Más crímenes del PRI asesino:
Isaín Mandujano
Proceso
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- A 18 años de la embestida del Ejército, la policía y el grupo paramilitar “Paz y Justicia”, este viernes indígenas choles de la zona norte del estado exigieron justicia para sus muertos y desaparecidos.
Luego de señalar que la impunidad sigue tan vigente como en Ayotzinapa, Guerrero, precisaron que entre 1995 y 1998 se registraron en la zona 37 desapariciones forzadas, 85 ejecuciones y más de 4 mil 500 personas desplazadas.
En la comunidad Masojá Shucjá, municipio de Tila, los indígenas recordaron a los ejecutados, desaparecidos y desplazados forzadamente durante el conflicto armado que inició el 1 de enero de 1994 con la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y expresaron su solidaridad a las familias de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
En el contexto de la violencia que se ha desatado en México, esa comunidad de la zona baja del municipio de Tila celebró un acto denominado “Corazón de memoria, sembrando en nuestro territorio”, para recordar y exigir justicia para miembros de esa localidad y de toda la región que fueron asesinados y desaparecidos por el grupo paramilitar “Paz y Justicia” entre 1995 y 1997, dentro de la guerra de contrainsurgencia instrumentada por el Estado mexicano a través del Plan de Campaña Chiapas 94.
Los participantes en la celebración denunciaron la impunidad que persiste desde hace 18 años por las desapariciones forzadas en la zona norte de Chiapas. No obstante, señalaron, persiste la memoria de los pueblos que se niegan a olvidar a sus “hermanas y hermanos caídos”, que es como los indígenas choles se refieren a sus compañeros desaparecidos y asesinados. “Nunca se nos puede olvidar”, subrayaron.
En 1996, ocho fueron los caídos por la guerra de baja intensidad, explicaron los integrantes de Masojá Shucjá, en una guerra también conocida como de desgaste integral para menguar la fuerza organizativa de los pueblos y romper el tejido comunitario, en este caso por simpatizar con el EZLN.
Y para no olvidarlos, fueron nombrados Héctor Pérez Torres, Sebastián Pérez López, Mateo Hernández Sánchez, Romeo Pérez Pérez, Minerva Guadalupe Pérez Torres, Juan Ramírez Torres, Encarnación Pérez Pérez y María Rebeca Pérez Pérez, los primeros cuatro asesinados y el resto desaparecidos.
También mencionaron a José Tila Gómez García, asesinado en 1998, y a Francisco Jiménez López, quien falleció el pasado 20 de agosto por las secuelas que le quedaron tras haber sido agredido por paramilitares en 1995.
“Mi conciencia nunca la voy a vender, ni la dignidad de mis compañeros”, señaló Mario Torres, sobreviviente de una emboscada el 17 de julio de 1996, donde perdió la vida Mateo Vázquez Sánchez.
“Me da mucha tristeza recordar, y está situación ya la he presentado en varias lugares, en el Tribunal Permanente de los Pueblos”, abundó.
Durante la celebración, los indígenas también exigieron la presentación con vida de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa Guerrero.
A la reunión asistieron integrantes de la organización Xinich de Palenque, quienes piden justicia por la masacre en la comunidad Viejo Velasco, el 13 de noviembre de 2006, cuando murieron seis de sus compañeros y dos continúan desaparecidos.
En un comunicado, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) pidió “mantener la memoria de quiénes son los desaparecidos y quiénes cometieron los crímenes. No perdón, no olvido, verdad para las víctimas y familiares”.
Y confirmó que en la zona baja de Tila, “Paz y Justicia” cometió al menos 37 desapariciones forzadas, 85 ejecuciones y más de 4 mil 500 personas se vieron obligadas a desplazarse de manera forzada para salvar sus vidas, sufriendo además el hostigamiento, la intimidación, destrucción de sus propiedades, tortura, tortura sexual y detenciones arbitrarias, entre otras violaciones de derechos humanos.
“Lamentablemente estas graves violaciones a derechos humanos han permanecido en la impunidad, ya que los autores materiales e intelectuales no han sido verdaderamente investigados ni sancionados de acuerdo a su involucramiento en estos delitos de lesa humanidad. Esta situación ha sido denunciada ampliamente y se ha presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Son 81 casos que dan cuenta de la atrocidad vivida en la región. En extensión hay 122 documentados por este Centro de Derechos Humanos cometidos en la zona Norte. Son ejemplos de la estrategia contrainsurgente instrumentada por los gobiernos federal y estatal con el Plan de Campaña Chiapas 942”, apuntó.
A esta fila de impunidad, expuso, se suma la masacre de Acteal perpetrada el 22 de diciembre de 1997 por el grupo paramilitar priista de Chenalhó, y la masacre de Viejo Velasco perpetrada el 13 de noviembre de 2006 por 40 personas de la comunidad Nueva Palestina, quienes eran acompañados por 300 policías de Seguridad Pública del estado de Chiapas.
Y a nivel nacional, apuntó, la sistemática violación de derechos humanos, la situación de desaparición forzada y las ejecuciones representan una profunda crisis de Estado, de la clase política y sus instituciones, que caracterizan a un Estado corrupto, ineficaz y obsoleto. Desde las heridas históricas, añadió, el mantenimiento de la impunidad es el sello del gobierno de Enrique Peña Nieto y de Manuel Velasco Coello.
Esta situación se agrava con la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, el pasado 26 de septiembre.
La indignación internacional se nutre con acciones de solidaridad a las que se ha sumado la Red Latinoamericana de Sitios de Conciencia, que integra a 32 organizaciones del continente “con quienes mantenemos la exigencia de presentación con vida (de los normalistas) y la presión al Estado mexicano como responsable de estos actos considerados delitos de lesa humanidad”, finalizó el Frayba.
