Antonio Baranda, Claudia Salazar y José David Estrada
Reforma
Cd. de México (30 julio 2014).- El esquema de pago a comuneros por el uso de sus tierras, aprobado en las leyes secundarias de la reforma energética para la explotación de hidrocarburos, causó un choque de legisladores y líderes campesinos.
Alfonso Ramírez Cuéllar, de la organización El Barzón, anticipó que habrá una lluvia de litigios en el Tribunal Agrario, derivado de lo que consideró será un arrebato de hectáreas con base en figuras como la servidumbre voluntaria y la ocupación temporal.
«Las empresas privadas van a quitar las tierras a los comuneros sí o sí cuando abajo haya petróleo, gas y otros energéticos», argumentó.
El priista Marco Antonio Bernal y el panista Juan Bueno Torio, presidente y secretario de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, respectivamente, defendieron el esquema aprobado.
«Lo que antes era el principio de la explotación, las servidumbres a chaleco, ahora será el final de un proceso. El propietario de la tierra podrá negociar todo lo que quiera», consideró Bernal.
José Durán Vera, líder del Congreso Agrario Permanente (CAP), sostuvo que las contraprestaciones sólo buscan compensar el «despojo» de tierras.
«Además, el empresario va querer pagar la mínima cantidad de recursos, no los porcentajes máximos. Esta compensación no significa la recuperación del despojo que se está haciendo», dijo en entrevista.
«Porque lo que habrá será la absoluta disposición de cualquier superficie por parte de las empresas, con el aval del Estado. El marco jurídico está diseñado para el despojo».
La Cámara de Diputados estableció en la Ley de Hidrocarburos que los titulares de los terrenos o bienes tendrán derecho al pago de afectaciones, previsiones de daños y/o renta por concepto de ocupación, servidumbre o uso de la tierra.
El porcentaje no podrá ser menor a 0.5 ni mayor a 3 por ciento a los ingresos, en el caso del gas shale. En los demás casos, incluido el petróleo, no podrá ser menor a 0.5 ni mayor a 2 por ciento.
Francisco Jiménez Pablo, dirigente nacional de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), afirmó que dichos porcentajes se quedaron cortos.
Mencionó que en países europeos los porcentajes llegan hasta 6 por ciento para el caso del gas y de 5 por ciento de los hidrocarburos.
«Sentimos que son bajos, aunque el acuerdo es que sea sobre ingresos netos, porque inicialmente se planteaba que el cálculo se hiciera restando, por ejemplo, los costos de inversión.
«Lo que insistimos es que detrás de esto hay una política de despojo de la tierra. El problema son los mecanismos con los que se van a apropiar de la tierra», subrayó.
Según la ley, las figuras que serán negociadas por los propietarios o titulares de la tierra son arrendamiento, servidumbre voluntaria, ocupación superficial, ocupación temporal y compraventa.
Max Correa, líder de la Central Campesina Cardenista (CCC), calificó las «regalías» para campesinos y comuneros como paliativos.
«Es un paliativo a los daños que se pueden causar por las ocupaciones a nuestros territorios; habrá que ver que efectivamente se cumpla. Observamos que son precios bajos, que son regalías bajas.
«Tendremos que hacer una gran campaña de información para que ejidatarios y comuneros estén preparados ante cualquier intento de las empresas concesionarias de sorprenderlos», agregó.
Correa recalcó que las organizaciones campesinas emprenderán acciones como la conformación de comités de defensa e interposición de amparos.
Acotan ocupación de predios
La Cámara de Diputados acotó el alcance del uso y ocupación superficial de tierras para el caso de la industria eléctrica.
Tras aprobar en lo general el dictamen de la Ley de la Industria Eléctrica y Ley de la Industria Geotérmica, y reformas a la Ley de Aguas Nacionales, el PRI impulsó la única reserva aceptada ayer.
Los diputados precisaron en el artículo 71 que la ocupación de tierras y la constitución de servidumbres será para el servicio público.
El Senado había aprobado una definición genérica, al señalar que la ocupación de tierras podría realizarse «para la realización de las actividades de la industria eléctrica».
La reserva aprobada ayer indica que procederá la ocupación o afectación superficial o la constitución de servidumbres necesarias para «prestar el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, y para la construcción de plantas de generación de energía eléctrica en aquellos casos en que, por las características del proyecto, se requiera de una ubicación específica».
En la reserva se indica que esta precisión aplicaría, por ejemplo, para el caso de una hidroeléctrica.
Como en la Ley de Hidrocarburos, en la legislación que regulará la apertura a la iniciativa privada de la industria eléctrica, se reconoce como un derecho el pago de contraprestaciones a los propietarios de tierras que vayan a ser ocupadas.
«De acuerdo a las distintas formas o modalidades de uso, goce, afectación o, en su caso, adquisición que se pacte, los titulares de los terrenos, bienes o derechos tendrán derecho a que la contraprestación cubra compromisos para ejecutar proyectos de desarrollo en beneficio de la comunidad o localidad afectada», se señala en la adición al artículo 74.
