Jesusa Cervantes
Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- Tlatlaya es el “paradigma de la violencia, impunidad y violación a derechos humanos” por parte de las fuerzas armadas en México, sostuvo Javier Hernández Valencia, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.
El representante de la ONU-DH sostuvo, al tomar como referencia el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que los hechos ocurridos el 30 de junio en San Pedro Limón, del municipio mexiquense de Tlatlaya y donde 22 civiles murieron a manos del Ejército, “sintetizan” en un solo evento todos los momentos de mayor violencia y muerte del país.
“Tlatlaya es un caso que nosotros llamamos paradigmático. Paradigmático significa que el caso sintetiza y tal vez nos da la oportunidad de encontrar no sólo la línea roja en la cual el delito y los responsables puedan ser identificados, sino las fallas que probablemente varios institutos intervinientes han reflejado.
“Y, si vamos más allá, diría (que sintetiza) los tiempos especiales en los cuales en México son los números altos de muertos, son los números altos de incidente. En una sola ocasión capturan la atención y el trabajo de la opinión pública”.
El alto comisionado de ONU-DH dijo luego que la impunidad en México se acumula y los casos se suceden uno tras otro, y por esta razón habla no sólo de Tlatlaya sino de varios eventos en que se han visto involucradas fuerzas del Estado, como el Ejército o policías.
–¿Por qué cuando habla de Tlatlaya hace referencia a otros casos y, a partir de esto, cuál es la percepción de los derechos humanos aquí en México?
–Creo que hay una cosa que en el trabajo de nuestra oficina ha sido permanente, que es el de buscar, primero, el que las víctimas sean reconocidas, visibilizadas, dignificadas y merezcan la atención de las instituciones.
“Yo no haría referencia a los dos jóvenes regiomontanos, no haría referencia a las familias de los 11 cazadores, no haría referencia a doña Guadalupe Fernández, que me envió desesperada un mail diciendo: ‘¿Y mi desaparecido ¿Por qué no se busca con la intensidad con la que se busca a los 43 muchachos de Ayotzinapa?’ Y no haría referencia al caso Ayotzinapa si no fuera porque los casos se suceden y se acumulan sin que resolvamos el nudo de impunidad”, fustigó.
También alertó sobre el desinterés que causa un hecho de grave violación a los derechos humanos cuando surge otro nuevo evento, en referencia a Tlatlaya y, tres meses después, a Ayotzinapa.
Pero también llama la atención, prosiguió, a la forma en que un acontecimiento se da a conocer de manera “escueta” sin generar reacción entre la sociedad, como no sea entre los medios de información.
“Y que cuando avanzamos, y está bien que se avance en los casos paradigmáticos, demos por clausurado el trabajo en los otros casos pendientes y, peor aún, nos topemos con la reacción social de que cuando las noticias son dadas de manera escueta y dentro de una dinámica o un parámetro, bueno, ese es el resultado, y no haya resorte social más que el de los profesionales de la prensa que se pregunten: ‘¿Es eso posible y cómo es que es posible?’”
Hernández Valencia subrayó que el caso Tlatlaya es paradigmático porque sintetiza o muestra un patrón de comportamiento de elementos del Ejército mexicano.
“Y en ese espacio (de Tlatlaya), las familias de un desaparecido, las familias de, por ejemplo, los dos estudiantes del Tec de Monterrey que murieron, también ya hay una recomendación que así lo señala y señala responsabilidades del Ejército.
“Esas familias deben hoy estar tan profundamente dolidas del silencio y el olvido de sus casos, el silencio y la falta de reacción e interés por sus casos, como el de las familias de los 11 cazadores desaparecidos en Zacatecas, también tomados y capturados por las policías”.
Y nuestro problemas, deploró, “es que no logramos producir los cambios institucionales para prevenir que esto siga sucediendo y para sancionar a los responsables cuando los encontramos.
“Hablar de Tlatlaya es obviamente importante, pero sólo tiene sentido si hablamos de Tlatlaya en un contexto más amplio”, alertó Hernández Valencia, quien se reunió con el grupo de trabajo de legisladores que da seguimiento a la ejecución extrajudicial de 22 presuntos criminales a manos de elementos del Ejército en una bodega de San Pedro Limón, en Tlatlaya.
Por otra parte, la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado en donde informa que, a partir de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado mexicano para el caso Tlatlaya, autoridades de Segob, Relaciones Exteriores, OGR y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se reunieron con “los representantes y la víctima beneficiaria de dichas medidas”.
En esta reunión, detalló, “se acordaron las acciones de atención y ayuda inmediata, así como la ruta a seguir para su implementación. En este contexto, el Estado reconoce a la víctima y testigo sus aportaciones para el avance de las investigaciones y asume el compromiso de su protección y atención integral”.
El comunicado sólo reconoce a “una” víctima, la cual no identifica pero se presupone que se trata de la madre de la joven de 15 años ejecutada en Tlatlaya. Nada dice de las esposas o familiares de los otros 21 masacrados.
