Enrique Méndez y Roberto Garduño
La Jornada
La minera Buenavista del Cobre, asentada en la veta más grande del planeta con ese metal, subsidiaria de la empresa Grupo México y propiedad de la familia Larrea, incumplió con el artículo 156 de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, al no construir al menos tres piletas de contención, por lo que el derrame de sulfato de cobre acidulado contaminó los ríos Bacanuchi y Sonora el pasado 6 de agosto.
La comisión especial constituida en la Cámara de Diputados para elaborar un informe sobre este caso corroboró que la empresa también violó la norma 159 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) del año 2011. Ésta regula los derrames peligrosos y la mina la contraviene, porque transporta los residuos a los ‘‘jales’’ (contenedores a ras de tierra donde se almacenan desechos de la vieja mina), vertiendo miles de litros del sulfato para que esos contaminantes se filtren través de la montaña, reintegrando los fluidos a los lechos sin considerar que el contaminante es un metal pesado y afectará durante decenas de años el entorno.
Sobornan a habitantes
El argumento al que han recurrido tanto el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, como la empresa, representada por Joaquín Rojo de la Vega, director de proyectos especiales; Irma Potes, subdirectora de desarrollo comunitario; Amaranta Guerrero, directora jurídica, y Horacio Sánchez Unzueta, abogado de Germán Larrea y ex gobernador de San Luis Potosí, redunda en lo siguiente: ‘‘No se ha registrado ninguna muerte en animales, tampoco en personas, y mucho menos se han detectado enfermos del estómago’’.
Grupo México aduce haber hecho todo lo necesario para mitigar los efectos de la contaminación. Además, la instancia legislativa encontró que la minera está pagando de 2 mil a 3 mil pesos a los habitantes afectados para que desistan de una futura demanda por daños a la salud.
Al consultar a la diputada Lilia Aguilar (PT) en torno a la situación, dijo: ‘‘Grupo México trata de desviar su responsabilidad al culpar ahora a una empresa proveedora de tubos y soldadura defectuosos’’.
En una historia que apunta a la responsabilidad de la minera, el consorcio de Germán Larrea ha develado su cercanía con el gobernador Guillermo Padrés, cuyo ‘‘liderazgo’’ conduce los trabajos para mitigar los graves efectos al entorno y sobre todo a los seres humanos de la región.
La semana pasada, la comisión especial se presentó en el lugar del desastre y ahí se instaló ‘‘un montaje de la empresa para que los diputados viéramos que traían brigadas uniformadas de trabajadores y que éstas trabajaban limpiando con cal el agua y la tierra que aún permanece estancada en el lugar del siniestro’’, confió Lilia Aguilar.
Joaquín Rojo de la Vega, funcionario de la minera, incurrió en contradicciones frente al grupo de legisladores. Adujo que Grupo México ha resuelto el problema suscitado en la pileta donde se resguardaban los 40 mil metros cúbicos; no obstante, ‘‘aceptaron que no avisaron y nos dijeron que les falló la soldadura de un tubo, del que están esperando que les responda el proveedor’’, dijo la diputada.
‘‘Nosotros les dijimos que la concesión se encuentra en vilo, porque ellos incumplieron los protocolos de seguridad. Y sobre todo no saben qué hacer, porque primero acusaron que el desastre ocurrió por los altos niveles de lluvia y después argumentaron que se trató de la falla de una soldadura. ¡Eso es inaudito!’’
El recuento de las acciones de la minera y el gobierno de Sonora se sustenta en el abastecimiento de agua potable, la limpieza de los ‘‘pequeños’’ residuos de contaminación en el área afectada y la participación de 30 trabajadores comunitarios en las poblaciones ribereñas que reparten gel antibacterial, botellitas de agua potable y un kit de salud.
Aquel escenario contrastó con la visión de la mayoría de los diputados, a quienes los pobladores les advirtieron que, frente a la ‘‘abulia y omisión’’ de Grupo México y el gobierno de Guillermo Padrés, ‘‘si llueve nos va a llevar la chingada’’.
Esa preocupación de los moradores de la ribera de los ríos Bacanuchi y Sonora se sustenta en el incumplimiento de la minera, porque sólo operaba una pileta de contención del sulfato de cobre. Su obligación fue haber levantado tres, porque si se desborda una, el material líquido corre a la siguiente, y si (también) se desborda ésta –en caso extremo–, corre hasta la tercera. En el caso de la mina Buenavista del Cobre, la segunda pileta apenas se encuentra en construcción.
En imágenes aéreas se observa la sedimentación del sulfato, y al preguntar a la diputada Aguilar sobre el estado del sitio, replicó: ‘‘Cuando les pedimos los planos de las piletas la empresa no hizo nada por entregarlos. Por su parte, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) nos dijo que se trataba de 40 mil metros cúbicos, y al preguntarle al delegado nos indicó que la información a ellos se las dio la minera. Así que los 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre no es una medición de Conagua, es una aproximación de la empresa.
‘‘Lo único que descubrimos fue un bordo: el 6 de agosto pasó el accidente y 29 horas después se dieron cuenta de lo que estaba pasando porque una doctora de Bacanuchi se percató de que el agua del río bajaba de color rojo, y le empezó a llegar gente con la piel irritada y descarapelada; subió fotos al Facebook y así se enteró el presidente municipal.
‘‘Y el alcalde le habló al gobierno del estado 29 horas después: a la empresa se le desbordó la primera pileta, no tiene una segunda y los cabrones levantaron un bordo para que no se saliera el agua. Empezaron a taponear para que el agua no bajara a los pueblos. La mina supo antes y no sólo no avisó, sino que trató de ocultarlo con el bordo. Ahí están los árboles quemados.’’
La situación se agravó para la población porque en Cananea desde hace cinco años el servicio de salud es deficiente, pues los mineros no tienen Seguro Social. El ‘‘sindicato blanco que impuso’’ el entonces secretario del Trabajo, el panista Javier Lozano Alarcón, aceptó un contrato colectivo sin esa prestación, a lo que la diputada Aguilar agregó: ‘‘¡Germán Larrea no paga Seguro Social. Es un cabrón!’’
Esa condición de pobreza y abandono contrasta con el campo de golf y las casas campestres aledañas a Cananea, donde viven los funcionarios de la empresa. Además, a la población ribereña le racionan el agua.
