México, 21 de enero 2016 (NOTIGODÍNEZ).- Pero deben ser muchos más y el actual régimen usurpador se está asegurando de romper también ese «récord»…
El diario La Jornada informó este miércoles que, del total de personas desaparecidas de 2006 a 2014 en el país, hay más de seis mil niños, niñas y adolescentes, lo que representa el 30 por ciento del total. Lo anterior, según información que el representante adjunto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos en México (OACUNDH), Jesús Peña Palacios, reportó al «Senado». La cifra, por tanto, debe estar maquillada.
En efecto, el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), Juan Martín Pérez García, confirmó esa proporción con base en datos «oficiales» del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas de la Secretaría de Gobernación, añadiendo que el Estado [usurpado al menos desde 2006] tiene responsabilidad frente a ello.
“Hemos escuchado que la población debajo de 18 años de desaparecidos llega a ser 1.8 veces mayor de niñas que niños. Cuando se hacen estudios hablamos de que en la población de 14 años son más niñas las que se encuentran desaparecidas”, sentenció Alison Sutton, representante adjunta del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), citada por La Jornada.
La presentación de estos datos se dio en el marco de la discusión sobre la ley general de derechos de niños y adolescentes, que el «senado» usurpado por criminales debatirá en fechas próximas.
En tal sentido, Ismael Eslava, primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), resaltó que en dicha ley se priorizar la búsqueda de los niños, niñas y adolescentes desaparecidos, redactándose además un tipo penal que agrave la sanción cuando la persona desaparecida sea menor de 18 años.
Asimismo, planteó que en esta ley debe existir un apartado dedicado a la niñez con la creación de áreas especializadas en desaparición de menores, problema que debe ser tratado con protocolos específicos.
Eslava insistió que en la ley que redactará el «senado», deberá «transversalizarse con la Ley de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en lo que respecta al Sistema Nacional de Protección, a los sistemas DIF, a las normas que rigen los centros de asistencia social, los sistemas de información y la situación que guardan los derechos de los menores».
Así, podrá disponerse de una sistematización de los datos en la investigación de los casos, lo que permitirá realizar un mapeo de la desaparición de menores y sus consecuencias en cada región del país.
A su vez, la representante de UNICEF enfatizó en la «preocupación por la violación de los derechos de niños, niñas y adolescentes: asesinatos, desapariciones y violaciones», por lo que recomendó establecer una política pública encaminada a combatir de fondo este problema.
Todo suena muy bonito, ¿no? Nuevas «políticas públicas», más «leyes» y nuevas áreas especializadas con bases de datos interconectados a disposiciones de las investigaciones, en colaboración con todas las dependencias y sistemas nacionales de protección. ¡Guau!
Nada más que… ¿de qué sirve todo eso si hay delincuentes usurpando las instituciones?
Con información de La Jornada
