Redacción Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- Grupos sociales acusaron al jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, de emprender una campaña de “limpieza social” contra poblaciones callejeras luego del violento desalojo de indigentes en las inmediaciones del Centro Histórico y de la formulación de cargos graves contra seis de ellos por robo en pandilla y posesión de drogas.
En rueda de prensa, los representantes de los organismos no gubernamentales denunciaron que, a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPDF), el gobierno del Mancera lleva a cabo una política de “limpieza social” con el pretexto de recuperar espacios públicos “que muchas veces sirven para entregarlos en concesión”.
Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim); Alicia Vargas, de Alianza de Poblaciones Callejeras: Jesús Robles Maloof, de Propuesta Cívica, y Miguel Concha, director del Centro Fray Francisco de Vitoria, denunciaron que el gobierno capitalino recurre a la “criminalización” de la población callejera, así como de sus defensores.
La secretaria ejecutiva de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), Agnieszka Raczynska, manifestó su preocupación por la puesta en marcha de esa política, con la que se vulneran “los derechos humanos de la infancia, de jóvenes y de personas de la tercera edad que viven en situación de calle ante una situación creciente de pobreza”.
Alicia Vargas recordó que a partir de 2012 se han registrado hechos violentos contra indigentes en las ciudades de Guadalajara, San Cristóbal de la Casas, Veracruz, Puebla, Tijuana, Juárez y Distrito Federal como parte de programas denominados de “reordenamiento urbano”, de “repatriación de población migrante interna” y de “recuperación de espacios públicos”.
En el marco de esos esquemas, acusó, en la capital “se han agudizado las agresiones, las amenazas, intimidaciones e incluso se han registrado casos de tortura de niños y jóvenes a los que policías les ha aplicado en sus genitales descargas eléctricas”,
El año pasado, abundó, “registramos la agresión contra un niño de 11 años”, en tanto que en el norte del país se han puesto en marcha redadas en las calles, así como abandonar en el desierto a la población callejera en el desierto.
La defensora señaló que, en caso de la Ciudad de México, los indigentes son víctimas recurrentes de detenciones arbitrarias.
“En los últimos dos años –denunció– hemos visto cómo a niños y jóvenes se les inventan delitos, son consignados sin testigos ni víctimas y sólo por la acusación de los policías que los detienen; lo grave es que por esos delitos inventados quedan marcados con antecedentes penales”.
Vargas resaltó que las violaciones a los derechos de estas personas van en crecimiento a la par que su presencia va aumentando en la capital del país sin que existan programas para su atención.
“Mientras en 1995 en un estudio que se hizo se registró la existencia de unas cien familias en el corredor de la colonia Roma-Chapultepec, hoy hay mil familias que han creado redes de sobrevivencia ante la falta de oportunidades y de reinserción social”, apuntó.
En el caso específico del grupo desalojado de la calle Artículo 123, el 22 de abril, Juan Martín Pérez resaltó que a través de donativos entregados a la presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred), Jaqueline L’Hoist Tapia, “se reunieron 25 mil pesos para pagar las fianzas de cinco de los 11 consignados”.
También detalló que los otros seis, internados en el reclusorio norte, están siendo procesados por la posesión de 53 dosis de cocaína y robo en pandilla.
Sobre estas acusaciones, integrantes del mismo grupo de indigentes señalaron que la droga les fue “sembrada” y que la acusación de robo es sostenida por personas que fueron pagadas por policías.
Pérez García apuntó que, desde 1995, durante el gobierno del último regente del Distrito Federal, el priista Oscar Espinosa Villarreal, se planteó el relanzamiento del Centro Histórico, y a partir de ahí las poblaciones callejeras establecidas en el corredor Reforma-Alameda-Centro Histórico han sido permanentemente hostilizadas.
Actualmente, aclaró, “desde el gobierno de la ciudad, las jefaturas delegacionales, el Consejo Ciudadano del Centro Histórico y la Autoridad del Centro Histórico, hay una tendencia a retirar a la población callejera para no afectar la inversión inmobiliaria”, resaltó el director ejecutivo de la Redim.
Pérez García apuntó que mientras se busca proteger la inversión privada, no hay “una política de atención a la población callejera, y basta ver los recursos que se destinan para la rehabilitación de la zona, que el año pasado fueron de 5 mil millones de pesos”, mientras que para la atención de indigentes en el Instituto de Asistencia e Integración Social (Iasis), que depende de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) local, sólo tuvo 300 millones de pesos como presupuesto”.
También destacó que en el último reporte de Iasis sobre la atención a la población callejera ésta se cifró en unas 4 mil personas.
El director de Redim además deploró el que desde la Sedeso se esté impulsando la política de “elimina a todos los que no están en la visión higiénica de la ciudad”, toda vez que en el sexenio de Marcelo Ebrard, el anterior director, Jesús Valdez, “realizó un censo que arrojó la existencia de 176 grupos para después hablar de la limpieza de 90 de ellos”.
Juan Martín Pérez alertó en que además de las detenciones arbitrarias y la expulsión de indigentes, “se están separando a las familias con el argumento de que la madres no tienen capacidad moral ni material para sostener a sus hijos”.
La Redim, señaló, “defiende 12 casos en que niños y niñas fueron arrebatados de sus padres en los que, bajo coacción, las madres fueron obligadas a entregar a sus hijos al DIF, pero como éste no tiene albergues, los entrega a instituciones privadas a las que cada mes les paga una mensualidad sin que exista una supervisión de esos locales”.
Después de recordar el caso de Casitas del Sur, de donde fueron sustraídos 11 niños, Pérez García acusó al gobierno capitalino de alentar una política discriminatoria hacia las madres en condición de calle, pues “no les permiten ver a sus hijos, son criminalizadas por vivir en la calle y sus hijos son trasladados fuera de la ciudad sin que la autoridad local se haga responsable del traslado”.
Jesús Robles Maloof, de Propuesta Cívica, resaltó que en el último año las ONG han documentado 500 detenciones arbitrarias cometidas por policías de la SSP, “sin que haya sanciones para quienes cometen las violaciones a derechos humanos”.
Enseguida apuntó que esas detenciones han ocurrido “entre personas que hicieron uso del espacio público para protestar o para distribuir propaganda, pero en el caso de las personas que habitan en la calle, no sabemos cuántas más han sido víctimas por su condición de vulnerabilidad”.
También recordó que hasta ahora “sólo hay un policía sancionado por aventar un balde de agua a una persona en condición de calle, y por otro lado vemos a personajes como Luis Rosales Gamboa, a quien se señaló por los trágicos hechos del New’s Divine, quien ahora es subsecretario de la SSP. El mensaje pareciera ser que no sólo no se castiga la violación de derechos humanos sino que se premia”.
El abogado señaló que mientras los policías se mantienen impunes, los indigentes son sometidos a procesos penales “con el puro dicho de los policías, y el delito más frecuente es el de injurias, y la población callejera sometida a ese proceso tiene que demostrar que no incurrió en ese ilícito”.
Miguel Concha también manifestó su preocupación por la criminalización de las personas que viven en la calle, así como de sus defensores.
Luego de destacar que el Copred identificó a la población callejera en el octavo lugar de discriminación en la capital, el sacerdote dominico recordó que el trato discriminatorio hacia indigentes “sólo se había visto en países como Colombia y Brasil, pero ahora vemos que esa política de limpieza social se quiere implantar en ciudades de Jalisco, Baja California, así como en Cancún, Quintana Roo, y pareciera que el DF no se quiere quedar atrás”.
Concha Malo insistió en que en el caso específico de los indigentes de Artículo 123 procesados e internados en el Reclusorio Norte “no se han admitido las pruebas de descargo presentadas por sus familiares”.
El religioso dijo que testimonios de indigentes víctimas del desalojo han sido desestimados, mientras que activistas también han sido víctimas de intimidación y hostigamiento por estar presentes en el desahogo del proceso judicial.
“Las personas que pertenecen a calle no son considerados como sujetos de derecho sino como basura que hay que limpiar”, lamentó Concha Malo para enseguida señalar que los indigentes son agredidos por “tener una apariencia que no es del agrado de las autoridades y porque se trata de personas que son discriminadas porque simple y sencillamente están socialmente excluidas”.
El sacerdote insistió en que en el proceso judicial se descalifica a los indigentes, “los jueces no aceptan las pruebas que aportan los familiares porque son de la calle, y esa población para las autoridades no existe, no cuenta”.
Por último, denunció que en el seguimiento al proceso jurídico que se sigue a los seis indigentes que siguen en prisión, al MP le irrita “que estén presentes miembros de organizaciones civiles que no tienen otro propósito más que acompañar a los acusados; los defensores tienen que soportar las caras feas que les ponen, como diciéndoles ‘este es un proceso secreto’, les cierran las puertas a los defensores de derechos humanos y eso no se vale”.
