Patricia Muñoz Ríos
La Jornada
Representantes legales de la organización Familia Pasta de Conchos impugnaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en México los gobiernos federal, estatales y municipales no hayan actuado penalmente contra empresas mineras que han provocado la muerte de cientos de trabajadores por las pésimas condiciones de seguridad e higiene de sus centros de trabajo.
En la sesión que tuvo lugar en la CIDH del 11 de agosto pasado, el abogado Rodrigo Olvera Briseño señaló, en nombre de esta organización, que en el sector de la minería de nuestro país no hay una sola empresa, inversionista, directivo o representante de la misma que haya sido castigada o castigado penalmente por las decenas de crímenes industriales de trabajadores que se han registrado desde el siglo pasado.
‘‘Ni un solo empresario ha sido encarcelado por estos crímenes industriales y muy pocos son apenas tocados con sanciones mínimas’’, indicó.
Familia Pasta de Conchos presentó desde hace varios años una queja contra el gobierno mexicano ante la CIDH, por el caso de los 65 mineros muertos en 2006 y en demanda del rescate de los cuerpos. Por tal motivo ha seguido participando en diversas sesiones y comités del organismo.
De esta forma, en la última sesión aprovechó el foro para plantear que en las empresas mineras mexicanas, no solo se cometen violaciones laborales contra los trabajadores, sino también violación de sus derechos humanos y se atenta no sólo contra sus condiciones laborales y de libertad sindical, sino contra la vida misma de los mineros. ‘‘Es un moderno esclavismo’’, indicó Rodrigo Olvera.
En su participación ante la CIDH, expuso que empresas del sector, entre ellas preponderantemente Grupo México y Peñoles, acumulan más de 600 viudas y 140 huérfanos por los trabajadores muertos en sus minas. La mayor prueba de ello es que homicidios industriales como el de Pasta de Conchos siguen impunes, así como los cientos de muertes de trabajadores que se dieron con posteridad.
Indicó que en México se está generando mucho trabajo precario, lo que se asemeja a formas modernas de esclavitud, y la constante son las violaciones a todos los derechos de los trabajadores, incluido el derecho a la vida. ‘‘Estamos viviendo una etapa de violencia laboral de Estado, porque las instituciones gubernamentales, legislativas y judiciales no están para imponer el estado de derecho, sino para cuidar los intereses patronales’’, dijo.
En este contexto, el sector de la minería del carbón es el paradigma de esta violencia laboral de Estado. Las empresas dominan la economía de las regiones, la vida social, y son intocables para el gobierno, concluyó.
