Lozoya violó la «ley» al firmar contrato con dos empresas privadas para que Pemex importe hidrocarburos y financie proyectos a particulares

Luis Carriles
El Economista

Petróleos Mexicanos, la holandesa Trafigura y la mexicana Hidrobenz firmaron el 23 de julio pasado, un mes antes de que se aprobarán las «leyes» secundarias de la «reforma» energética, un contrato de asociación que permite a Pemex financiar la construcción de dos terminales de almacenamiento, y al menos dos ductos para la importación de petrolíferos en la península de Yucatán, todas instalaciones privadas.

El monto de este contrato, según los abogados que participaron en la elaboración del mismo, es de 650 millones de dólares.

De acuerdo con el contrato, Pemex, por medio de su subsidiaria PMI Infraestructura de Desarrollo SA de CV, tendrá 30% de la participación accionaria del Proyecto Yucatán; 35% está en manos de Hidrobenz, una empresa en donde William Karam Kassab funge como representante legal, al mismo tiempo que es vicepresidente de Planeación de Hidrosina, Compañía Operadora de Estaciones de Servicio; y el otro 35% es de Trafigura PTE Ltd, cuyo representante legal es Katia Marion Eschenbach Caloca, una economista del ITAM que es trader en Trafigura desde enero del 2011.

En el caso de Pemex, vía PMI Infraestructura de Desarrollo, su participación accionaria fue firmada por José Manuel Carrera Panizzo, representante legal de la subsidiaria.

El esquema de negocio planteado por los tres accionistas es el siguiente: el producto que éstos importen a tierras mexicanas -gasolina, diésel, turbosina, incluso gas LP- sea vendido a Pemex luego de ser introducido al país por los comercializadores de Trafigura.

El contrato firmado por los tres accionistas es para una coinversión en una sociedad (holding company) de propósito específico. En esta sociedad, las accionistas deberán obtener el financiamiento, constituir y controlar una empresa o sociedad operadora que estará encargada del Proyecto Yucatán.

La infraestructura que va a desarrollar Pemex para el Proyecto Yucatán consta de la construcción, operación, mantenimiento de infraestructura de transporte y almacenamiento. De acuerdo con lo que ha trascendido, se necesita que Pemex construya una terminal en Puerto Progreso de al menos unos 400,000 barriles de capacidad, una cantidad que es el doble del tamaño de almacenamiento que hay en este momento en San Juan Ixhuatepec (San Juanico).

Además de la infraestructura a construir, se va a conformar una sociedad comercializadora que será la encargada de hacer las labores de compra y venta de los productos petrolíferos, lo primero en los mercados internacionales y lo segundo teniendo a Pemex como principal comprador.

El proyecto Yucatán consta de dos ductos para transporte de productos petrolíferos y sus respectivas terminales de recepción para reparto en última entrega.

Uno de los ductos es de 350 kilómetros de longitud y un mínimo de ocho pulgadas de diámetro. En éste se va a mover producto de Puerto Progreso, en Yucatán, hacia Cancún, a una terminal de almacenamiento cercana al aeropuerto del sitio turístico.

El segundo ducto parte también de Puerto Progreso, Yucatán, a un sitio que si bien no se ha definido en este contrato, la sociedad ha indicado que será en la Riviera Maya. En el contrato se especifica que deberá de tener una longitud de 250 kilómetros de largo y tendrá además 12 pulgadas de diámetro.

Cabe mencionar que la holding en construcción es una empresa 100% privada y las aportaciones de capital se aplicarán en la misma medida en que sus acciones son relevantes: 30% provendrá de PMI, y de Trafigura e Hidrobenz 35% cada una.

“La holdco (holding company) controlará 100% de las acciones representativas del capital social de la sociedad operadora”, menciona el contrato.

En el Consejo de Administración, la representación de Pemex tendrá derecho a dos consejeros propietarios y dos suplentes (cada uno por 15% de sus acciones en la holding), cantidad similar a la que tienen cada uno de sus socios.

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