Sara Pantoja
Proceso
MÉXICO, DF, (apro).- El pasado 21 de mayo, pobladores de San Bartolo Ameyalco trataron de impedir por la fuerza el ingreso a su comunidad de trabajadores y maquinaria del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) para concluir los trabajos del ramal del Río Lerma-Cutzamala que supuestamente beneficiará a unas 20 mil personas del pueblo.
Incluso, se trenzaron a pedradas y palos con unos dos mil elementos del Cuerpo de Granaderos que enviaron la delegación Álvaro Obregón y el gobierno capitalino. El saldo del enfrentamiento fue varios habitantes y policías heridos y cinco detenidos. A la fecha, todos ellos siguen en prisión.
A siete meses de distancia, las autoridades capitalinas regresaron hoy a San Bartolo sin mayores problemas, sólo con la vigilancia de 12 policías auxiliares. Llegaron también trabajadores del Sacmex a concluir las obras en la avenida Camino Viejo a Mixcoac, esquina con Margot.
Ahí, Joaquín Meléndez, director general de Gobierno de la delegación, informó que los trabajos forman parte de la última etapa de construcción del ramal Río Lerma-Cutzamala, que abastecerá a las privadas de Margot, Madero, Ixtlahuaca y Torres de Tepito.
El beneficio, explicó en entrevista, será para 20 mil habitantes que hasta ahora no tienen servicio de agua potable y se abastecen con el servicio “irregular y caro” de pipas particulares o por el sistema de tandeo.
Serán tres puntos del poblado en los que se cortarán tuberías y se construirán cajas de válvulas “para que se vea que no hay mezcla de las aguas del manantial de San Bartolo con el Cutzamala”. Ese, agregó, era uno de los argumentos por los que se opusieron algunos habitantes.
Con palas, pico, una cortadora y un trascabo, los trabajadores realizaron el primer corte del pavimento, ante la presencia de personal de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) que dio constancia del cumplimiento de una de las medidas cautelares que solicitó a la delegación desde que empezaron las protestas.
Meléndez informó que a partir de que se concluya la separación de los ramales, comenzarán las pruebas. “Estamos concluyendo con las tomas domiciliarias y, en una semana, si técnicamente todo funciona, ya habrá servicio para la gente”, dijo. Agregó que esta obra garantizará el abasto del líquido durante los próximos 20 años.
El recuerdo
Los trabajos ya habían empezado cuando llegó Guadalupe Sánchez, integrante del Consejo del Pueblo de San Bartolo Ameyalco. Y es que, apenas unos minutos antes recibió una llamada de personal de la delegación Álvaro Obregón para avisarle que empezarían las obras y debía estar ahí para atestiguar el hecho.
Ella formó parte de los vecinos que durante meses exigieron a las autoridades información clara y precisa de los trabajos proyectados. También manifestaron su temor porque las aguas del Cutzamala se mezclaran con las del manantial y que la obra tuviera el interés oculto de saquear el líquido para abastecer a los edificios habitacionales en construcción en la zona de Santa Fe.
Al llegar al lugar, inevitablemente le llegaron los recuerdos:
“El 21 de mayo fuimos encapsulados por 5 mil granaderos y nos agredieron. A mí no me vengan a decir que fueron dos mil porque yo los vi, recorrí todo el pueblo como pude. Aquí en este mismo lugar vi cómo subieron al primer detenido, el muchacho no hizo nada y se lo llevaron preso”.
Con voz entrecortada, siguió su relato: “Suplicamos que se nos permitiera la entrada al centro de salud para constatar que no había nadie herido. Ellos provocaron a la población, después de que ya había niños y ancianos, gente lastimada, pero nadie quiso ir a levantar un acta al ministerio público por temor a que fuéramos detenidos porque nos estaban acusando como agresores”.
Todavía un día antes del 21 de mayo, agregó, le pidió a Miguel Ricaño, representante del Sacmex, “que nos diera la información completa del proyecto. El 20 de mayo nos dijo: pues aténgase a las consecuencias”.
Aquella mañana decenas de personas, policías y hasta representantes de la prensa resultaron heridos entre el zafarrancho –con piedras, palos y toda clase de proyectiles– que se prolongó durante varias horas en el pueblo.
Hoy, a siete meses de aquellos hechos violentos y frente al director general de Gobierno de la delegación, Guadalupe Sánchez mostró reserva sobre el beneficio de la obra.
También aprovechó para denunciar que con los trabajos hidráulicos hubo repercusiones: un desbordamiento en la calle de Cedros, calles sin pavimentación, una fuga cerca del Cetis. “Tenemos meses reportándola, tengo los números de oficio, pero nadie nos hace caso. Es lastimosa las condición en la que nos tienen al pueblo”.
Nos traen programas (sociales) que vienen a violentar a la gente que de por sí está enojada aún por los cinco detenidos, pues ya no hay delito qué perseguir”.
Y lo peor, agregó: “En zonas donde no teníamos agua, ahora ya no falta, ahora hasta se han reventado las tuberías. Por ejemplo, en la calle Ojo de Agua hay una megafuga y a pesar de los reportes, nadie viene a repararla”.
El pasado 11 de diciembre, los abogados de las cinco personas que permanecen presas acusadas de ataques a la paz pública el día del enfrentamiento, informaron que el juez séptimo de Distrito de Amparos en materia penal en el Distrito Federal les otorgó un amparo y determinó la reparación del proceso.
Agregaron que el 15 de diciembre se determinaría si la acusación de ataques a la paz pública con la agravante cometida contra el ejercicio debido de la autoridad estuvo bien fundamentada por la Juez 56 Penal del Tribunal Superior de Justicia. De no ser así, los cinco podrían quedar en libertad.
