Gabriela Hernández
Proceso
PUEBLA, Pue. (apro).- Líderes políticos del PAN, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), del Barzón, del Movimiento por la Alternativa Social (MAS) y empresarios anunciaron hoy que harán una “cadena humana”, que partirá del zócalo y llegará a Casa Puebla, con el fin de exigir la desaparición de poderes en la entidad.
Ana Teresa Aranda e Hilario Gallegos, consejeros estatales del PAN; María Juana Villafaña, de Morena; Alejandro Carvajal, representante de El Barzón; Jesús Valencia, representante del sector de la construcción; Marco Mazatle y Ricardo Jiménez, del MAS, informaron que esta movilización se llevará cabo el sábado 30 a las cinco de la tarde.
Aranda, quien igual participó en la marcha ciudadana que se llevó a cabo el domingo 10, dijo que luego de la represión policiaca que ordenó el Ejecutivo contra la población de Chalchihuapan se deben fincar responsabilidades contra el gobernador Rafael Moreno Valle.
También criticó que Acción Nacional no asuma una postura crítica por lo ocurrido el miércoles 9 de julio, cuando el niño José Luis Tehuatlie Tamayo resultó herido de muerte, por lo que hizo un llamado a su partido a recuperar principios como la defensa de los derechos humanos.
Por su parte, Marcos Mazatle leyó un comunicado en el que detalló los fundamentos bajo los cuales consideran que es viable que en la entidad se declare la desaparición de poderes.
“En Puebla, el régimen democrático ha sido sustituido por la simulación, los poderes Legislativo y Judicial viven una situación de dependencia y subordinación frente al Ejecutivo”, argumentó el líder del MAS.
Prueba de ello, apuntó, es la aprobación sin debate de la Ley de Expropiación, la cual permite que el gobierno del estado expropie propiedades sin que los dueños tengan derecho de audiencia; y de la llamada “ley bala”, que busca generar un ambiente intimidatorio contra la manifestación social.
Mazatle aseguró que el Poder Judicial también tiene un comportamiento subordinado al Ejecutivo, pues se ha sometido a los intereses del gobierno estatal al mantener en prisión a las personas que han sido detenidas en manifestaciones públicas contra determinaciones gubernamentales, aunque existan elementos para su liberación.
“Dados los abusos del gobierno del estado, la protesta social se ha generalizado en Puebla, y contra ella se han erigido mecanismos para silenciarla o criminalizarla, pues catedráticos, dirigentes campesinos, activistas, sindicalistas y toda persona que decida por convicción levantar la voz contra el autoritarismo, tiene como destino la cárcel, la desaparición o la muerte”, refirió.
Así, por protestar contra el gasoducto se encuentran detenidos Enedina Rosas Vélez, Abraham Cordero Calderón y Juan Carlos Flores Solís.
Por defender su derecho al trabajo en las unidades de mototaxis, que por decreto fueron declaradas ilegales por el gobierno estatal, se encuentran detenidos nueve habitantes de San Francisco Ocotlán, junta auxiliar de Coronango.
En este caso se encuentran en prisión Mauro Sarmiento Amaro, Ignacio Ramos Michihua, Jaime Alberto Fernández de Jesús, Daniel Hernández Palacios, Fausto Galicia Robles, Antelmo Sánchez García, Florencio Copalcua Hernández, Ignacio Sarmiento Amaro y Juventino Tlahuech Tepox.
En tanto que por protestar por el mal servicio que presta el Metrobús se encuentran en prisión ocho habitantes de San Antonio Cacalotepec, identificados como María Luisa Josefina Nava Nezahualcóyotl, María de los Ángeles Coyotl Nava, Juana Macuil Coyotl, Angélica Macuil Coyotl, Braulio Bulmaro Chantes Tlachi, José Hilario Pedro Mitnahuatl Chantes, Gabino Coyotl Eloa y Luis Tlachi Cortés.
El martes 1 de julio, en el Centro Integral de Servicios de Tehuacán y la carretera Puebla-Veracruz, fueron detenidas ocho personas que protestaban porque las oficinas del Registro Civil fueron cerradas de un día para otro en sus comunidades, por una reforma a la Ley Orgánica Municipal.
También contra estos inconformes el gobierno estatal aplicó la “ley bala”, pues los policías lanzaron en su contra cartuchos de gas lacrimógeno y balas de goma.
Por ese caso, están en prisión Manuel Morales Guillermo, presidente auxiliar de Magdalena Cuayucatepec; Eduardo Rivera Espinoza, Modesto Fausto Cortés, Lucio Fuentes Cortés, Emilio Montalvo Montalvo, Domingo Guzmán Rivera Reyes, Abel Torres Martínez y Román Hernández Ramírez.
Mientras que en la manifestación de habitantes de la Junta Auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan fueron apresados Félix Montes Xelhua, Sergio Clemente Jiménez Tecalero, Santiago Pérez Tamayo y Antonio Víctor Montes Contreras.
Estos últimos son los únicos que obtuvieron su libertad bajo caución, pero siguen sujetos a proceso judicial por el cargo de obstrucción de las vías de comunicación.
Además, los integrantes de organizaciones y partidos acusaron al gobierno de Moreno Valle de incurrir en violaciones sistemáticas a derechos fundamentales, que van desde el derecho de petición, hasta el de asociación, de acceso a la información, a la libertad de expresión, al acceso asequible y suficiente al agua, entre otros.
