Matilde Pérez U.
La Jornada
En el campo de Guerrero no hay miedo, sino pánico, y ejemplo de ello es el abandono de más de 60 comunidades en la sierra, Tierra Caliente y Costa Grande. “Ya no queremos enviar a nuestros hijos a comprar las tortillas ni a las esposas al mandado. Las parcelas sembradas o a pocos días de la cosecha se abandonan por el ultimátum del narcotráfico: ‘tus hijos se vienen con nosotros o tienes una hora para salirte’”.
Ante esta situación, campesinos de dicha entidad pidieron ayuda a las 12 agrupaciones del Congreso Agrario Permanente (CAP) y a su coordinador en turno, Luis Gómez Garay, para entrevistarse con Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación. “Estamos desesperados, el crimen organizado ofrece a los jóvenes más de 10 mil pesos para que se vayan con ellos, quienes aceptan saben que su tiempo de vida es corto, cuatro o cinco años máximo, o que serán detenidos y encarcelados”, asentaron.
En la Convención Nacional de Organizaciones Campesinas, que se llevó a cabo ayer en un hotel de la ciudad de México, los declarantes solicitaron el anonimato, porque “nuestras vidas peligran; venimos a este foro y decimos esto en voz alta porque estamos en la ciudad de México y aquí nadie nos conoce, pero allá en Guerrero nos cuidamos de todos. El gobernador (Ángel Aguirre Rivero) sabe lo que pasa, pero no hace nada y la policía estatal con el pretexto de investigar entra a las casas de los campesinos, los golpea y…”, cortaron la frase.
Los delegados de las agrupaciones provenientes de varios estados guardaron silencio en espera de que los campesinos terminaran su breve participación. Los guerrerenses buscaron con la mirada al procurador agrario, Cruz López Aguilar, presente en el encuentro, para continuar: “Estamos conformando un gran frente estatal, ya no soportamos tanta violencia e impunidad; nos sentimos abandonados porque los policías nos agreden y a quienes se han organizado como policías comunitarios los persiguen o los encarcelan”, asentaron.
Mencionaron los casos de Nestora Salgado, coordinadora de la policía comunitaria de Olinalá y quien desde hace un año está en el penal de alta seguridad de Tepic, Nayarit, y de Bruno Plácido, de la Unión de Pueblos Organizados del estado de Guerrero (UPOEG), quien “no puede caminar libremente por temor a ser asesinado por el crimen organizado”.
“Si el campesino se defiende, malo, y si no lo hace lo matan los del crimen organizado. Por eso al coordinador del CAP le pedimos su ayuda y a ustedes (los líderes de las agrupaciones del organismo agrario) también, aunque sea de corazón. Los campesinos guerrerenses necesitamos trabajo, inversiones y seguridad ”, agregaron.
