Anaiz Zamora Márquez
Proceso
ECATEPEC, Edomex. (apro-cimac).- Calles y avenidas sin pavimentar y sin alumbrado público, montañas de basura por doquier y la notoria ausencia de vigilancia policiaca es el común denominador en este municipio conurbado al Distrito Federal, uno de los más grandes en extensión y población del Estado de México, junto con Ciudad Nezahualcóyotl.
Ecatepec es también la tierra natal del actual gobernador mexiquense, Eruviel Ávila Villegas, quien, al igual que su predecesor, Enrique Peña Nieto, niega una realidad que marca particularmente a este municipio: la existencia de asesinatos de mujeres por razones de género.
Los datos de organizaciones civiles son irrefutables: de 2005 al primer semestre de este año se han registrado mil 500 feminicidios.
Por su número de población, un millón 656 mil 107 habitantes, según el Censo 2010 del Instituto Nacional de Geografía e Informática (Inegi), Ecatepec está considerado como el municipio más poblado del país, pero poco a poco se ha vuelto el más peligroso para las mujeres.
Así lo evidencian las historias de familiares de víctimas de feminicidio y desaparición que se escuchan al recorrer las calles polvorientas de este municipio.
La nula actuación de las autoridades para garantizar la seguridad está latente en los múltiples cruceros y paraderos sin alumbrado público, utilizados como “tiradero” de cuerpos de mujeres o como sitio para “levantones” (secuestros) de jóvenes mexiquenses.
Como parte de la campaña “Alerta Ciudadana de Violencia de Género” –que el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) puso en marcha en mayo pasado–, familiares de víctimas, activistas y defensores de derechos humanos recorrieron el pasado miércoles 25 las calles y avenidas de Ecatepec para señalar a los tres niveles de gobierno los lugares donde han perdido la vida en los últimos tres años y medio al menos 110 mujeres ante el silencio cómplice de las autoridades.
Antes de las diez de la mañana, familiares y activistas llegaron con cruces rosas de madera –símbolo del feminicidio adoptado en Ciudad Juárez, Chihuahua– a la explanada de la cabecera municipal en San Cristóbal.
Ahí estaban, entre otras, Irinea Buendía Cortes, madre de Mariana Lima Buendía, asesinada en 2010 por un policía judicial, y María Antonia Márquez, mamá de Nadia Muciño, ultimada en 2004 por su pareja.
Señales de advertencia
Como primera parada, las personas se detuvieron en un tramo de la carretera Lechería-Texcoco, vialidad que separa a Ecatepec del municipio de Tecámac; ahí donde cotidianamente ocurren accidentes vehiculares.
Para atravesar la carretera se deben sortear múltiples charcos, luego subir un puente peatonal sin alumbrado público y lleno de bolsas de basura que dejan habitantes de la comunidad.
Justo abajo de ese puente, en 2013, desapareció una joven de 17 años de edad y Diana Angélica Castañeda, de 14 años. El miedo de su madre ante la prepotencia de las autoridades municipales derivó en que la denuncia del crimen “se perdiera” entre los tantos archivos del Ministerio Público.
Quienes atestiguaron la manifestación, de inmediato identificaron que se trataba del caso de las “niñas y jovencitas secuestradas”. Relataron que ese punto del municipio es utilizado por criminales para asaltar y plagiar. Por eso, dijeron, “es bien raro que una patrulla se dé la vuelta por aquí”.
En medio de esa carretera por la que a diario pasan cientos de camiones de carga, las activistas dejaron una cruz rosa para dar cuenta de que ahí están desapareciendo mujeres y como señal de advertencia para las habitantes de la zona.
El contingente se trasladó al pueblo de Santa María Chiconautla –otro de los puntos de desaparición y asesinatos impunes en la entidad–, donde “parecen haberse evaporado” las jóvenes Arisbeth Sánchez, Lucía Joselyn Robles, Jennifer Velázquez y Betsabeth García López.
Una habitante de ese poblado cuenta que el año pasado, cuando ocurrió un intento de linchamiento de un presunto secuestrador, desapareció una joven. El caso quedó en el olvido, dice, porque las autoridades lo consideraron parte de aquel conflicto. “No investigaron más y la joven sigue desaparecida”, refiere.
“Zona de terror”
En el pueblo de Chiconautla “que debería ser símbolo histórico del municipio y atracción turística del estado, se convirtió en una zona de terror”, a decir de David Mancera Figueroa, presidente de la organización Solidaridad por las Familias, también fueron asesinadas dos jóvenes menores de edad, cuyos casos no son investigados.
Frente a la iglesia de Chiconautla, –donde dejaron tres cruces más de madera rosa–, la señora Cruz Pérez Moreno narró el viacrucis de impunidad y violaciones a los Derechos Humanos al que se ha enfrentado para exigir justicia por el asesinato de su hija Jessica Lucero Rivero Cruz, ocurrido en julio de 2012.
“Jessica fue violada en junio de 2012 por tres conocidos de ella. Cuando fuimos a denunciar la violación (los policías y el agente del MP) nos pidieron 2 mil pesos para apresurar los trámites, no los dimos, y un mes después, en vez de justicia, mi hija encontró la muerte”, dijo Cruz.
La mujer acudió a la manifestación pese a estar lesionada de la espalda y usar un collarín ortopédico, pues sujetos desconocidos intentaron sacarla de su domicilio el jueves pasado, un día después de que fue a preguntar por la investigación del caso de su hija.
Con lágrimas y adolorida, comenta que abandonará su exigencia de justicia por temor a más represalias contra ella o su familia.
Y es que, pese a los hechos denunciados, el caso de Jessica Lucero no fue investigado como feminicidio sino como “violación equiparada con resultado de muerte”. Sólo uno de los tres agresores está detenido.
“Por malas clasificaciones de delitos como éste en el Estado de México (las autoridades) pueden decir que no hay feminicidio”, subraya la madre.
Hacia el final de la protesta, las activistas caminaron por las calles del centro de Ecatepec.
Gritaron consignas para exigir justicia y alto a los delitos. A sus demandas se sumaron vendedores ambulantes y demás pobladores que animaban a “alzar la voz”. El llamado a las autoridades no cesó hasta que llegaron de nuevo a la explanada municipal.
Rodolfo Domínguez, abogado del OCNF, recalca la demanda de la sociedad civil para que no sólo se investigue la violencia feminicida –a lo que recientemente accedió el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres–, sino de que se declare ya la Alerta de Violencia de Género (AVG).
Denuncia que aún no reciben respuesta del gobernador Eruviel Ávila, a quien solicitaron una reunión urgente para conocer el estado de los casos registrados en la entidad.
A un costado del Palacio Municipal de Ecatepec, familiares de las víctimas colocaron otra cruz de madera. “Para que les quede claro a las autoridades que no somos un invento de las organizaciones, que las víctimas sí existimos y los casos de feminicidio sí ocurren, y que queremos la alerta no para decir que estamos en guerra sino para prevenir más tragedias”, sentenció María Antonia Márquez, madre de Nadia Muciño.
Los recorridos de la campaña Alerta Ciudadana de Violencia de Género se harán cada día 25 de mes y concluirán el próximo 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos.
La cita para la manifestación de julio será en los municipios mexiquenses de Chimalhuacán y Nezahualcóyotl, donde se ha registrado que los cuerpos de mujeres y niñas son arrojados a lotes baldíos y terrenos abandonados.
