Antonio Heras
La Jornada
Tijuana, BC. Un centenar de policías antimotines sitiaron el Congreso local para contener las protestas de maestros y personal de apoyo a la educación que se oponen a las reformas de la Ley del Issstecali, organismo de seguridad de los trabajadores estatales.
Representantes y trabajadores del magisterio mantienen su protesta en la Plaza de los Tres Poderes para evitar un “albazo legislativo” que perjudicaría los derechos de más de 50 mil empleados en la entidad, mientras que las instalaciones se encuentran resguardadas por agentes de la Policía Estatal Preventiva y la Policía Ministerial. Hay agentes dentro y fuera del Congreso, confirmaron fuentes legislativas y de la Secretaría de Seguridad Pública.
El pretexto para la petición de solicitar la fuerza pública fue el amago de quemar las puertas del recinto legislativo por supuestos profesores que dijeron estar inconformes con la decisión de los diputados locales. Al tiempo que el personal de seguridad privada concentraba los extintores, el presidente de la Mesa Directiva, el priísta David Ruvalcaba, pidió la intervención de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia del Estado y ordenó cerrar las puertas del Congreso para contener a los manifestantes.
De manera paralela, en la ciudad de Tecate se celebró una sesión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, presidida por el perredista Roberto Dávalos, quien anunció que votaría contra la modificación del artículo 99 de la Ley el Issstecali porque conculcaba los derechos de los trabajadores.
Integrantes del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación (SETE), de la sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de los maestros pensionados y jubilados irrumpieron en la sala donde sesionaban los diputados, lo que provocó la salida de los legisladores priístas Miriam Ayón y René Mendivil, además de Rodolfo Mayoral del Partido Estatal de Baja California, por lo que se rompió el quórum y se designó un receso. El perredista Dávalos advirtió que la salida de los legisladores del PRI y PEBC se originó por la presión que ejerció el magisterio.
La propuesta de reforma a este artículo busca dividir en tres grandes rubros a los empleados sujetos a la atención del Issstecali que se encuentran en las nóminas de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Baja California: maestros, burócratas y personal administrativo y de seguridad.
Los legisladores del Partido Acción Nacional y del Revolucionario Institucional apoyan las modificaciones propuestas por el gobernador panista Francisco Vega de eliminar la jubilación dinámica de los integrantes del magisterio y reducir a la mitad el aguinaldo de los pensionados y jubilados, entre otras medidas.
Estas reformas constitucionales autorizan además al Poder Ejecutivo para adquirir deuda pública y crear un fideicomiso de 4 mil millones de pesos que permita rescatar las finanzas del organismo estatal que atiende también a empleados de la burocracia del Congreso y del Tribunal de Justicia Superior de Justicia.
A diciembre de 2014 existe una lista de 3 mil 200 maestros sujetos a jubilación pero se mantienen en sus centros de trabajo porque el Issstecali carece de recursos para finiquitar su relación laboral activa.
La dirigencia y agremiados del SETE advirtieron que los trabajadores han cumplido con el pago de cuotas, a diferencia de los patrones que no han entregado sus aportaciones conforme a la ley, además que los gobernantes han usado los fondos de Issstecali para interés personales y políticos.
El presidente del Congreso declaró por separado que ningún presidente municipal ni gobernador sustrajeron el dinero de los maestros y la burocracia, sino que se canalizaron a otros rubros, por lo que advirtió que es grave hacer acusaciones.
A excepción de Tijuana, los ayuntamientos de Mexicali, Tecate, Playas de Rosarito y Ensenada mantienen adeudos con el Issstecali, así como el propio gobierno estatal, sobre todo porque no enteran las cuotas que les descuentan a los empleados vía nómina ni entregan las aportaciones a que están obligados como patrones.
En la Procuraduría General de Justicia del Estado se encuentra, entre otras, dos denuncias penales por peculado, abuso de autoridad y coalición de funcionarios contra el exalcalde de Mexicali, el priista Francisco Pérez Tejada Padilla. La denuncia interpuesta por la Sindicatura Municipal es por 960 millones de pesos, al tiempo que la que presentó el sindicato de burócratas es por 600 millones de pesos. La acusación es porque Pérez Tejada les descontó las cuotas pero no las entregó al Issstecali.
