Redacción Proceso
MÉXICO, D.F., (apro).- Con pruebas sin ningún sustento jurídico, el gobierno federal pretende demostrar que los 11 detenidos por los disturbios del pasado 20 de noviembre en la Plaza de la Constitución pertenecen a un mismo grupo y que incluso simpatizan con organizaciones terroristas y anarquistas, denunció hoy Alejandro Jiménez, abogado defensor de los inculpados y miembro del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
En declaraciones a Radio Fórmula, el litigante dijo que el fiscal del caso “intenta forzar los hechos para que encajen” y así poder sustentar los cargos que les imputan a sus clientes de homicidio en grado de tentativa, asociación delictuosa y motín.
Según el representante legal de Ramón Domínguez Patlán, Hugo Bautista Hernández, Atzin Andrade González, Juan Daniel López Ávila y Luis Carlos Pichardo Moreno, el Ministerio Público Federal incluyó en el expediente “una investigación enciclopédica de grupos terroristas y anarquistas que presuntamente operan en México y Latinoamérica” y ligarlos con sus clientes.
“Usan fotos que les tomaron después de haberlos detenido” y con esas fotos, dijo, sólo viéndolas, la policía hace la identificación.
En opinión de Jiménez, las acusaciones tienen “una pobreza en la argumentación fáctica, en la forma en que relatan los hechos y los conectan supuestamente uno con otro”.
La argumentación jurídica, abundó, “es forzada, el Ministerio Público en lugar de argumentar y esclarecer los hechos, toma un tipo penal e intenta forzar todos los hechos para que encajen”.
Hasta ayer, Jiménez también llevaba la defensa del ciudadano chileno Lawrence Maxwell Ilabaca.
Familiares del único extranjero detenido decidieron nombrar a nuevos defensores, Karla Michel Salas y Miguel Peña, miembros de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), que agrupa juristas dedicados a apoyar a miembros de organizaciones sindicales, campesinas y de derechos humanos.
Dennis, quien se encuentra en Veracruz para estar al pendiente del proceso de su hermano, afirmó en una entrevista radiofónica que su familia y amigos afirman que la detención de Lawrence fue arbitraria, pues –dicen—él no participó en la protesta y fue arrestado cuando recién llegaba a la periferia del Zócalo en su bicicleta.
Lawrence, quien es estudiante de doctorado en la UNAM y fue trasladado el sábado al penal de máxima seguridad en Xalapa, Veracruz, recibió la visita de su hermano la tarde del lunes.
Dennis afirmó que se encuentra “bien y tranquilo” de que las acusaciones en su contra “se van a resolver a su favor”.
Sin dar detalles del trato que ha recibido su hermano en el penal, dijo que de acuerdo con lo que conversaron “todo el proceso fue intimidante” y por ahora no presenta daños físicos notables.
El hermano de Lawrence dijo que lo único que pide su familia es que se lleve a cabo “un proceso transparente y justo”.
“Esperamos que la justicia en México funcione como debería funcionar. Si el juez hace un trabajo sensato y pone atención a todas las pruebas que hay y a la forma en que se llevó a cabo el arresto, (Lawrence) debería salir libre”, afirmó.
A pesar de ello, el chileno naturalizado estadunidense, dijo que su familia no descarta la posibilidad de que la familia busque entrevistarse con la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, debido a la “situación injusta” que vive Lawrence y que los ha llevado a buscar el apoyo de “las figuras de poder (para) que participen en la defensa” y ayuden a salvaguardar la integridad de su hermano.
El lunes pasado, un juez mexicano de Veracruz negó la libertad bajo fianza a los 11 detenidos en las protestas y actos de violencia del jueves pasado en la capital mexicana.
Tres son mujeres, quienes fueron ingresadas el mismo sábado en el penal de alta seguridad Noroeste, en Tepic, Nayarit; mientras que los ocho hombres fueron enviados al penal federal Cerro de León, en Villa Aldama, Veracruz.
