México, 8 de junio 2019 (NOTIGODÍNEZ).- En poco menos de 48 horas, dos “jueces” hicieron de las suyas y entorpecieron acciones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, en dos casos mediáticamente relevantes que han puesto en juego la credibilidad de la administración federal del tabasqueño.
Se trata de la persecución política contra el priista Emilio Lozoya Austin, ex “director” de Petróleos Mexicanos (Pemex) y uno de los colaboradores más cercanos al exusurpador Enrique Peña Nieto, acusado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) de cometer varios delitos durante su “gestión” al frente de la petrolera. El otro caso se refiere a la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, uno de los proyectos más importantes del actual sexenio.
El pasado lunes 5 de junio, una jueza de la Ciudad de México concedió la suspensión definitiva a la orden de aprehensión girada contra Lozoya, de modo que la Fiscalía General de la República (FGR) no pueda proceder a la detención del sujeto hsta que se resuelva el juicio de amparo que promovieron sus abogados.
Previamente, el propio Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, había asegurado que Lozoya sería detenido con todo y su amparo debido a que los delitos que se le imputan son graves. No obstante, con la resolución de la jueza octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, la aprehensión del sujeto no podrá ejecutarse.
Contradiciendo por completo a Gertz, la jueza en cuestión argumentó que concedió la suspensión definitiva debido a que las acusaciones no ameritan prisión preventiva oficiosa, “de conformidad con los artículos 19 constitucional y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.”
De esta manera, queda sin efecto la ficha roja emitida por la Policía Internacional (Interpol) a petición de la FGR, para localizar a Lozoya en más de un centenar de países. Al margen de ello, la fiscalía informó que el priista está emplazado a comparecer el próximo miércoles para rendir su declaración ante las autoridades.
Por su parte, el Juez Decimotercero de Distrito en el Estado de México otorgó una suspensión definitiva promovida por el sector empresarial contra las obras del aeropuerto “General Felipe Ángeles” en la base aérea militar de Santa Lucía, ubicada en el municipio de Zumpango en el Estado de México.
Se trata del proyecto del nuevo aeropuerto que se desarrollaba en Texcoco durante el régimen usurpador del asesino de Atenco, Enrique Peña Nieto, y que el nuevo gobierno trasladó a Santa Lucía como parte de sus acciones para combatir la corrupción, disminuir el gasto presupuestario, frenar el ecocidio y agilizar las obras del proyecto.
Sin embargo, los empresarios y sus socios afectados con la cancelación del proyecto original se opusieron ferozmente desde un principio a la decisión del nuevo gobierno, tomada tras someter a consulta popular el destino del proyecto.
En tal sentido, la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) y dos organizaciones no gubernamentales financiadas por empresarios, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), solicitaron el amparo para sabotear las obras del nuevo gobierno argumentando “preocupación por los habitantes de Zumpango”.
El juez que concedió la suspensión y ordenó la detención inmediata de las obras, aclaró que el recurso será levantado cuando el gobierno obtenga los permisos ambientales y patrimoniales requeridos.
Opinión:
1) Lozoya va a caer eventualmente, como han caído otros chivos expiatorios y peces flacos. Estará en la cárcel un breve tiempo, purgando los delitos de sus jefes –Peña Nieto y los empresarios que orquestaron las corruptelas–, para luego quedar en libertad y gozar de lo robado. En cualquier caso, nosotros seguiremos repudiando la simulación de esta “justicia a la mexicana” y llamando a los mexicanos a reaccionar para obtener la auténtica justicia que demanda la nación.
2) Verdaderamente repulsiva la doble moral de los empresarios detrás del amparo contra las obras de Santa Lucía, cuyo único objetivo es joder a López Obrador. Y claro, ahí están los “jueces” en primera fila aferrándose a sus megasueldos y sumándose alegremente al sabotaje. ¿Cuándo les ha importado el bienestar de los pueblos? ¿Lucharon igual por Atenco, Ayotzinapa y demás comunidades masacrades desde hace años en todo el país? ¡Farsantes! Igual que en el primer caso, el pueblo tiene el poder para hacer verdadera justicia… le falta sólo la dignidad para reaccionar y materializarla.
Con información de El Economista y Apro
