Emir Olivares Alonso
La Jornada
El dirigente yaqui yoreme Mario Luna Romero, representante del pueblo de Vícam, explica la resistencia al acueducto Independencia, en esta entrevista de 2013. El día 11, Luna fue arrestado.
Representantes de la tribu yaqui consideraron «indignante» que aun cuando no existen pruebas en contra del vocero de esa comunidad originaria de Sonora, Mario Luna, acusado de privación ilegal de la libertad y robo de vehículo, el juez tercero de distrito haya dictado auto de formal prisión en su contra.
En una conferencia de prensa citada con carácter de «urgente», luego que ayer se dictara el auto de formal prisión contra Luna, quien fue detenido el pasado 11 de septiembre, Tomás Rojo, también vocero de la Tribu Yaqui -comunidad que se opone a la construcción y operación del acueducto Independencia, debido a que afectaría los recursos en la zona- subrayó que no existen elementos legales para sostener la culpabilidad de su compañero.
Recordó que ni Luna ni él mismo (también tiene una orden de aprehensión en su contra) se encontraban en el lugar de los hechos de los que son acusados.
Recordó que los hechos imputados se remontan a junio de 2013, cuando a través de las leyes tradicionales por usos y costumbres -garantizadas en la Constitución y en los tratados internacionales- se castigó a Francisco Delgado, integrante de la tribu yaqui, vinculado al gobierno del estado, quien lanzó su vehículo contra algunas personas que participaban en una manifestación.
Pese a que el pasado 15 de septiembre, durante la audiencia par presentar las pruebas de descargo en favor de Luna, las autoridades tradicionales del Pueblo Yaqui asumieron la responsabilidad de esos hechos y reconocieron haber sido ellos los que ordenaron la retención de Delgado que incluyó un «castigo simbólico», el juzgador decidió dictar el auto de formal prisión contra el vocero Yaqui.
«Se entregó también el acta que acredita la detención (de Delgado) y que fue ratificada por las mismas autoridades tradicionales, de manera adicional se presentó un dictamen antropológico que explica los usos y costumbres de la Tribu Yaqui, la forma como ejercen sus leyes tradicionales, comprobando así que no se está hablando de un secuestro, sino de un proceso común de justicia comunitaria, reconocido en la Constitución y en los tratados internacionales sobre pueblos indígenas», aseveró.
Pese a ello, lamentó que el juez no haya analizado todas las pruebas y aun cuando reconoció que hay elementos para dudar de la conducta imputada, decretó el auto de formal prisión. Por ello demandó la libertad inmediata de su compañero y llamo a la detención del acueducto Independencia -que opera incluso sin un estudio de impacto ambiental- y a que se respeten los derechos del pueblo Yaqui.
A este llamado se sumaron durante la conferencia organizaciones como Servicios y Asesoría para la Paz, Fundar, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el Programa de Interculturalidad y Asuntos Indígenas de la Universidad Iberoamericana, entre otras.
