O sea, seguirán perdiendo su tiempo.
Diana Baptista
Reforma
Cd. de México, México (27 octubre 2014).- Familiares de dos niños víctimas del incendio en la Guardería ABC presentaron esta mañana una petición individual ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Durante el primer día del 153 periodo ordinario de sesiones de la Comisión en Washington, Estados Unidos, los padres de familia del Movimiento 5 de Junio, acompañados por el Centro ProDH, expusieron las violaciones a derechos humanos cometidas por el Estado mexicano contra niños, niñas y sus familiares.
«(El caso) se ha tratado, tanto en las investigaciones como en los procesos penales, y por la propia Suprema Corte en su momento, como producto de la negligencia de unas cuantas personas de relativamente bajo rango en Sonora», explicó Stephanie Brewer, del área Internacional del Centro ProDH, quien estuvo en la presentación.
“En realidad, la Guardería ABC es un ejemplo paradigmático de la situación de inseguridad, de incumplimientos, de irregularidades que prevalecían en prácticamente todas las guarderías subrogadas por el IMSS en el País”.
Ante Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la CIDH; Rosa María Ortiz, relatora para los derechos de la niñez; y James Cavallaro, relator para México, argumentaron que la tragedia ocurrida el 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, es resultado de una política decidida desde los más altos niveles de Gobierno.
Las guarderías son subrogadas bajo una lógica de mercado, se expuso, en que los niños y niñas se convierten en un negocio.
Sin embargo, no ha habido un reconocimiento del Estado sobre su responsabilidad ni ha sancionado a los funcionarios de alto rango responsables de la tragedia.
Además, los procesos penales se han extendido por más de cinco años, dificultando el acceso a la justicia para los familiares de las víctimas.
“Fueron ellos (los padres) quienes impulsaron la Ley 5 de Junio, para la atención y desarrollo integral de la infancia. Sin embargo, los estados no están modificando las leyes estatales, hay todavía problemas de implementación”, añadió.
Brewer informó que los argumentos principales de la solicitud son la falta de acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño.
La presentación de solicitudes es una audiencia excepcional que otorga la CIDH para personas que han sufrido violaciones a sus derechos humanos.
De ser admitida, en un proceso que toma años, la Comisión investigará la situación y formulará recomendaciones al Estado para que se restablezca el goce de los derechos, se garantice la no repetición, y se investiguen los hechos.
