Alfredo Méndez
La Jornada
La Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) “abrieron la puerta” a la posibilidad de que “queden impunes” los autores y cómplices de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, fundamentalmente porque “no se ha preservado con rigor la cadena de custodia del lugar del crimen”, como ordenan la Constitución mexicana y diversos tratados internacionales, coincidieron abogados y especialistas en criminalística consultados por La Jornada.
Por mencionar un ejemplo de lo que consideran fue una violación al debido proceso legal, los expertos en derecho penal entrevistados por separado dijeron que “fue un error que traerá consecuencias legales” que las autoridades federales hayan permitido que periodistas, legisladores y personas ajenas a las investigaciones recorrieran la celda y el túnel por el que se fugó Guzmán Loera.
Felipe Rosales, José Manuel Hérnandez Romo, Rogelio Garza García y Martín Millán, todos con más de 25 años de experiencia en asuntos penales, coincidieron en que para comprobar la culpabilidad penal de una persona es indispensable que los fiscales investigadores preserven la escena de los hechos hasta que un juez ordene lo contrario.
“Esa celda y el túnel debieron permanecer cerrados hasta que concluyera la etapa probatoria del proceso penal que enfrenan custodios del penal del Altiplano”, sostuvo Hernández Romo, doctor en derecho penal y profesor en diversas universidades mexicanas.
Rosales y Garza indicaron que con la inadecuada custodia del lugar de los hechos, prácticamente la autoridad regaló un “manto de impunidad” a los constructores del túnel, a los custodios que posibilitaron el escape, a los funcionarios que proporcionaron información confidencial (como los planos del penal) y a todo aquel coautor o partícipe que coadyuvó en la fuga del líder del cártel de Sinaloa.
Millán recordó el caso de Florence Cassez, quien después de haber sido condenada en México por el delito de secuestro, fue puesta en libertad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que las autoridades mexicanas violaron el debido proceso legal.
Los penalistas entrevistados también coincidieron en que los abogados de cualquier persona a la que se le impute algún tipo de responsabilidad penal en la evasión de Guzmán Loera pueden alegar (vía juicio de amparo) que sus derechos humanos fueron violados, por el simple hecho de que ahora no podrá realizarse una efectiva reconstrucción de hechos, o porque las pruebas periciales que se realicen durante el proceso perderán eficacia probatoria.
Martín Millán recordó que el 23 de enero de 2013, sin declarar culpable o inocente a Florence Cassez, la Corte ordenó su inmediata libertad, al dejar sin efectos su condena de 60 años de cárcel por considerar que el montaje televisivo sobre su captura vició todo el proceso penal en su contra.
En esa ocasión, los ministros Alfredo Gutiérrez y Arturo Zaldívar sostuvieron argumentos de que la violación al debido proceso legal se traduce en ataque a los derechos humanos.
“El debido proceso, la presunción de inocencia, la puesta inmediata a disposición del Ministerio Público, la violación a la defensa adecuada, la protección consular, la no preservación de la escena (de los hechos), no son tecnicismos, es violación a derechos fundamentales”, dijo Zaldívar en aquella histórica sesión que culminó con la liberación inmediata de Cassez.
De su lado, los abogados entrevistados por este diario rechazaron que haya casos en México en los que se permita violar el debido proceso por razones políticas.
“El respeto a los derechos humanos es la única forma de limitar los abusos del poder punitivo del Estado. La Constitución no es un instrumento de cumplimiento optativo, y de ninguna manera podemos aceptar que un fin político justifica los medios”, dijo Felipe Rosales.
