Javier Valdez Cárdenas
La Jornada
Culiacán, Sin., 1º de julio.
Familiares de tres personas desaparecidas se manifestaron ante las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y luego frente al centro comercial Soriana ubicado en el bulevar Zapata de esta capital, en protesta por la nula respuesta de las autoridades.
Activistas de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa (CDDHS) que participaron en los plantones aseguraron que testigos vieron cuando agentes de la policía ministerial del estado se llevaron detenidos a los hoy desaparecidos.
Las víctimas son Clara Virginia Félix Uribe, Saúl Valadez Velázquez, ambos de 30 años, y la esposa de éste, Francis Liliana Calderón Huicho, de 31, cuñada de Clara Virginia. Se desconoce su paradero desde el lunes de la semana pasada, cuando fueron vistos en el estacionamiento del centro comercial mencionado.
“Los testigos dijeron que varias patrullas los perseguían hasta que se detuvieron. Descendieron de un Chevrolet Matiz 2003 y los subieron a las patrullas. Una de ellas, Liliana, recibió una llamada de un familiar, a quien dijo que los habían perseguido y que los llevaban detenidos. Luego no se supo más de ellas”, explicó Óscar Loza Ochoa, secretario de relaciones institucionales de la CDDHS.
El organismo ha documentado este año cuatro desapariciones y atiende 17 asuntos de años recientes, la mayoría secuestros presuntamente perpetrados por agentes de diversas corporaciones.
Leonel Aguirre Meza, presidente de la CDDHS, dijo haber solicitado los videos de vigilancia de la tienda Soriana, con los cuales cuenta la PGJE, pero se les han negado. Los inconformes mostraron pancartas con fotos de los desaparecidos y exigieron a las autoridades acelerar las pesquisas.
Interrogado al respecto durante una gira por el municipio de Navolato, el gobernador Mario López Valdez rechazó responder si hay policías ministeriales involucrados en la presunta desaparición forzada e informó que la PGJE inició una averiguación previa para saber si hay servidores públicos implicados.
Una comisión de los manifestantes fue recibida por Marco Antonio Higuera Gómez, titular de la PGJE, quien ordenó a Jaime Leyva Rochín, fiscal especial para casos de desaparecidos, acelerar las investigaciones. Dijo que un grupo especial de la policía ministerial se dedicará a este caso.
Entre las personas a quienes el procurador recibió estaba Alma Rosa Rojo, hermana de Miguel Ángel, secuestrado en julio de 2009 cerca de la comunidad Quilá, municipio de Culiacán, y cuyo cadáver fue supuestamente localizado en una fosa común del cementerio de la colonia 21 de Marzo hace dos años, pero la PGJE no le ha hecho pruebas de ADN para confirmarlo.
