La nota cínica del día:
Redacción Proceso
QUERÉTARO, Qro. (apro).- Luego de la difusión a nivel nacional del audio que exhibe a funcionarios del gobierno estatal hablando de “romperle la madre” a un comunicador, por tocar el tema de la inseguridad en un programa radiofónico, el mandatario José Eduardo Calzada Rovirosa adelantó que “se tomarán medidas”.
En una breve declaración, Calzada dijo que a pesar de que no había escuchado el audio “se tomarán medidas, sin duda, ya lo verán, (porque) es un tema que violenta los medios de comunicación, es contra ustedes y nosotros estamos a favor de cuidarlos”.
En contraste, el secretario de Gobierno, Jorge López Portillo Tostado, y el coordinador de Comunicación Social, Abel Ernesto Magaña Álvarez, a quienes se escucha planeando “romperle la madre” al comunicador han guardado silencio a pesar que las referidas grabaciones circulan en Internet desde el martes pasado.
Tampoco ha realizado pronunciamiento alguno la directora de la estación radiofónica Integra, Jaqueline Caballero Ávila –quien fue la presidenta de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión en la entidad–, involucrada en los audios.
Incluso, el comunicador aludido manifestó que no tenía el deseo de iniciar una queja ante la Defensoría de Derechos Humanos (DDH) después de que personal de esta institución lo contactó, según informó el titular de la dependencia, Miguel Nava Alvarado.
Representantes de organizaciones no gubernamentales, como México Infórmate, Fundar, Artículo 19 y Locallis, coincidieron en advertir que un problema de fondo que exhibe el audio es el control de los medios queretanos a través de la publicidad oficial.
En el programa Derecho a Saber, que transmite la radiodifusora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Justine Dupoy, del Centro de Investigaciones Fundar, expuso que el audio revela cómo los funcionarios confunden a los medios queretanos con una “sucursal” más del área de Comunicación Social.
Agregó que la entidad ha sido una de los peores en las evaluaciones en la transparencia de la partida relacionada con la publicidad oficial e, incluso, dijo que tienen dudas sobre la calidad de los datos que les son proporcionados.
Raúl Solís Barrueta, de Locallis, expuso que los resultados de los estudios que esa organización ha realizado sobre la transparencia en la partida de publicidad oficial en los municipios queretanos, no alcanzan el 1.5 en una escala del 1 al 10.
“Es una pena que con tres llamadas de menos de un minuto, tal vez cada una de ellas, se defina, se delinea y se coarte en este caso la libertad de expresión del conductor Juan Manuel Auza”, agregó.
El representante de Artículo 19, Sebastián Aguirre, calificó de terribles los comentarios de López Portillo Tostado y agregó que ordenar “romperle la madre” a un comunicador, debido a que no consiente su crítica, “es una barbarie”.
Además cuestionó la ambigüedad que existe en Querétaro y en el país, sobre los pagos realizados a medios de comunicación, así como en los criterios y parámetros que son utilizados.
La representante nacional de México Infórmate, Gabriela Morales Martínez, expuso que el control de los medios de comunicación y periodistas en Querétaro, en este caso a través de la publicidad, implica la restricción de información libre para toda la ciudadanía.
Los representantes de las ONG coincidieron –tras lo ocurrido– que el gobierno de Querétaro debe abrir de manera voluntaria los gastos de la publicidad oficial y difundirlos en su portal de Internet.
Sin embargo, existe el antecedente, sin éxito, de más de 100 solicitudes de información realizadas por el semanario Libertad de Palabra.
Incluso, los servidores públicos del Poder Ejecutivo de Querétaro llegaron a incurrir en desacato, delito equiparaba al abuso de autoridad en el estado, al no obedecer al órgano garante que instruyó la entrega de esa información al semanario local.
