Ocurren una y otra vez, a tal grado que ya se han vuelto parte de la cotidianidad de Oaxaca: los llaman “partos fortuitos”. No es más que un fenómeno de discriminación y negligencia médica que ha llevado a 14 mujeres –indígenas en su mayoría– a parir en la calle, en un baño, en un auto o, en casos extremos, a perder a sus bebés o incluso a morir. El tema llegó ya a la CIDH, la cual llamó al titular de Salud estatal, Germán Tenorio, para quien el hecho de que una mujer dé a luz en la banqueta “es un asunto de seguridad pública”.
Pedro Matías
Proceso (Foto: AP / Proceso)
OAXACA, Oax. (Proceso).- Dar a luz en la calle se ha vuelto algo cotidiano en Oaxaca. En poco más de un año en esta entidad 14 mujeres parieron en calles, baños o patios auxiliadas sólo por sus familiares, o recibieron atención tan deficiente que tuvieron consecuencias fatales, en eventos atribuibles a negligencia del personal de los servicios estatales de salud.
Y para el responsable estatal del sector, el que una mujer dé a luz en una banqueta no le concierne, porque se trata de “un asunto de seguridad pública”.
El caso de esos partos no atendidos adecuadamente llegó ya a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual se comprometió a enviar –en una fecha no determinada– un grupo de observadores a México para averiguar por qué el Estado no atiende las convenciones internacionales sobre derechos de la mujer y de la infancia. Además derivaron en tres recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y en 12 quejas ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).
Y aunque son 14 los casos documentados, el que atrajo la atención mundial fue el de la mazateca Irma López Aurelio: una fotografía de las condiciones en las cuales parió en el patio del centro de salud rural de Jalapa de Díaz circuló profusamente en las redes sociales.
Esa imagen hizo que la organización civil Avaaz recabara 50 mil 500 firmas para exigirle al gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, la renuncia del secretario estatal de Salud, Germán Tenorio Vasconcelos.
La directora de campañas de Avaaz, Alice Jay, justificó la petición ciudadana pues Tenorio “no cumplió con las expectativas de su cargo al desestimar la urgencia de destinar recursos y esfuerzos para frenar la discriminación del servicio de salud”, se asienta en la petición.
Jay añadió que casi 25% de las mujeres de Oaxaca parieron fuera de hospitales en 2011, mientras que organizaciones locales estiman que 80% de las madres indígenas y de poblaciones rurales de Oaxaca son sometidas a tratos discriminatorios, violencia psicológica, física y verbal durante el control del embarazo y atención del parto por parte del personal de las clínicas comunitarias y hospitales.
Mala atención
La lista de este tipo de alumbramientos –relación que tienen la CNDH y la DDHPO– comienza con el caso de Yazmín Verónica Sánchez, quien el 27 de febrero de 2013 no fue atendida –presuntamente por negligencia– en el centro de salud de San Juan Chapultepec, en esta capital, y parió en la calle.
El 18 de julio de 2013 la mazateca Cristina López dio a luz afuera del centro de salud rural de San Felipe Jalapa de Díaz; por este caso la CNDH emitió la recomendación 8/2014 al gobierno de Cué por “la negativa al derecho a la protección de la salud e inadecuada atención médica”.
Ese día, hacia las 00:30 horas, la indígena de 29 años y con 37 semanas de embarazo comenzó el trabajo de parto y acudió al centro de salud, pero lo encontró cerrado.
“Alrededor de media hora después –dice el documento de la CNDH– dio a luz en el patio de ese centro de salud rural, sin asistencia de personal calificado y sin ninguna medida de salubridad.”
Un caso más, que llegó a la CIDH, ocurrió el 2 de octubre de 2013 cuando Irma López Aurelio, de 28 años, parió en el patio trasero de la clínica rural del municipio de Jalapa de Díaz. La CNDH emitió la recomendación 1/2014 al gobierno de Gabino Cué por la “inadecuada atención médica”.
Irma había acudido la mañana de ese día al centro de salud por tener ya los dolores de parto; una enfermera la examinó y constató la dilatación que presentaba, pero le indicó que volviera media hora después, cuando llegara el doctor de turno. La mujer salió del centro de salud y ahí ocurrió el parto.
El Observatorio de Mortalidad Materna y los comités nacional y oaxaqueño Por una Maternidad Segura denunciaron la muerte –el 19 de octubre de 2013– de Bonfilia N., auxiliar de enfermería quien presentó complicaciones durante el parto en el hospital rural del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Santiago Jamiltepec. Este caso generó “una profunda indignación ante una muestra más de violación a los derechos humanos y la exigencia para el esclarecimiento del caso y el resarcimiento del daño”.
El 25 de octubre de 2013 Cinthia Gisel López Aristeo tuvo a su bebé en el baño del centro de salud del municipio de San Jacinto Amilpas; la mujer acudió a la DDHPO a presentar su queja el 11 de noviembre.
Aunque la Secretaría de Salud de Oaxaca pretendía acallar este caso de presunta negligencia médica, se logró establecer que ese día, hacia las 04:30 horas, Cinthia parió en el baño porque la médico que la atendió le dijo que faltaba mucho para expulsar el producto.
El 5 de noviembre de 2013 Alma Ruth Mendoza Martínez, de 23 años y con 36 semanas de gestación, parió en la calle, en las inmediaciones de la clínica del municipio de San Antonio de la Cal; la CNDH emitió la recomendación 15/2014 a Cué por “la negativa al derecho a la protección de la salud”. Ese día, a las 01:30 horas, la mujer empezó el trabajo de parto y fue al centro de salud rural donde un médico le dijo que aún faltaba para el nacimiento, por lo que no era necesario ingresarla.
Alma Ruth optó por regresar a su casa; las contracciones se intensificaron así que a las 03:50 horas intentó regresar a la clínica acompañada por su madre y su esposo. No llegó. Parió en la calle.
El 27 de enero de este año Nancy Salazar López dio a luz en la calle, a la entrada del área de consulta externa del hospital Pilar Sánchez Villavicencio de Huajuapan de León, donde le negaron la atención.
Su esposo, Ángel, tuvo que usar su suéter para evitar que su hija cayera al suelo: “Detuve a mi niña hasta que llegó él (el médico) y pedía pinzas (para cortar el cordón umbilical) y ni así se apuraban sus compañeros.
“Mi señora vino desde las seis de la mañana al hospital. La checaron y le dijeron que todavía no le tocaba. Pasaron como dos horas y los dolores eran más fuertes y le decían que más al rato, y así pasaron tres horas y nada, mejor nos fuimos para la casa”, cuenta a Proceso.
Pero “en la casa se puso bien mala, se le reventó la fuente, estuvo sangrando y la llevé al hospital, la metí cargando y (los doctores) decían que todavía le faltaban cuatro centímetros y me hicieron que la sacara”.
Un video de tres minutos y 10 segundos, difundido en YouTube, muestra la crudeza del alumbramiento de la mujer y la actitud del médico que recomienda tranquilidad, pide una pinza y una camilla, así como apagar la cámara.
El 6 de febrero Liliana Ramírez denunció que su hija de 16 años parió dentro de un automóvil frente a la entrada de urgencias del hospital del IMSS en Salina Cruz, del cual la rechazaron pues “no había espacio” para atenderla. “Mi hija pudo morir por culpa de su mal trato”, manifiesta a este corresponsal, y responsabiliza del trato “déspota y desagradable” a la doctora Angélica Antonio Méndez, hija del coordinador del hospital, Zoé Antonio.
“La doctora, con enojo y con coraje, me dijo que parecía que no había sido madre, porque los síntomas que presentaba mi hija no eran para dar a luz, sino que ella necesitaba ver mucha sangre y así darle la atención medica”, relata.
El pasado 13 de febrero la mixe Silvia Francisco vivió una tragedia: su hija murió en su vientre por desatención en el IMSS de Matías Romero, como consta en el expediente DDHPO/CA/183/(01)/OAX/2014.
La queja –iniciada de oficio– indica que la mujer de 21 años de edad tuvo que esperar cinco horas en el hospital antes de ser atendida.
El esposo de Silvia, Rodolfo Feliciano Domínguez, de San Juan Cotzocón, relató –como consta en la queja– que ese día, a las 10:00 horas, llevó a su esposa al área de urgencias donde dos enfermeras les pidieron esperar. Pasaron cinco horas antes de que un médico ordenara un ultrasonido, procedimiento que se llevó a cabo en una clínica privada subrogada, donde se les informó que el producto tenía 10 minutos de haber fallecido.
El 18 de febrero de 2014 Laura Jarquín Reyes parió en el jardín del Centro de Salud de la comunidad de San José Manialtepec. Según el expediente DDHPO/022/RC/(11)/OAX/2014, ella –acompañada de su esposo Eugenio Martínez– fue al centro de salud de la comunidad porque entró en labor de parto. Pero lo encontraron cerrado.
Debido a los intensos dolores de Laura, Eugenio buscó un taxi para llevarla al hospital de Puerto Escondido; pero cuando regresó, ella ya había parido.
El 27 de febrero de 2014 la zapoteca Oricel Santiago Gómez también parió en el baño del hospital comunitario La Paz, en la Sierra Sur.
Sus familiares denunciaron ante la prensa que alrededor de las 01:00 horas de ese día la mujer dio a luz sin asistencia médica porque el personal de la Secretaría de Salud de Oaxaca se negó a atenderla con el argumento de que aún faltaba para el alumbramiento.
Otro caso de presunta negligencia ocurrió el 28 de febrero de 2014. Según el expediente DDHPO/281/(26)/OAX/2014 Soledad Bernardo Azamar al parecer perdió a su bebé (murió en su vientre) por no recibir atención adecuada. Aunque se solicitó el informe a los Servicios de Salud, el caso sigue en trámite.
También se inició, el pasado 1 de marzo, el expediente DDHPO/CA/238/(13)/OAX/2014 por el caso de la indígena que murió en el hospital rural de Miahuatlán un año después de haber entrado en coma porque tras practicarle una cesárea le dejaron unas tijeras en la matriz.
El 10 de febrero de 2013 la mujer dio a luz a unas gemelas en ese hospital. La primera fue parida, pero la segunda nació por cesárea.
Un día después la madre tuvo dolores en el vientre y fiebre; los médicos la mantuvieron en observación y cuatro días después la dieron de alta. El 17 de febrero la internaron nuevamente en el mismo hospital pues tenía una grave infección en la matriz provocada presuntamente porque personal médico olvidó unas tijeras dentro de la mujer. El 18 de febrero le indujeron el coma y en ese estado permaneció hasta el pasado 25 febrero, cuando falleció.
A seis días de que Cué decretara “cero tolerancia” a los partos en la calle, otra mujer, Juana García Jiménez, alumbró frente a la clínica de Ejutla de Crespo, la cual estaba cerrada. La DDHPO abrió de oficio la queja DDHPO/CA/0339/(05)/OAX/2014. Según relató Fidel Santos Méndez –como consta en el documento–, el pasado 19 de marzo llevó a su esposa Juana a una clínica particular donde tuvo que pagar 2 mil 500 pesos para recibir atención médica, luego del parto callejero.
Ante la CIDH
El pasado 27 de marzo activistas del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) presentaron ante la CIDH en Washington al menos 20 casos de mujeres que dieron a luz afuera de hospitales o centros de salud por falta de atención adecuada. Le reclamaron al gobierno de México lo que consideran un “patrón de rechazo a indígenas embarazadas en hospitales públicos”.
La directora del GIRE, Regina Tamés Noriega, expuso ante la CIDH que “estos casos no son aislados. Hemos documentado patrones. No es una mujer, son muchas”. Desde su óptica es un problema sistemático de prejuicio y crueldad hacia las indígenas en el sistema público de salud mexicano.
La audiencia ante la CIDH tuvo la finalidad de evidenciar las principales violaciones a los derechos humanos de las mujeres en la prestación de los servicios de salud durante el parto, que pueden concluir en violencia obstétrica o muerte materna, y que afectan significativamente a indígenas y mujeres de escasos recursos, resaltó el documento de GIRE.
Agregó que la eliminación de estos obstáculos depende de las principales instituciones del sistema público de salud: las secretaría de Salud federal y estatales, el IMSS y el ISSSTE, así como de la CNDH y las comisiones estatales de derechos humanos.
Tenorio se defiende
–Secretario, ¿no ha pasado por su mente la renuncia? –preguntó un reportero al titular de Salud, Germán Tenorio Vasconcelos.
Y respondió que no. “Porque un secretario de Salud no es la persona que se dedica al nacimiento de los niños, un secretario de Salud tiene que ver con lo que están manejando en los medios, enfermedades infecciosas, condiciones sanitarias del agua, regulación en el expendio de alimentos, sin mencionar que tenemos que cargar con el trabajo de enfermedades crónicas, el funcionamiento de hospitales”.
Por otra parte, entrevistado por este semanario luego de su comparecencia ante la CIDH, reconoció que “si hacemos un comparativo de cómo recibimos (la Secretaría de Salud), diría que el paciente estaba en terapia intensiva y ahora está delicado.
“¿Por qué en terapia intensiva? Porque recibimos una administración que no había comprobado recursos desde 2008, que tenía pasivos muy grandes y problemas muy serios en materia de suministro de medicamentos, nuevos hospitales inconclusos, número uno en muerte materna, quinto lugar en influenza, cuarto en dengue.”
Y ahora “estamos en el lugar 11 en muerte materna. No fuimos referencia ni en los primeros 15 lugares de dengue, paludismo, cólera ni influenza en 2013.Hemos comprobado todos los recursos. Tenemos las auditorías al corriente y hemos inaugurado más de 12 nuevos hospitales”.
Sin embargo, agregó, “al paciente no lo daría de alta, pero ya no está en situación crítica. Hay todavía grandes pendientes, pasivos que no hemos podido solventar y nosotros no creamos. Pero estamos atendiendo todos los casos y comprendemos que el derecho a la salud se ha convertido en un tema de demanda pública muy importante”.
Reconoció que “siempre se va a requerir más. El balance que tenemos es de un rezago brutal e histórico.
“Tenemos 50 años de rezago en materia de salud, caminos, industria y empleo, instalación portuaria, aeropuertos. ¿Cuántas unidades de terapia intensiva tenemos? Sólo hay tres para 3 millones 800 mil habitantes.”
Respecto a los llamados “partos fortuitos” dijo: “Que una mujer entre en trabajo de parto en la vía pública es tema de seguridad pública y el sector salud no es rescatista”.
Pidió que los ocho casos –según Tenorio– de partos fortuitos en la entidad no se “judicialicen”, y consideró que “es muy prudente que la CNDH analice los expedientes, porque no está actualizada su información.
“Con todo respeto le digo al señor Raúl Plascencia que cheque lo que sus abogados le dicen, porque en el caso de Irma está firmada una minuta completa y ya se hizo toda la reparación del daño”, puntualizó.
Convocado por la CIDH a raíz de la denuncia del GIRE, en Washington Tenorio pidió perdón al Estado mexicano –con un representante también en la reunión– porque no hay médicos suficientes y la infraestructura de salud está muy acabada, y pidió perdón porque “las pacientes llegan y no hay quién las atienda bien”.
Precisó que “no es un perdón personal ni por un evento aislado (sino) que se da de manera pública porque así lo solicita la peticionaria”.
El pasado 4 de febrero Tenorio anunció una inversión de entre 6.3 y 7.2 millones de pesos para habilitar, acondicionar o construir 50 salas de labor de parto en igual número de unidades médicas de las seis jurisdicciones sanitarias de Oaxaca.
Respecto a las multas que le impuso la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios a la Secretaría de Salud de Oaxaca, Tenorio reconoce que es de 552 mil 420 pesos hasta en tanto no se hagan los correctivos a los centros de salud de Jalapa de Díaz y San Antonio de la Cal, y si no se hace, entonces, la multa puede aplicarse a través de Hacienda y el pago de impuestos.
A su vez la diputada priista Martha Alicia Escamilla León solicitó al pleno del Congreso local se exhorte a la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca (CEAMO) que informe de los casos de mujeres que dieron a luz sin la atención adecuada.
Aclaró que es responsabilidad de la CEAMO hacer las investigaciones correspondientes y determinar responsabilidades, remitiendo el expediente a la Procuraduría General de Justicia.
“Hasta el momento no existe ningún expediente integrado, por eso me interesa saber qué ha hecho la Comisión Estatal de Arbitraje Médico”, puntualizó la legisladora.
Pero el presidente de este órgano autónomo, Mario Constantino Bustamante del Valle, exoneró a los servidores públicos implicados, al asegurar que fue una casualidad que Cristina López Durán e Irma López Aurelio tuvieran a sus hijos en el exterior de la clínica.
“No hay negligencia médica. Son eventos fortuitos (…) hay niños que nacen en taxis, en las escaleras, en la puerta del hospital, porque son eventos fortuitos y esperamos que no se repitan.”
