«El grado de civilización de una sociedad se mide por el trato a sus presos» – Dostoyevski
Antonio Baranda
Reforma
Cd. de México (01 noviembre 2014).- Golpes, malos tratos, robos y hasta castigos crueles sufren los menores infractores en centros de internamiento en el País.
Así se revela en un estudio financiado por la Secretaría de Gobernación y elaborado por la investigadora Elena Azaola.
El diagnóstico titulado «La reinserción sociofamiliar de los adolescentes en conflicto con la ley: de la situación actual hacia una propuesta de intervención» expone que entre los castigos están el aislamiento prolongado y la prohibición de visitas.
«A pesar de que existen prohibiciones expresas acerca de los malos tratos (…), éstos continúan ocurriendo al igual que los castigos que se aplican de manera discrecional.
«En ocasiones son desproporcionados y pueden constituir castigos crueles, inhumanos y degradantes», señala.
El diagnóstico fue elaborado este año con base en 278 entrevistas y encuestas a adolescentes que se encuentran en centros de internamiento de Morelos, Hidalgo, Coahuila y Sinaloa por haber cometido delitos graves.
Según los resultados del estudio, el 31 por ciento de los adolescentes entrevistados dijo haber sido golpeado por sus compañeros en varias ocasiones, mientras que el 46 por ciento señaló que les habían robado sus pertenencias.
Uno de los casos relatados es el de Jorge, de 16 años.
«El trato que recibo en el centro me parece es malo, y el que recibo de los compañeros es muy malo porque ahí es una cárcel, el más viejo te pisotea», asegura.
Roberto, de 17, lleva más de dos años internado por violación.
«Los compañeros me han golpeado y me han robado mis pertenencias, sin que el personal me proteja. Aquí te descompones, yo aquí me vine a pelear, aquí me drogo diario», expresó el joven.
Hay encierros en condiciones antihigiénicas, sustracción de alimentos o pertenencias, y malos tratos entre internos, principalmente de quienes tienen mayor edad o llevan más tiempo en el centro, hacia los más pequeños o recién llegados, alerta el reporte.
«La institución debe estar atenta para impedir el robo de pertenencias entre los internos y toda clase de abusos, incluyendo los abusos sexuales», indica.
«Mientras el Estado tenga la custodia de los adolescentes no puede eludir sus responsabilidades y dejarlos de proteger de cualquier agresión, sea por parte del personal, de los compañeros, o bien de personas ajenas a la institución», señala.
No obstante, el diagnóstico arroja que las deficiencias más importantes en los centros de internamiento son los insuficientes programas educativos y talleres de capacitación que se imparten para reinsertar a los jóvenes.
En todos los centros, precisa, las autoridades dijeron no tener el presupuesto necesario para poder impartir los talleres que los adolescentes necesitarían para aprender algún oficio o producir bienes por los cuales pudieran obtener algún ingreso.
«Los programas educativos son muy escasos e irregulares; los adolescentes que logran inscribirse a algún programa sólo tienen actividades durante unas cuantas horas a la semana. El principal problema que refieren es la falta de actividades», indica el informe.
Critica además la gran cantidad de horas que los obligan a permanecer encerrados en sus dormitorios.
«El tedio, el hastío, el aburrimiento y el fastidio es lo que prevalece, situación que preocupa de manera muy importante, ya que implica no poder cumplir con los fines legales que la institución tiene previstos», alerta.
Entre sus recomendaciones, el reporte de Azaola indica que la problemática que presentan los adolescentes requiere de medidas especializadas de atención.
«Lo que pueda invertirse en dotar de herramientas que permitan el desarrollo de las capacidades de los adolescentes, propiciará que se reincorporen sanamente a la sociedad e impedirá que se arraiguen en una carrera delictiva», advierte.
Destaca que las posibilidades de reincorporar con éxito a los adolescentes infractores son mucho más elevadas que las que existen para adultos en prisión, por lo que es necesario que éstos ocupen un lugar prioritario dentro de las políticas de seguridad y de prevención.
