Ernesto Martínez Elorriaga
La Jornada
Morelia, Mich. Organizaciones defensoras de derechos humanos de diferentes grupos sociales y de pueblos indígenas se reunieron en la comunidad purépecha de Santa Fe de la Laguna para exigir a los gobiernos federal y estatales solicitar a los organismos internacionales justicia para las familias de personas muertas o desaparecidas por abusos de fuerzas de seguridad pública, por integrantes de la delincuencia organizada o bien por policías locales.
En la plaza pública de la población ribereña, unos 200 representantes de diferentes organizaciones de México y Latinoamérica celebraron la audiencia temática denominada Por el derecho a la vida, contra la violencia y el terrorismo de Estado ante el Tribunal Permanente de los Pueblos.
Se analizaron 17 casos, como el de los más de 30 comuneros de Santa María Ostula, de las regiones de la sierra y la costa de Michoacán, asesinados y desaparecidos en los últimos 12 años, entre ellos Carlos Zapién Díaz, Francisco Javier Ramos Walle e Ignacio Martínez de la Cruz, desaparecidos en noviembre de 2013, y localizados en una fosa clandestina en San Juan de Alima hace aproximadamente dos meses.
Se recordaron hechos como la masacre de Acteal, Chiapas, ocurrida en diciembre de 1997, en la que murieron 45 personas; la represión de Atenco, en donde hubo ejecución extrajudicial, tortura, abuso sexual y prisión por motivos políticos; la matanza de Viejo Velasco, ocurrida el 13 de noviembre de 2006, cerca de la Selva Lacandona, Chiapas, en la que murieron cuatro personas y cuatro más fueron desaparecidas, entre otros hechos violentos.
Las relatorías se entregaron al jurado internacional, integrantes también de organismos no gubernamentales, como Alberto León Gómez Zuluaga (Colombia), Marcelo Ferreira (Argentina), Marusia López Cruz, Beatriz Torres Abelaira, Soila Luna Pineda, Juan Méndez Gutiérrez, de México, entre otros.
Los casos colectivos e individuales abarcaron desde los años de la guerra sucia hasta la actualidad, como las desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, ejecuciones extrajudiciales, tortura, desaparición y masacres.
El propósito de la reiteración de las denuncias pretende aportar argumentos jurídicos y éticos que contribuyan a la lucha por alcanzar justicia para las víctimas y sus familiares, así como modificar el marco jurídico y crear las leyes que permitan juzgar a los responsables intelectuales y materiales de las violaciones a los derechos humanos y terminar con la impunidad, coincidieron los participantes.
Por Michoacán asistieron representantes de las etnias purépecha, nahua, mazahua y otomí, así como autoridades indígenas de Cherán, San Fe de la Laguna, San Miguel Ostula, así como representantes de pueblos de la ribera de Pátzcuaro y de las regiones de Zacapu y Cañada de los Once Pueblos.
