Alejandro Gutiérrez
Proceso
MADRID (apro).- “El silencio que guardan las principales instituciones de gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea ante un hecho tan atroz como la muerte y desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa es aún más notorio si tomamos en cuenta que este caso no es la excepción, sino la regla de la violencia extrema que vive México”, advierte la periodista Mabel González Bustelo.
Investigadora en conflictos armados, narcotráfico y terrorismo, y autora del libro Narcotráfico y Crimen Organizado. ¿Hay alternativas? (Icaria, 2014), publicado en España y de próxima aparición en México, la entrevistada critica la actitud de la comunidad internacional frente al fracaso del Peña Nieto en el combate a la inseguridad y la delincuencia organizada.
“No se pueden voltear para otro lado sin fijar una posición de contundencia frente al gobierno de México. Este caso atroz no es una excepción, sino es lo que está pasando continuamente en el país. La excepción en todo caso es que la repercusión de los hechos en Iguala le rompe su esquema a (Enrique) Peña Nieto, pero es uno de tantos hechos de violencia que se registran en México”, acusa.
En entrevista con Apro, la investigadora asociada del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) sostiene que en lugar de usar su capacidad para reaccionar e influir ante Peña Nieto, “tanto Estados Unidos como la Unión Europea prefirieron comprar la imagen del «presidente reformador» [SIC], porque les convenía para los intereses de sus empresas”.
Añade: “No es que compren a Peña Nieto per se, sino al líder latinoamericano que moderniza la economía, que significa la apertura al capital extranjero, hay muchos intereses en juego”.
También es crítica con los medios de comunicación internacionales que compraron esa imagen del Peña y tardaron mucho en reaccionar, incluso, varias semanas después de sucedida la desaparición de los estudiantes en Iguala. “Parece que a los medios internacionales también este hecho les rompió la narrativa que tenían de Peña Nieto”, apunta.
Aun así, González Bustelo resalta como muy válida la posición crítica de los eurodiputados Verdes en el Parlamento Europeo y de los parlamentarios alemanes, “si no esto pasa sin que nadie diga nada y aquí todo mundo tiene su responsabilidad”.
Iguala: “Narco 2.0”
A partir de la tesis que desarrolla en su libro sobre la nueva constitución de las mafias del narcotráfico, como la “red 2.0”, simulando la organización de nodo que tiene internet, la investigadora sostiene que en México la atomización de los grupos criminales están asumiendo esa forma como redes auto-organizadas y con inteligencia propia.
“El cartel de los Beltrán Leyva es el que mejor ejemplifica como una organización que venía del negocio tradicional, como asociados del cartel de Sinaloa, con un papel relevante, sufre el descabezamiento de sus líderes e inician sus rivalidades con Sinaloa.
“La consecuencia –prosigue– fue un desmantelamiento de esa estructura y de ahí emergen una gran cantidad de grupos en la región de Guerrero y Morelos, incluidos los Guerreros Unidos y Los Rojos, hoy rivales”.
Actúan de manera diferente, son “grupos más pequeños y más especializados en un área geográfica más concreta”, por tanto, complementan sus actuaciones en el negocio central del tráfico de drogas con otras actividades como el tráfico de personas, la extorsión y el secuestro.
González Bustelo precisa que en Colombia este proceso tuvo sus propias particularidades, pero algo similar sucede en México con la atomización de los grandes cárteles. Y “las nuevas organizaciones más pequeñas buscan captar a las autoridades locales para facilitar sus actuaciones, como sucedió en el caso de Iguala o de Cocula”.
Subraya: “Lo que vemos en esta suerte de narco 2.0 es que estas nuevas formas del crimen organizado pasan de la fase parasitaria a la fase simbiótica, es decir, pasan de la fase de ‘plata o plomo’ de la era de Pablo Escobar o los viejos carteles mexicanos, a la fase simbiótica, donde tanto las mafias como los gobiernos captados se benefician por igual, donde las fronteras entre ambos se borran”.
Por ello, también las rivalidades entre grupos criminales, como sucede con Guerreros Unidos y Los Rojos –otra escisión de los Beltrán Leyva– se traslada a la rivalidad entre autoridades de uno y otro bando. Y la violencia incluye a la población misma.
En estas nuevas formas de narcopolítica, sostiene, es un esquema diferente al ‘plata o plomo’ porque no estamos ante autoridades coaccionadas, sino que esos puestos de autoridad representan los intereses del narco.
Fracaso de política de seguridad
Exinvestigadora del Centro Internacional de Paz y activista de Greenpeace-España, la entrevistada recuerda que el Peña Nieto ganó las elecciones [SIC] “con la promesa de terminar con la guerra contra las drogas en la que metió Felipe Calderón al país”, que habían causado, según cifras conservadores, más de 60 mil muertos y 26 mil desaparecidos reconocidos.
“Pero una vez que gana las elecciones y toma el poder, su estrategia real contra la violencia es hacer todo lo posible para que los medios mexicanos y los medios internacionales no hablen de ella y adopta el carácter del reformador (en materia de energía, de telecomunicaciones, etc), pero sobre seguridad su estrategia es que hablar del tema no sea lo prioritario. La violencia deja de ser relevante en el discurso público, porque el proyecto es vender otra imagen de México, pero en lo básico la estrategia no cambió, es exactamente igual a la de Calderón”.
Y algunas de sus promesas no fueron cumplidas, como la creación de la Gendarmería Nacional, con 40 mil integrantes independientes y trabajando codo a codo con la Policía federal. Al final, la gendarmería ha quedado en que podría llegar a ser un cuerpo de 5 mil efectivos empotrados, es decir, dentro de la Policía Federal, pero digamos que de la idea original no queda nada.
Lo que sí continúa igual, explica, es el despliegue de las fuerzas militares, en números iguales o superiores, y con mayor autonomía de la que tenían en el gobierno anterior.
Lo que no se aborda son las grandes cuestiones como la mejora del sistema de justicia, del sistema policial, la lucha contra la corrupción, que son tareas que México tiene pendientes, “por eso las medidas de Peña Nieto han sido irrelevantes”.
En relación a la información que el gobierno de México tenía desde marzo de 2013 sobre la infiltración del narcotráfico en los municipios de Guerrero, como lo documentó Proceso, la entrevistada sostiene que de acuerdo con la información con que cuenta, efectivamente el gobierno de Peña Nieto ya tenía esa información y denuncias contra el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda, “pero no se hizo nada. Era la época en que se decía, ‘de esto no hay que hablar’”, ironiza.
“Y lo que pasa ahora creo que tiene que verse como un resultado desgraciado de una serie de tendencias que se veían venir y de la que el gobierno tenía información, que como el caso de los 43 estudiantes desaparecidos ya venían ocurriendo y podía pasar en cualquier otro momento”.
Durante la entrevista, González Bustelo resalta el hecho de que durante las movilizaciones por la búsqueda de los normalistas aparecen otras fosas con cuerpos que no corresponden a los de Ayotzinapa. “Eso rebasa cualquier capacidad de asombro, porque esas mismas fosas dan una idea del grado de violencia, de impunidad y de silencio de lo que está pasando. Cómo es que nadie sabía o había tomado medidas; cómo ante un horror aparece otro. Es una muestra del fracaso de las instituciones y del fracaso de la política de seguridad el hecho de que los busques a ellos y aparezcan otros”.
Respecto de las soluciones, que podrían ser a mediano o largo plazo, la entrevistada explica: “Aquí recurro a una frase del investigador Edgard Buscaglia, que dice que la lucha contra el narco que debiera involucrar a todos los partidos y sociedad civil no va a tomarse en serio en México hasta que no empiecen a sufrir las élites, como sucedió en Colombia”.
Insiste: “En Colombia las élites no comenzaron a tomarse en serio esa violencia, hasta que empezaron a sufrirla con secuestros y asesinatos, pero mientras la sufría esa otra sociedad, la que les resulta un poco ajena a las élites, no pasaba nada. Frente a este hecho, en México creo que es igual, de lo contrario no puedo comprender esa enorme distancia de la élite política y empresarial”
En México, agrega, ha resultado “más cómoda la inercia”, en una suerte de “pacto de impunidad: ‘Yo respeto a tus corruptos y tu respeta a los míos’, que lo rompe el caso Iguala, donde tienen que actuar contra autoridades emanadas del PRD”.
La periodista sostiene que un nuevo elemento en el escenario es la sociedad mexicana que vio rebasada su tolerancia o incluso su frustración ante estos hechos. “La sociedad podría ver que esa gota colmara su vaso y reaccionara fuerte, con movilizaciones pacíficas pero contundentes, que pusiera al gobierno y a la clase política en la disyuntiva de tener que ofrecer cambios y salidas reales”.
Sin embargo, sostiene que hasta el día de hoy México ha sido omiso en la aplicación de medidas concretas a la Convención contra el crimen Organizado, que tiene firmada. “Hasta ahora no ha habido voluntad de aplicarlas, y si firmas una convención, lógico es que debas instrumentarla”.
