Gloria Leticia Díaz
Proceso
Aunque la convocatoria para la designación del nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contemplaba la participación de la sociedad civil en el proceso, poco a poco los senadores fueron acotando ésta y terminaron por bloquear la consulta pública estipulada en la reforma constitucional de 2011 en la materia, así como los actuales estándares internacionales. Ahora, en medio de un clima político enrarecido y una evidente crisis de seguridad en el país, el próximo ombudsman nacional parece condenado a tener escasa legitimidad y quizá compromisos partidistas.
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- En el contexto de la actual crisis de seguridad, el Senado de la República optó por no recurrir a una consulta ciudadana informada y efectiva para designar al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para un periodo de cinco años, en apego a los parámetros internacionales.
En forma contraria a la reforma constitucional de 2011, que considera la consulta como un mecanismo primordial, las comisiones de Derechos Humanos y Justicia del Senado, que presiden la perredista Angélica de la Peña Gómez y el panista Roberto Gil Zuarth, tienen programado designar esta semana la terna de candidatos que será sometida a votación en el pleno.
De esta forma, se planea que antes del 15 de noviembre rinda protesta un nuevo ombudsman nacional o bien inicie su nuevo periodo Raúl Plascencia Villanueva.
El proceso de relevo arrancó el 16 de octubre con la publicación de la convocatoria. En ésta se consideró que la sociedad civil podría proponer candidatos, así como designar a 13 representantes que participaran en una audiencia pública con senadores y acudieran a la pasarela oficial.
No obstante, se dejó a discreción de los senadores de las comisiones de Derechos Humanos y Justicia la selección de la terna que será sometida al pleno para elegir al ombudsman, quien debe contar con un mínimo de dos tercios de los votos.
El 28 y 30 de octubre comparecieron 21 candidatos, seleccionados entre los 40 inscritos inicialmente, y a partir del 4 de noviembre algunos aspirantes se reunieron en privado con los grupos parlamentarios del PRI, el PAN y el PRD, lo que no contemplaba la convocatoria.
Quienes se acercaron de esa forma a las tres bancadas fueron Mauricio Farah, secretario general de la Cámara de Diputados y amigo de Manilo Fabio Beltrones, así como quinto visitador de la CNDH en tiempos de José Luis Soberanes, y Patricia Olamendi, subsecretaria de Relaciones Exteriores en el gobierno de Vicente Fox.
Lo mismo hicieron Carlos Pérez Vázquez, coordinador de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y coordinador de asesores del presidente del máximo tribunal, Juan Silva Meza, y Luis Raúl González Pérez, abogado general de la UNAM y exfiscal especial para el caso Colosio.
El PRD recibió además a Lucero Ivone Benítez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CHDM), entidad gobernada por el perredista Graco Ramírez, y los senadores priistas atendieron a su correligionaria Miriam Cárdenas, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados con licencia.
A su vez, el PAN se reunió con Raúl Plascencia, el actual presidente de la CNDH; Miguel Nava Alvarado, oóbudsman de Querétaro; Sara Irene Herrerías, extitular de la Procuraduría de Atención a Víctimas (Províctima); Ricardo Bucio, presidente de la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y Luis Armando González Placencia, expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
En la audiencia privada del miércoles 5, los panistas escucharon además los diagnósticos que hicieron sobre la CNDH Ana Laura Magaloni, académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y el director del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), Rafael Estrada Michel.
Desdén a ciudadanos
En septiembre pasado, organizaciones civiles buscaron a los senadores de ambas comisiones para recordarles que, a diferencia del proceso de selección de 2009, que colocó a Plascencia Villanueva a la cabeza de la CNDH, esta vez debían apegarse a la reforma del artículo 102 constitucional.
Éste indica que la integración de los organismos públicos de derechos humanos debe hacerse tras una amplia consulta pública, informada y accesible que debe tomarse en cuenta para la definición final, como lo estipulan los Principios de París, reconocidos por México.
Organizaciones como Artículo 19, Fundar Centro de Análisis e Investigación, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Amnistía Internacional (AI), el Grupo de Información de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) enviaron cartas a los senadores, señala Édgar Cortez Morales, investigador de este último.
Recuerda que en comunicaciones entregadas a los legisladores y en reuniones privadas, los activistas hicieron propuestas para realizar una consulta pública accesible a todos los interesados “aprovechando las tecnologías”. Para facilitar el procedimiento, Artículo 19 y Fundar adoptaron el modelo seguido por el Senado para la integración del nuevo Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).
Cortez Morales, quien también es parte de la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas por la sociedad civil, resalta que el interés de las organizaciones en abrir una consulta para definir la convocatoria, fijar criterios de candidaturas y seguir el desarrollo del proceso, fue malinterpretado por algunos senadores: “Llegaron a decirnos que queríamos suplantarlos en sus funciones”.
El entrevistado fue uno de los 13 miembros de la sociedad civil que acudieron a una audiencia de los aspirantes a ómbudsman con los senadores el 27 de octubre. Admite que “fue una selección plural, pero otra vez quedó a discreción de los senadores, que fijaron como regla elegir a dos personas por fracción. No se consideró la opinión de activistas de otras entidades del país, por lo que fuimos a una audiencia en la que no hubo ninguna reacción o pregunta, lo que nos coloca en una situación de duda sobre si lo que se dijo ahí sirvió de algo, fue considerado de interés o va a ser considerado”.
Cortez Morales sostiene que los legisladores “no pueden ni podrán decir que nadie les dijo, que nadie les propuso, que nadie les planteó: les acercamos, les dijimos, les propusimos alternativas, pero finalmente ellos tomaron la decisión de un proceso que, en el origen, parecía que podía ser de amplia consulta y luego se ha ido estrechando. Ahora resulta que están las audiencias privadas, como un embudo que favorece a los partidos políticos y no a la sociedad”.
–¿El proceso de selección le restará legitimidad a quien llegue a la presidencia de la CNDH? –se le plantea.
–Por supuesto. Y aunque la convocatoria aludía a los Principios de París y la participación de la sociedad civil aporta legitimidad, los senadores no lo creen. Esto puede afectar sin duda al proceso de legitimidad, que hoy es muy urgente para la CNDH luego de los cuestionamientos a Raúl Plascencia. No estoy seguro de que después de este proceso, el siguiente presidente salga con una buena base de legitimidad.
–¿Ni siquiera si llega alguien con el mejor perfil para el cargo?
–El tema sigue siendo que no nos han dado la certeza de qué criterios van a usar para definir “el mejor perfil”. La decisión prácticamente puede apuntar hacia cualquier lado.
Para Cortez Morales, la decisión que tomaron los senadores de bloquear la consulta abierta a la sociedad tiene raíz en “una herencia priista ahora compartida por todos los partidos: la visión patrimonialista de las instituciones, lo cual es paradójico: en un órgano de Estado como la CNDH la sociedad debería tener un lugar”.
Agrega: “Hace cinco años eran otros los senadores que eligieron a Plascencia. ¿A quién le vamos a reclamar por la mala decisión que tomaron entonces? Estos que están ahora van a tomar una decisión, y si dentro de cinco años las cosas siguen igual o peor en la CNDH, ¿cómo los llamamos a cuentas?”.
Lucha jurídica
La preocupación por la falta de participación ciudadana en el proceso de selección de ómbudsman llevó a la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) y el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, así como a académicos y activistas, a interponer, el 5 de noviembre, cinco amparos contra el proceso de selección ante el Poder Judicial de la Federación.
Cuatro de estos recursos legales son supervisados por el abogado Luis Alberto Muñoz, académico del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, quien también participó en la elaboración de seis amparos contra el proceso de selección de la titular de la CDHDF, Perla Gómez Gallardo. Uno de esos amparos sigue vigente y Muñoz ha solicitado a la SCJN que ejerza sobre él su facultad de atracción.
Muñoz López indica en entrevista que, ante las graves violaciones al derecho a la consulta, los quejosos solicitan en principio la suspensión del proceso de selección del presidente de la CNDH.
“El lunes 10 podríamos esperar respuesta, y si alguna de las demandas de amparo interpuestas en juzgados de distrito en materia administrativa es admitida, el juez podría declarar la suspensión provisional y enviar una comisión al Senado para suspender el proceso de selección. Sin embargo, el juzgador también podría admitir la demanda y considerar que no hay elementos para suspender provisionalmente el proceso, y después en el estudio de fondo podría declarar la suspensión definitiva”, explica.
En las demandas de amparo firmadas por la presidenta de la ODI, Margarita Griesbach; los académicos Manuel Gil Antón, de El Colegio de México, y Luis Zambrano, del Instituto de Biología de la UNAM, así como la activista Mónica Tapia, se argumenta que los senadores de las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia en particular, y el Senado en lo general, han “violado al derecho de participación y consulta, por la omisión de consultar bajo los estándares internacionales a esta parte quejosa y la sociedad civil en el proceso de elección de la persona titular de la CNDH”.
En el documento de las demandas se dice que las autoridades señaladas “no cumplieron el carácter previo, en tanto no realizaron una preconsulta para el establecimiento de la ruta crítica de toda la consulta e incluso emitieron una convocatoria de manera unilateral”.
Además, “las autoridades no realizaron una consulta informada, puesto que no han difundido de manera precisa, accesible y veraz todo lo relacionado con el proceso” ni realizaron “una consulta aceptable, en tanto no fijaron un estándar de valoración para la opinión de la sociedad civil antes de emitir la convocatoria mencionada”.
Los senadores, acusan los demandantes, “no realizaron una consulta libre y de buena fe, ya que no brindaron toda la información disponible, relegaron a esta parte quejosa del proceso, y pretenden llevar a cabo una elección exprés de la persona titular de la CNDH”.
Los quejosos consideran que la convocatoria del 16 de octubre, emitida por las comisiones que presiden la perredista Angélica de la Peña y el panista Roberto Gil, viola los artículos 1, 4, 16, 17 y 102 apartado B de la Constitución, así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos en sus numerales 1 y 23, y el 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Y si bien reconocen que “la decisión final recae de manera indubitable en las y los senadores, los estándares internacionales exigen que la misma se adopte valorando de manera fundada y motivada el resultado de la consulta con la sociedad civil. Un proceso civil plural, incluyente que garantice de manera efectiva la consulta y participación –en armonía con los Principios de París de las Naciones Unidas– asegura la imparcialidad, eficiencia y legitimación en las funciones de la propia CNDH”.
El documento detalla las irregularidades detectadas en el proceso, cita jurisprudencia nacional e internacional, expone cada paso que debieron seguir los senadores de acuerdo con los estándares internacionales y las reformas constitucionales de 2011.
Por lo tanto, las organizaciones mencionadas solicitan la suspensión “de los procesos y términos comprendidos en la convocatoria de la elección de la o el presidente de la CNDH (…) hasta que no se garantice su legalidad y su estricto apego a los estándares internacionales”; que se “detengan los actos derivados de la omisión” en la que incurrieron los legisladores, así como “cualquier acto que derive como consecuencia legal y futura del acto reclamado ya actualizado. Suspensión que debe perdurar hasta en tanto no se emita resolución sobre la suspensión definitiva”.
Para el abogado Muñoz López, el proceso de relevo en la CNDH es “un acto de simulación, porque se convoca a organizaciones, personas, entidades de la sociedad civil para que propongan o apoyen a candidatas o candidatos. Pero esa supuesta consulta es ilusoria porque no cumple con los estándares internacionales”.
En consecuencia, comenta, el siguiente ómbudsman nacional contará “con una legitimidad muy mermada, porque no sabremos bajo qué criterios llegó al cargo”.
