Mathieu Tourliere
Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- Un año después de que la Corte Suprema de El Salvador la declaró anticonstitucional, la Ley de Amnistía General sigue vigente e impide a la justicia investigar los crímenes cometidos entre 1980 y 1992, durante la guerra civil que sacudió al país y dejó más de 100 mil salvadoreños muertos, denunciaron integrantes de la sociedad civil en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizada hoy en la Ciudad de México.
Ante la fuerte presión internacional, el gobierno ultraderechista de la Alianza Republicana Nacionalista promulgó la Ley el 20 de marzo de 1993. En ella concedió la amnistía absoluta en favor de las personas que cometieron crímenes políticos antes del 1 de enero de 1992 y descargó cualquier responsabilidad civil contra los miembros del gobierno.
“En teoría, el juez puede no aplicar esta ley pero en los hechos ninguno se ha atrevido a hacerlo”, denunció Oscar Pérez, representante de la Junta Ciudadana para el Derecho a la Comunicación.
Precisó que en El Salvador el proceso de selección de los jueces se opera de manera arbitraria –bajo intereses políticos– y en inconformidad con las leyes internacionales.
A nivel legislativo, este país centroamericano también viola los derechos internacionales al penalizar el aborto, aún en los casos más graves, denunció por su parte Vanesa Gioria, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.
Esta situación lleva a 31 mil mujeres por año a realizar abortos clandestinos, reveló la activista. Dijo que entre 2000 y 2011, la justicia salvadoreña procesó a 121 mujeres –en su mayoría jóvenes, solteras y de escasos recursos– por “homicidio agravado”, delito que se castiga hasta con 30 años de cárcel.
En el tema de la migración, Carolina Jiménez, integrante de la Red DH Migrantes, informó que una cuarta parte de los niños migrantes detenidos en Estados Unidos –más de 14 mil— provienen de El Salvador. Explicó que los menores emigran a ese país para reunirse con su familia, buscar mejores condiciones de vida y huir de la violencia, pues representan 10% de las personas asesinadas en ese país. Por ello, dijo que el problema de la niñez necesita una respuesta urgente del gobierno.
Si bien los relatores de la CIDH dieron su visto bueno a las iniciativas en materia de derechos humanos que incentivó Salvador Sánchez Cerén, el recién electo presidente del país centroamericano, también lo urgieron para actuar conforme a sus compromisos.
Belice arruinado
A raíz de una lucha política de largo aliento, la Suprema Corte de Justicia de Belice reconoció éste año el derecho de los indígenas a gobernar sus tierras y sitios. Sin embargo, Cristina Coc, integrante de la Alianza de los Líderes Mayas, llamó a la CIDH a presionar al gobierno para que cumpla con sus leyes.
Denunció que el gobierno sigue dando nuevas concesiones petroleras sobre tierras indígenas. Sin embargo, el procurador general de Belice, Marc Ramsay, afirmó que “el gobierno tiene derecho a explotar los recursos naturales”. Agregó que por ello, apeló la decisión de la Suprema Corte.
Durante la audiencia, los relatores explicaron que los numerosos migrantes de Belice –representan 15% de la población del país, mientras en México esta tasa no rebasa 1%–, ven sus derechos laborales violados, ya que no pueden ingresar a un sindicato y las autoridades los criminalizan.
Ramsay reconoció el problema, pero argumentó que el deterioro de la economía dificulta al gobierno cumplir con todos sus compromisos en materia de derechos humanos. Argumentó que en 2013 la deuda del país ascendía a mil 221 millones de dólares, es decir, 75% del Producto Interno Bruto. En tanto, 136 mil personas de las 324 mil que habitaba el país, vivían en pobreza extrema.
Explotación en Costa Rica
Los trabajadores migrantes en Costa Rica también sufren de explotación laboral debido a su vulnerabilidad y a la xenofobia de la que son víctimas, aseveró Fidelina Mena Corrales, integrante de la Asociación Nacional de Empleos Públicos y Privados. Además, dijo, laboran de manera clandestina y no pueden acudir al Seguro Social.
La vicecanciller Gioconda Ubeda, precisó que la población migrante que ingresa a Costa Rica, en su mayoría desde Nicaragua, lo hace en condiciones difíciles y sin plan definido.
“Ya está vulnerable al llegar”, afirmó y reconoció la importancia de la mano de obra extranjera en la economía de su país.
Las legislaciones internacionales de derechos humanos consideran a la prisión cómo el último recurso, pero no se debe acudir en el caso de niños y adolescentes.
Sin embargo, en 1996, el Parlamento de Costa Rica aprobó la Ley de Justicia Penal Juvenil, que establecía sanciones carcelarias a menores de edad entre 12 y 18 años y jóvenes adultos entre 18 y 21 años.
Según Lady Zuluaga, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, los centros carcelarios juveniles de Costa Rica se convirtieron en el teatro de abusos, violencias y riñas. Por ello, 11 niños intentaron suicidarse durante su periodo de reclusión en 2011.
Ante el creciente número de prisioneros –se duplicó en diez años, al pasar de seis mil 571 en 2002 a 13 mil 668 en 2013–, la mitad de las cárceles costarricenses para adultos están sobrepobladas, planteó.
En este país, más de 300 personas sobre 100 mil se encuentran presas, muy por encima del promedio en América Latina. Lo anterior se originó por la decisión tomada en 1995 de ampliar el periodo máximo de reclusión, que pasó de 25 a 50 años; además de tener un tiempo de procesamiento demasiado corto y de la falta de vías alternas al encarcelamiento.
Homofobia
Durante las tres audiciones que llevó a cabo la CIDH este martes, los relatores se preocuparon de las agresiones que sufren las comunidades Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexo (LGBTI) en sus países, especialmente en Belice y El Salvador.
En Belice, la relación sexual entre hombres sigue siendo prohibida por ley, confesó el procurador de ese país. Detalló que el artículo 53 del código criminal plantea que “cada persona que tiene una relación carnal contra el orden de la naturaleza con cualquier persona responderá a una sentencia de cárcel de hasta diez años”.
Asimismo, la Ley de Migración prohíbe la entrada al país a “cualquier prostituta u homosexual, o cualquier persona quien vive o vivió de recibir ganancias de la prostitución o de un comportamiento homosexual”.
En El Salvador, la comunidad LGBTI “vive en el terror”, debido al odio que generan entre sectores de la sociedad, atestiguaron integrantes de la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano de Personas Trans(ASPIDH). Y es que las procuradurías aún se niegan en recibir las denuncias de los integrantes de la comunidad, mientras que el sistema de Seguridad Social no permite el cambio de sexo, denunciaron.
Protestan por Chiapas
Aunque la presidenta de la CIDH, Tracy Robinson, informó al inicio de la sesión que la comisión no investigaría al país anfitrión –México-, tres integrantes del Comité Ciudadano de Defensa de los Derechos Humanos de Arriaga –El Colosio de Piedra–, se declararon en huelga de hambre para protestar contra la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Chiapas.
Según uno de sus miembros, Sinar Corzo Esquinca, el movimiento surgió hace un año, a raíz de la destrucción del mercado municipal de Arriaga por el oresidente municipal, Noé López Duke, quién desalojó a sus comerciantes. Aseveró que tanto la CEDH de Chiapas como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) desecharon sus quejas contra el ayuntamiento de Arriaga.
