visita, Enedina”. No han pasado ni 10 minutos.
La fase represiva contra los opositores al gasoducto
Fue en plena Semana Santa cuando se desató lo que los campesinos organizados en el Frente Nacional de Organizaciones y Pueblos en Lucha llaman “la represión” contra los opositores al megaproyecto en Puebla. En Morelos hay antecedentes de manifestaciones dispersadas con violencia y órdenes de aprehensión contra líderes populares. En Puebla la política de hostigamiento y compras hostiles de tierras escaló con la detención de tres dirigentes, entre ellos la presidenta Ejidal de Xonacayucan.
Aquellos días de abril, entre las nopaleras, los maizales y las plantaciones de alfalfa y gladiolas que cubren la fértil tierra entre Santa Isabel Cholula y San Jerónimo Tecuanipan y ascienden por la ladera del Popocatépetl hacia Nealtican, aparecieron, alineados hasta donde se pierde la vista, los tubos de acero al carbón de 30 pulgadas de diámetro, que se van a extender a lo largo de casi 160 kilómetros, enterrados a 1.20 metros de profundidad, desde Tlaxco, Tlaxcala, hasta Huesca, Morelos, atravesando por un costado del cráter los municipios poblanos de Huejotzingo, Juan C. Bonilla, San Andrés Calpan, San Buena Ventura Nealtican, San Jerónimo Tecuanipan, Santa Isabel Cholula, Atlixco, Huaquechula, Atzizihuacan, Tochimilco, Acteopan y Cohuecan.
En varios de estos sitios ya se miran enormes maquinarias en reposo, listas para empezar a cavar las zanjas. Cada día de espera representa pérdidas monetarias. En los convenios de la CFE con varias constructoras extranjeras se registran ya retrasos de hasta un año y multas multimillonarias que tendrán que pagar los estados colindantes mientras la maquinaria esté parada. Según los planes, la infraestructura del PIM debería estar lista en dos años, para empezar a dar servicio a otros proyectos privados, de transnacionales como la gran planta ensambladora de la automotriz alemana Audi, similar o mayor que la planta poblana de la Volkswagen, que se construye en San José Chiapa.
Compraron la tierra, pero no la voluntad de los pueblos
En declaraciones públicas, el gobierno de Moreno Valle afirma que la CFE ya adquirió el 93 por ciento de los terrenos que va a necesitar. “Y eso es cierto. Algunos terrenos fueron comprados por centavos; otros fueron arrebatados con sobornos o amenazas. Pero lo que no tienen es la anuencia de los pueblos”, explica Mario Vélez, líder estatal del Frente Nacional de Pueblos y Organizaciones en Lucha y dirigente de la Unión Campesina Democrática.
Comenta que han logrado centavear a algunas autoridades municipales, ejidales o comunales; a otras las han puesto con entre la espada y la pared. “Pero no han convencido a los pueblos, ni a las asambleas ejidales o comunales”.
Un día antes de la detención de la señora Enedina, en San Juan Amecac 15 patrullas de la policía estatal llegaron a medianoche a buscar a su casa al presidente de bienes comunales Avelino Velázquez. Pero el líder, destacado por su oposición al gasoducto, no se encontraba. Su familia fue amenazada. Él sigue prófugo.
Un día después, el 7 de abril, fue detenido Juan Carlos Flores Solís, representante del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDATMPT), quien había acudido a la comisión estatal de derechos humanos a denunciar el arresto de Enedina.
Se rumora, aunque las autoridades judiciales se niegan a ofrecer información precisa, que hay al menos una docena de órdenes de aprehensión más. Varios de los perseguidos, entre ellos el profesor universitario Ricardo Pérez Avilés, del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales (Cupreder), han solicitado amparos en Puebla, Tlaxcala y a nivel nacional y no han obtenido respuesta de los jueces.
En otras localidades, la CFE arrancó compras de tierras y cesión de derechos en terrenos ejidales y comunales con asambleas ilegales, certificados de propiedad apócrifos, sobornos y amenazas. Para las compras de tierras los precios se han fijado sin un avalúo comercial. Los precios que han impuesto varían de 80 a 180 pesos por metro cuadrado.
Vélez enumera: en San Juan Tulcingo, Tochimilco, de 180 ejidatarios solo votaron 21. A pesar de la evidente ilegalidad la autoridad legitimó el acta de asamblea. En Atzitzihuacan, al agente municipal Santiago Marín lo amenazaron con “atorarle” el presupuesto anual de 2012 para forzarlo a firmar. En Acohuecan se sabe que las autoridades del pueblo fueron sobornadas e intimidadas para ceder el paso.
“En ningún caso hemos logrado establecer un diálogo civilizado. Mucho menos hemos logrado que se nos responda con criterios científicos a la demanda de seguridad en las zonas aledañas al área de riesgo volcánico. En algunos sitios incluso el gasoducto cruza las rutas de evacuación de los poblados de la zona de mayor riesgo”.
El último portazo del gobierno estatal ocurrió el pasado miércoles 21 de mayo. El secretario de Gobierno Luis Maldonado recibió a representantes de las organizaciones opuestas al proyecto. Les “otorgó” tres minutos de su agenda. Rechazó escuchar sobre el encarcelamiento injusto de Enedina r Carlos Flores, a quienes insistió en llamar delincuentes. “Esta no es la ventanilla para atender esta queja”, dijo. Les advirtió que en los terrenos donde los ejidatarios o comuneros no autoricen el paso del gasoducto “se cavará la tubería a seis metros de profundidad, porque ellos no son dueños del subsuelo”. Y dio por terminado el encuentro.
El valor de la palabra empeñada
Mientras tanto, en San Felipe Xonacayucan, donde el pueblo se había dividido –cinco ejidatarios aceptaron vender parte de sus terrenos; la mayoría se mantuvo firme—los pobladores se han reagrupado en torno a la demanda de justicia para doña Enedina. “Ahora todos se sienten con la obligación de apoyarla. Saben que ella está presa por cumplirle al pueblo. Nadie cree que ella sea capaz de robarse nada, ni siquiera un celular”, resume Lucina Quijano Rosas, su hija.
El supuesto hurto del celular fue clasificado por el juez como “robo agravado”, porque si solo se le hubiera acusado de “obstrucción de obra pública” hubiera podido salir bajo fianza, aclara el abogado defensor Oscar Martín Rojas. Pero no hay ni una prueba que la inculpe, salvo el dicho del acusador.
Lucina cuenta cómo sucedieron los hechos: “El día del supuesto robo, llegaron al ejido las máquinas de la empresa Bonetti. Metieron los tractores y algunos empleados empezaron a hacer sus mediciones. El pueblo se juntó y fue a exigirles que se retiraran. Mi mamá ese día tenía bronquitis. Llegó a los terrenos pero se retiró pronto, porque se puso mal. Había un señor, José Reyes Méndez, responsable de la obra, que empezó a tomar fotografías de la gente con sus celulares. La gente del pueblo se lo impidió. Eso fue todo.
“Pero el siete de abril, como cada primer lunes de mes, mi mamá fue a una reunión de ejidos a San José Teruel, Izúcar de Matamoros. Ahí se presentó ese señor Reyes, quien le exigió que le devolviera sus celulares. Mi mamá no sabía ni de qué le estaba hablando. Pero fue una forma de ponerle el dedo, porque ahí ya estaban las patrullas esperando. Cuando Enedina se retiraba fue detenida. Incluso un periódico local llegó a decir que se trata de una presa de alta peligrosidad”.
Pese a las irregularidades en la causa penal 121/2014 arraigada en el juzgado de Atlixo, la defensa sigue en espera de una respuesta a su demanda de amparo, que permitiría a Enedina Flores salir de prisión y seguir el proceso penal en libertad. Mientras, esta campesina sigue defendiendo lo que considera tiene el mayor valor: sostener su palabra de honor y no firmar la cesión de derechos de las tierras ejidales para que, en esas laderas de riesgo volcánico se construya un gasoducto. Porque, como ella dice, “¿quién va a querer meter el peligro a su casa?”.
