Yadira Llaven
La Jornada
Puebla,Pue. Campesinos de los pueblos que habitan en las faldas del volcán Popocatépetl, en el estado de Puebla, lograron la cancelación temporal de la construcción del gasoducto que forma parte del Proyecto Integral Morelos (PIM). Esto a raíz del ingreso forzado de maquinaria pesada de la empresa Bonatti SPA, en terrenos de cultivos de la región, con el resguardo del Ejército Mexicano y la policía estatal.
También se ganó la salida de las excavadoras de los predios, para evitar que estas fueran quemadas por los opositores al proyecto.
La cancelación temporal del gasoducto comprende el tramo que va de la comunidad de Santa María Zacatepec a San Buenaventura Nealtican, luego de un bloqueo por seis horas a la carretera estatal que comunica a San Pedro Cholula con San Andrés Calpan.
El punto más álgido de la protesta se vivió cuando los labriegos amagaron al personal de la empresa italiana con quemar la maquinaria si no la sacaban de los predios donde arrasaron con milpas y plantíos de frijol y calabaza, dejando sin sustento a varias familias que viven del autoconsumo.
Bonatti SPA está a cargo de la ejecución de la obra, subcontratada por las firmas españolas Abengoa, Enagas y Elecnor, ganadoras de la licitación del gasoducto, que en marzo comenzó su construcción luego de dos años de estar suspendida por conflictos sociales.
Desde el fin de semana, la empresa ingresó excavadoras y tubería a los terrenos agrícolas de los pueblos de Atzizihuacán y Calpan, sin la autorización de los dueños de las tierras.
Esta situación obligó a que representantes de los 60 pueblos que se verán afectados por el paso del gasoducto por sus predios, sostuvieran una asamblea la mañana de este jueves, en la comunidad de Zacatepec, donde acordaron marchar sobre la ruta de la obra y bloquear una de las rutas de evacuación del Popocatépetl.
La protesta social estuvo encabezada por labriegos adheridos al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Puebla, Morelos y Tlaxcala, proveniente de las comunidades rurales de San Lucas Atzala, Santa María Zacatepec, San Buenaventura Nealtican y San Andrés Calpan.
Durante la caminata por tres kilómetros lineales, hasta donde estaban las máquinas, los labriegos quitaron a empujones la tubería que los trabajadores habían colocado para continuar con la instalación del gasoducto.
De paso, expulsaron a los empleados de Bonatti SPA de las milpas donde se encontraban colocando los ductos que transportarán gas natural desde Tlaxco, Tlaxcala, pasando por comunidades que cercan el volcán, hasta llegar a Huexca, Morelos.
Los campesinos argumentaron que no van a permitir la instalación de la obra que pone en riesgo a sus familias por estar asentada en zona de alto riesgo volcánico, como en su momento lo informó el Instituto de Geofísica de la UNAM.
“Queremos frijol, queremos maíz, queremos al gasoducto fuera del país”, fue la consigna que exclamaron los opositores a la obra, a la que bautizaron con el nombre de “proyecto de muerte”.
Después de las 13:30 horas, al bloqueo carretero arribaron funcionarios de la Secretaría General de Gobierno del estado, y Ramón González, de Comisión Federal de Electricidad (CFE), para negociar con los inconformes.
El delegado del gobierno estatal, Roberto Solano, se deslindó de la obra y culpó al gobierno de Enrique Peña Nieto de llevar a cabo la construcción del gasoducto, a pesar de la oposición de la gente.
“Son obras de cobardes que nos despojan de la tierra, ponen en riesgo la vida de nuestras familias y nuestro alimento”, refutaron los labriegos.
Finalmente, los funcionarios cedieron a las presiones de los campesinos y acordaron, tras la firma de una minuta de trabajo, la cancelación temporal de la instalación del gasoducto hasta que el próximo 4 de noviembre se abra una mesa de diálogo con autoridades federales, estatales, personal de CFE y campesinos afectados.
Llamó la atención que a pesar de tratarse de una protesta pacífica, las autoridades poblanas estuvieron custodiadas por una treintena de granaderos, y fueron vigilados desde las alturas por un helicóptero del gobierno estatal.
Durante la manifestación, las mujeres fueron las más aguerridas a tal punto que encararon al jefe de obra de Bonatti SPA, José Alí Reyes Méndez, para reprocharle que la “fabricación” de delitos en contra de campesinos, es una estrategia que ya no les funciona.
En abril pasado, Alí Reyes Méndez denunció penalmente a la líder campesina Enedina Rosas Vélez, de 60 años de edad, y al defensor de derechos humanos Juan Carlos Flores Solís, quien además es vocero del Frente de Pueblos, del supuesto robo de dos celulares.
Tal señalamiento mantiene a Enedina, en arraigo domiciliario por una afectación a su salud que se agravó en reclusión, mientras que Flores Solís continúa preso en el penal de Cholula, por el delito de “robo a gravado”, entre otros.
