Mujeres toman autodefensa en Caleta de Campos contra Templarios; «gobierno» arrestó a todos los hombres

• Esposas y madres de los autodefensas presos exigen una ley de amnistía
• En Caleta de Campos el gobierno encarceló a los hombres sólo “por defender a su gente”
• Yo no entré a la lucha para uniformarme, sino para limpiar los pueblos de templarios: Semeí Verdía

Sanjuana Martínez
La Jornada (Foto: Sanjuana Martínez / La Jornada)

Caleta de Campos, Mich. En este pueblo de pescadores quedan pocos hombres; la mayoría están presos por su pertenencia al movimiento de autodefensas, y ahora son las mujeres las que han tomado el mando de vigilancia para defenderse de los persistentes ataques de Los caballeros templarios.

Van llegando poco a poco, con sus niños, en pequeños grupos, desde La Mira, Guacamayas, Playa Azul y otros poblados vecinos del próspero puerto de Lázaro Cárdenas, objeto de deseo del crimen organizado y desde donde se transporta droga y sobre todo hierro a China, uno de los negocios en expansión del líder templario Servando Gómez Martínez, La Tuta, según The Wall Street Journal, que calcula una ganancia de 2 millones de dólares por buque de hierro extraído ilegalmente de la sierra, lo cual equivale a 36 buques y 72 millones de dólares anuales.

Vestidas con camisetas blancas con el lema “Autodefensas de la costa de Michoacán”, las mujeres, esposas y madres de los encarcelados en diversas prisiones del país, empiezan a organizarse en el quiosco de la plaza para protestar y exigir una ley de amnistía para quienes consideran presos políticos.

“Ellos estaban cuidando al pueblo, defendiendo a sus familias, son inocentes, no deben nada. Es injusto que se los hayan llevado. Una sola, ¿qué va hacer con tanto hijo?”, dice Lorena Godínez Anguiano, de 40 años, esposa de Silverio Ceja Vargas, preso en el penal de Morelia y habitante de La Coralilla, localidad del municipio de Aquila con mayoría nahua, alzados en armas para defender sus tierras, bosques y comunidades.

Tiene seis hijos y cuenta que durante meses los templarios bloquearon el acceso a los pueblos sin permitir el abastecimiento de alimentos ni la atención médica: “La gente moría por enfermedad, había secuestros, asesinatos, se quedaban con nuestras tierras”. Hasta que la guardia comunitaria, que gestionaba su seguridad, se unió al Consejo General de Autodefensas.

Hay 320 autodefensas detenidos antes y después del 10 de mayo y recluidos en distintos penales del país. Sus abogados han solicitado una ley de amnistía que otorgue la extinción de responsabilidad penal a quienes se levantaron en armas para combatir al crimen organizado en Michoacán.

Pueblo de mujeres

“Me mataron a mi hijo el 7 de febrero. Vino a verme de Estados Unidos, vino con aquel gusto, tenía como tres años de no venir. Estaba mensajeando con su celular y le llegaron por atrás, le dieron con una súper. Allí quedó en la calle”, cuenta Benita Mellín Valencia, de 64 años, mientras enjuga sus lágrimas.

Otro hijo suyo, Marín Ibarra Mellín, no se lo pensó dos veces. Decidió ingresar al movimiento de autodefensas. Le dijo: “Mamá, no mataron un perro, era mi hermano. Luego van a venir por nosotros, tenemos que defendernos”.

Ahora está preso en el penal General Francisco J. Múgica. Fue detenido en La Mira, junto al doctor José Manuel Mireles: “De todo corazón, les pido que los liberen. Ellos no han hecho nada malo. Ahora estamos viviendo peor que antes”.

El municipio de Lázaro Cárdenas es uno de los más asediados por los templarios. Los ataques son cotidianos. Las esposas y madres de los presos cuentan que los vehículos donde viajaban los autodefensas a la hora de su detención ahora son utilizados por miembros del crimen organizado.

“Ellos saben que aquí ya casi no quedan hombres, y los que hay no quieren entrarle. Por eso los necesitamos, además son el sostén de nuestras familias”, señala Amparo Vargas Uribe, quien no ha podido ver a su marido, Fermín Cruz Álvarez, por falta de dinero.

La interrumpe Flor Imelda Ceja Godínez, esposa de Jesús Onorio Palominos Aguilar: “Que los liberen. Les sembraron armas y drogas. Es una injusticia lo que está haciendo el gobierno”.

María de los Ángeles Álvarez Aguilar no puede hablar por el llanto. Se repone. Dice que tiene cinco hijos. Es esposa de Fernando Ceja Vargas: “Hoy hace un mes que lo vi en la cárcel. Se me parte el corazón cada vez que mis hijos me preguntan por él, sin tener respuesta. Se metió de autodefensa porque las lacras andaban secuestrando, robando, violando. Tenía que entrarle por defendernos a nosotros, a su familia, al pueblo. Y ya ve cómo nos va”.

En la base de las autodefensas, ubicada a la entrada del pueblo, la cocina está llena. Acaban de llegar alrededor de 30 camionetas con policías rurales dirigidos por Estanislao Beltrán, Papá Pitufo, a quien los habitantes dicen no tenerle confianza, por su supuesta alianza con el crimen organizado y el gobierno.

No todos aceptan a la policía rural de Alfredo Castillo, comisionado del gobierno federal para la seguridad en Michoacán ni están dispuestos a pertenecer a ella. Semeí Verdía, coordinador de las autodefensas de Aquila, va por la libre y dice seguir salvaguardando la seguridad de sus comunidades, independientemente del gobierno: “Esta ruptura surgió desde mediados de la lucha, por intereses de ellos”, dice en entrevista con La Jornada.

Asegura que no trabajan con la policía rural de Alfredo Castillo, y que la supuesta “regularización” de autodefensas no está sucediendo como dice el gobierno:

“Yo no entré para uniformarme. Le entré a la lucha para limpiar los pueblos. Yo quiero seguir dando la cara por mi pueblo, quiero seguir hablando, ser independiente, pues”, señala el líder de la comunidad nahua de Santa María Ostula.

A diferencia de otros, Semeí Verdía carga su pistola en la parte trasera del pantalón y la lleva oculta con la camisa. Es uno de los líderes de autodefensas más respetados por su comunidad. Tiene a más de 350 hombres armados, y sólo 100 han aceptado la “regularización”. El resto “van a quedar como policía comunitaria con credencial para portar sus armas dentro de nuestra jurisdicción y salvaguardar nuestros bienes, independientemente del gobierno”.

Los presos de la comunidad indígena de Aquila siguen esperando que el gobierno cumpla su promesa de liberación: “Castillo no nos ha cumplido en nada, ni siquiera en liberar a los presos. Queremos la libertad de los presos; me quedan 19, y en particular la libertad del doctor José Manuel Mireles. Queremos que salgan absueltos de cargos; ellos no son ningunos delincuentes, es gente que quiere la paz para su pueblo”, indica Verdía.

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