Cirilo Ramos
Sapiens 2.0 / Intolerancia
Los errores, las contradicciones y las ocurrencias se apoderaron del gobierno morenovallista y no da visos de salir de ese desgaste gubernamental.
Ayer el gobernador Moreno Valle y la Secretaría de Seguridad Pública exhibieron una vez más sus contradicciones sobre el caso Chalchihuapan.
El reportero del Portal Unión Puebla Josué Huerta realizó cuatro solicitudes de acceso a la información a la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, sobre la estrategia del operativo en la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, el pasado 9 de julio.
La Unidad Administrativa de Acceso a la Información de la Secretaría de Seguridad Pública dio respuesta a la solicitud de información el pasado de 18 agosto.
La respuesta fue tajante: El gobierno de Puebla reservó durante siete años todo lo que hizo la policía estatal en el operativo contra manifestantes de Chalchihuapan.
En la respuesta —de cuatro solicitudes— la SSP Puebla externó que la información no podía hacerse pública porque provocaría “un daño a la función de la seguridad pública”.
Ayer por la tarde la información fue publicada en el Portal Unión Puebla y replicada en varios portales más, entre ellos Intolerancia Diario.
El escándalo iba en aumento en redes sociales. Fue unánime la condena a la actitud del gobierno morenovallista, de ocultar la información. Una vez más, el morenovallismo se puso en el ojo del huracán.
Al filo de las 22 horas, la Secretaría de Seguridad Pública emitió un comunicado titulado: “Postura Información Solicitada”. En el texto introductorio se lee que, por instrucciones del gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, la Secretaría de Seguridad Pública informa sobre el operativo del 9 de julio de 2014.
La dependencia aclara la información que se proporciona en respuesta a solicitudes recibidas a través de los mecanismos de transparencia y acceso a la información, sobre el operativo de Chalchihuapan, que algunos ciudadanos han presentado ante la Secretaría de Seguridad Pública del estado, dependencia que, por instrucciones del gobernador de Puebla, hace pública toda aquella información que no le impida la ley, por ser parte de la investigación a cargo del Ministerio Público o alguna otra instancia competente.
El comunicado contradice la respuesta de la Unidad Administrativa de Acceso a la Información de la dependencia.
Y ahora resulta que en el operativo “para abrir la circulación en la autopista Puebla-Atlixco” participaron un total de 427 policías.
Que sólo utilizaron equipo de disuasión consistente en: 20 lanzadores de dispositivos de gas lacrimógeno, 13 de ellos sencillos de modelo TL1-37/38 mm, de la marca Penn Arms, y siete múltiples de modelo TL8-37/38 mm, de la marca Penn Arms; 66 dispositivos de gas lacrimógeno de largo alcance, lanzados desde los instrumentos antes referidos, de la marca Combined Systems; y 166 dispositivos de gas lacrimógeno de corto alcance que solamente arrojan gas y no cartuchos, de la marca Combined Systems; 426 escudos protectores de policarbonato de modelo CA, de la marca Protective Maquinal Technology; 426 cascos de protección personal y 426 bastones del modelo PR24, también de la marca Protective Maquinal Technology.
Y responsabilizaron al inspector Willibaldo Díaz Castillo, director de Operaciones Policiales de la Policía Estatal Preventiva, de ordenar el despliegue de los efectivos.
¿Será el chivo expiatorio del morenovallismo?
Lo cierto es que el caso Chalchihuapan desfiguró al gobierno estatal.
