Mónica Camacho
La Jornada
La defensa jurídica de los cuatro pobladores de Chalchihuapan que fueron detenidos durante el operativo del 9 de julio pasado exigió la separación temporal del cargo del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas y del procurador General de Justicia del estado, Víctor Antonio Carrancá Bourget, al acusar que su presencia está entorpeciendo las investigaciones que se realizan sobre los hechos de violencia registrados ese día.
Los abogados denunciaron que la PGJ está manipulando pruebas y fabricando delitos contra los habitantes para deslindar a la administración estatal del enfrentamiento, mientras los jueces que llevan el caso obstruyen los actos jurídicos de la defensa.
En rueda de prensa, exhibieron fotografías del cuerpo de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo para refutar la versión que ofreció la procuraduría sobre la muerte del menor, quien fue herido en la cabeza durante la intervención de la Policía Estatal en esa junta auxiliar del municipio de Ocoyucan, donde los uniformados dispersaron una protesta de pobladores que exigían el regreso de las oficinas del registro civil a la comunidad.
“La procuraduría trata de justificar las lesiones asegurando que fueron causadas por la onda expansiva de un cohetón, pero un cohetón provoca una explosión y quemaduras; si se dan cuenta en las fotografías el menor no presenta ningún tipo de quemadura, lo que se puede apreciar es que una bala de goma golpeó su cráneo, provocándole una fractura”, explicó el abogado Mariano Pérez Ramírez, quien dijo que recibió el consentimiento de la madre del niño, Elia Tamayo Montes, para mostrar las imágenes a los medios de comunicación.
Para el equipo jurídico, la versión de la PGJ prueba que el mandatario local no tiene ninguna intención de encontrar ni sancionar a los verdaderos responsables de la muerte de Tehuatlie Tamayo, sino de exonerar a su administración de los hechos de violencia, responsabilizando a los habitantes del fallecimiento del menor y de las decenas de heridos que dejó el operativo de seguridad.
Alejandro del Castillo Saavedra, quien también forma parte de la defensa, aseveró que el caso no ha hecho más que comprobar que en Puebla no existe división de poderes, porque tanto el Poder Judicial como el Congreso del estado se encuentran totalmente “avasallados” por el mandatario local.
“Estamos valorando presentar una denuncia por abuso de autoridad, pero ante quién la presentamos, ¿ante el mismo procurador? Por eso la asepsia en el desarrollo de este asunto implica que el señor gobernador solicite licencia, si de verdad hay la buena voluntad de que se llegue al fondo del asunto, porque solo de esa manera se tendrá una autoridad imparcial”, enfatizó.
CIDH, otra vía
Del Castillo dio a conocer que los habitantes de Chalchihuapan están siendo asesorados para llevar los hechos de violencia del 9 de julio a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), frente a la incapacidad de las instituciones estatales y federales para hacer justicia en el caso.
Aseveró que existen elementos suficientes para que la CIDH inicie una investigación, pero aclaró que tardaría por lo menos cinco años en emitir una conclusión.
Por su parte, Mariano Pérez dio a conocer que el equipo analiza solicitar una segunda necropsia al cuerpo de Tehuatlie Tamayo para tener certeza de las causas de su fallecimiento, ya que en el primer estudio que se hizo “hubo muchas trabas” de la PGJ que le restaron confianza al procedimiento
Sobre el tema agregó: “Puede ser que el cuerpo ya esté manipulado, eso no lo sabemos, habría que exhumarlo y someterlo a una pericial para que el perito determine si hubo manipulación o no, así como los motivos de la muerte (…) de lo que se trata es de llegar a la verdad”.
Aportación de pruebas
Respecto a los cuatro pobladores de Chalchihuapan que se encuentran en prisión acusados de nueve delitos, entre ellos el asesinato de Tehuatlie Tamayo, el abogado Raúl Rodríguez de la Fuente explicó que el proceso se encuentra actualmente en la etapa de aportación de pruebas.
“Tanto el Ministerio Público como la defensa ofrecen pruebas y el juez tendrá que decidir cuáles aceptan y cuáles se desahogan”, detalló el defensor, quien anunció el viernes pasado que promoverá un amparo colectivo para lograr la libertad de los inculpados.
