Fermín Alejandro García
La Jornada
De acuerdo con un conteo simple, faltarían más o menos entre 8 y 10 días hábiles para que el gobierno del estado llegue al límite que le fijó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para responder a la recomendación 2VG/2014, correspondiente al caso de San Bernardino Chalchihuapan y la muerte del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo; sin embargo, desde ahora se puede concluir que el Poder Ejecutivo no cumplió con siete de 11 disposiciones que le fijó el ombudsman Raúl Plascencia Villanueva.
Si se hace una lectura detenida de las 11 recomendaciones que le formuló la CNDH al gobierno de Puebla, se percibe que le exige desmantelar su política represiva, establecer mecanismos pacíficos y de diálogo para atender demandas sociales, dejar de perseguir a los críticos de la gestión morenovallista y dar un curso profundo de capacitación en materia de derechos humanos a los cuerpos policiacos, además de nombrar una fiscalía independiente que investigue los hechos violentos de Chalchihuapan del pasado 9 de julio. Nada de esto se ha cumplido.
Y se antoja poco o nada probable que en los pocos días que quedan a la administración morenovallista pueda cumplir con los 11 requerimientos de la recomendación en cuestión. Pareciera que el gobierno estatal sigue fiado a que la negociación política o la presión hacia la CNDH le permitiría obtener un veredicto favorable del organismo.
Funcionarios del Poder Ejecutivo sostienen que se está dando cumplimiento, en tiempo y forma, a cada una de las 11 recomendaciones y que es prematuro juzgar que no se están acatando las exigencias de la CNDH; sin embargo, desde ahora se puede observar que eso no está pasando. Aquí unos ejemplos:
1. En el punto quinto de la recomendación, la CNDH le pidió al gobierno de Moreno Valle que “se abstenga de criminalizar la protesta social y provea acciones efectivas y eficaces de coordinación institucional para el tratamiento de manifestaciones públicas, privilegiando en todo momento el diálogo y reduciendo el riesgo que pudiera representar el uso de la fuerza pública”.
El pasado 7 de octubre quedó evidenciado que el gobierno de Moreno Valle sigue criminalizando la protesta social, que no dialoga y que hace un uso excesivo de la fuerza pública, cuando de manera violenta, injustificada y con comportamientos violatorios de los derechos humanos se detuvo a cuatro integrantes del movimiento que se opone a la construcción de el parque de las siete culturas –encabezados por Adán Xicale–, a quienes con saña se les busca imputar delitos con carácter político para que alcancen penas de más de 50 años de cárcel, mientras que otros 20 habitantes de San Andrés Cholula viven escondidos por tener órdenes de aprehensión en su contra.
2. La recomendación 4 indica que dadas las condiciones del estado de Puebla donde hay permanentes expresiones de la sociedad civil demandando que sean atendidas necesidades colectivas, se le pide a la administración morenovallista que cree mecanismos efectivos para la atención de esos requerimientos y que se privilegie el diálogo.
Eso tampoco ha ocurrido, ya que con los defensores de la tierra de San Andrés Cholula se jugó y se les engañó, ya que primero les mandaron a Omar Álvarez Arronte, un ex priista venido a menos y que ahora es operador de la Secretaría General de Gobierno, quien se presentó a negociar, les ofreció liberar a los presos políticos y al final la propia SGG desmintió los ofrecimientos del funcionario, pese a que los compromisos quedaron plasmados en un documento.
Tal situación plantea que Moreno Valle no quiere diálogo con sus críticos y sigue criminalizando a la protesta social, y por ende ignora olímpicamente las solicitudes que le hizo la CNDH.
3. Los puntos 7 y 11 de la CNDH están destinados a buscar frenar los abusos que cometen las corporaciones policiacas de Puebla, al pedir que se les proporcione equipo de viodeograbación y de audio a los agentes para que registren sus conductas y se percaten si son correctos sus procedimientos. También que se diseñe un programa integral de capacitación y formación en materia de derechos humanos, junto con los protocolos, que deben acatar los uniformados.
Obviamente que estas recomendaciones van dirigidas para los policías que participaron en los hechos violentos de Chalchihuapan, Tehuacán, Ajalpan, Cacalotepec, Coronango y otras tantas comunidades donde se ha reprimido a ciudadanos que protestan contra el Poder Ejecutivo.
Ante esos requerimientos surge una pregunta básica: ¿cómo se les va a enseñar a los policías a conocer y acatar normas en materia de derechos humanos cuando a ellos el gobierno no les respeta sus derechos laborales?
Con la política represiva –que apareció a principios de este mes– de echar a la calle a cientos de policías de un día para otro, de manera arbitraria y violando sus derechos laborales, no solamente se impide la capacitación en derechos humanos de los uniformados rescindidos o que estuvieron a punto de serlo, sino se crea un clima de malestar generalizado en todos los trabajadores del área de seguridad y procuración de justicia.
4. En el punto 1 de la recomendación de la CNDH se pidió iniciar un procedimiento contra Facundo Rosas, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública. En el inciso 2, que se cree una fiscalía especial que actúe de manera objetiva e imparcial para garantizar acceso a la justicia a los agraviados de Chalchihuapan, y en el tercer requerimiento el organismo pide que se identifique a las victimas de la represión y se les repare el daño.
La respuesta que se ha dado a estos tres puntos es una auténtica burla, pues se nombró a José Antonio Pérez Bravo como fiscal especial, quien –como ya se denunció en esta columna– fue empleado de Víctor Carrancá, el procurador de Justicia, por lo que dicho funcionario ni actuará con independencia e imparcialidad, mientras Rosas sigue ejerciendo su cargo como si nada hubiera pasado.
Y sobre la reparación del daño a las víctimas existe el argumento insensato de decir que no se ha podido concretar porque los afectados no quieren ir a Casa Aguayo.
Es una infamia, una idiotez, pedirle a la madre de José Luis Alberto Tehuatlie que vaya a las oficinas de donde salieron las órdenes del operativo en que se dio muerte a su hijo de 13 años. ¿Hay torpeza o cinismo para no entender dicho sentimiento? Usted juzgue.
