Rolando Herrera
Reforma
Cd. de México (28 septiembre 2014).- La ley general de derechos de niñas, niños y adolescentes que se discute en el Congreso no es inclusiva en el caso de los infantes con discapacidad, coinciden los especialistas Adalberto Méndez y Agustín de Pavía.
La iniciativa, cuestionan, está enfocada en institucionalizar los apoyos a través de albergues y otros centros de asistencia, segregándolos en instalaciones especiales, y no en propiciar su integración social, como lo demanda la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.
«Algo que encontramos y nos alarmó terriblemente, fue el tema de la institucionalización, la creación de centros de asistencia social que lo que busca es justamente no incluir a los niños y adolescente con discapacidad», advierte Méndez, abogado especialista en derechos humanos y discapacidad, en entrevista.
«Se crea una burocracia, un sistema de centros de asistencia social, se crea incluso una nueva procuraduría. Es una ley que destina mucho presupuesto a la creación de un sistema que lejos de resolver el problema sigue fomentando la institucionalización», afirmó.
Enviar a los menores con discapacidad a centros especiales, remarca De Pavía, lejos de propiciar un mejoramiento de su condición, profundiza la segregación.
«¿Qué es la inclusión? Es dar todos los servicios dentro de la comunidad para que la persona no tenga que salir de la comunidad para recibirlos, para que no sea excluida de ésta», indica el coordinador del área de Discapacidad de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) .
«Piensan que inclusión es accesibilidad, sí es accesibilidad, pero también son servicios, son muchas cosas, y la ley no lo establece».
El pasado 1 de septiembre, el Presidente Enrique Peña Nieto remitió al Congreso, con carácter de preferente, su iniciativa de ley general para la protección de niñas, niños y adolescentes, la cual tiene que ser aprobada a más tardar el próximo martes.
Comisiones del Senado aprobaron el dictamen respectivo el pasado jueves, con diversas modificaciones, incluyendo el nombre de la ley, y el pleno lo votará el próximo lunes.
«La ley de la infancia fue creada por el problema que vimos de los niños que vivían en Michoacán en el albergue de Mamá Rosa, y todo el escándalo de lo que se vivía en ese albergue. Son exactamente las mismas condiciones de los albergues que vemos para niños con discapacidad, pero esto lo pueden ocultar muy bien bajo un modelo médico», advierte De Pavía.
La experiencia internacional, remarca, ha demostrado que es más barato implementar una política pública de servicios de apoyo para las personas con discapacidad que las instituciones especializadas.
«Un padre con un hijo con discapacidad se da cuenta que él no tiene los servicios, y entonces dónde lo pone, en un albergue, pensando que en el albergue van a tener los servicios, pero va a ser igual que en la casa, se van a olvidar de él. La Convención dice que les debes dar los apoyos para que la discapacidad no sea motivo de separación», insiste.
