Jesusa Cervantes
Proceso
MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- En las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa hubo «errores de gravedad» de parte del «gobierno» federal, entre ellos no haber actuado de manera inmediata durante las 72 horas posteriores a los hechos, concluye la comisión especial de legisladores sobre el caso.
[Le llaman «errores de gravedad» a la clara intención de los asesinos por ocultar su crimen.]
Guillermo Anaya, presidente de la comisión, estableció que estos «errores garrafales» cerraron la posibilidad de encontrar de manera inmediata a los jóvenes. [Pues claro, ¡ese era el objetivo! No son «errores garrafales», es ENCUBRIMIENTO DESCARADO. ¡SIMULADORES!]
El representante del Partido Acción Nacional, José Alfredo Botello, fijó la posición de su partido: “Queda de manifiesto la desaparición forzada, es un tema que debe avergonzarnos y que sólo se da en gobiernos totalitarios y antidemocráticos”.
En el informe, los legisladores hacen una cronología de todas las autoridades que han visitado y adelantan que tienen prevista una reunión con integrantes del comité de desapariciones forzadas de la ONU.
Además, la comisión también tiene programado un encuentro con la Sedena, forenses argentinos, Cisen y el nuevo gobernador.
El informe no excluye la posibilidad de que sean sancionadas todas aquellas autoridades que incurrieron en omisión, como por ejemplo los elementos de seguridad encargados de proteger a la ciudadanía.
“Se les debe sancionar por omisión”, concluyeron sin mencionar a los partidos políticos que postularon al depuesto presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, ni a los elementos del Ejército y autoridades federales que no atendieron el caso.
Al fijar su posicionamiento, los partidos de oposición y de manera sorpresiva Nueva Alianza, reclamaron que las víctimas y los padres de los hijos desaparecidos no hayan podido ser contactados debido a la desconfianza que tienen ante autoridades e institutos políticos.
