Claudia Guerrero
Reforma
Cd. de México Cd. de México (14 noviembre 2014).- (14 noviembre 2014).- La calificadora Moody’s México expresó su preocupación de que funcionarios del Gobierno de Chihuahua tengan vínculos directos con el grupo de accionistas de la Unión de Crédito Progreso.
La información quedó reflejada en un documento emitido por la calificadora el 17 de enero de 2014, en relación con la institución bancaria que, a la postre, formó parte del Banco Unión Chihuahua, en donde el Gobernador César Duarte obtuvo el 15 por ciento de las acciones.
«Las calificaciones también incorporan preocupaciones en torno al Gobierno interno por motivo de la exposición potencial de Unión Progreso a conflictos de interés derivados de las relaciones que existen entre los accionistas de la unión de crédito y algunos funcionarios del Gobierno de Chihuahua donde se ubica la sede de la entidad», se indica en uno de los documentos de Moody’s.
Luego de un mes, el 25 de febrero, la calificadora decidió retirar todas las calificaciones a Unión Progreso.
«Moody’s México retiró todas las calificaciones», indica en el documento, en el que se detalla que las calificaciones de largo plazo en Escala Nacional de México fueron retiradas por tener una calidad crediticia «por debajo del promedio en relación con otros emisores locales».
El senador Javier Corral consideró que Moody’s detectó un riesgo al comprobar que servidores públicos estatales, como el Secretario de Hacienda y hasta el Gobernador, estaban involucrados directamente con la propiedad de la institución bancaria.
«Se argumenta, primero, la modesta capitalización de Unión Progreso, la cual, aunque mejorara con las inyecciones de capital de los últimos dos años, no apoya suficientemente los ambiciosos planes del equipo directivo. Y también por el riesgo de conflictos de interés», dijo en entrevista.
«Estamos hablando de una de las tres calificadoras más importantes del mundo, que ve la sociedad de funcionarios con la estructura accionaria de Unión Progreso, que es la base fundamental del Banco Progreso Chihuahua. Ven un riesgo porque hay conflicto de intereses, eso es lo que se llama créditos relacionados, cuando los socios se prestan a sí mismos o hacen de las operaciones financieras beneficios propios».
El 22 de septiembre, el activista Jaime García Chávez interpuso una denuncia de hechos ante la PGR por el presunto enriquecimiento ilícito del Gobernador de Chihuahua.
El tema llegó al Senado, cuando 30 legisladores federales aseguraron que también podrían tipificarse los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones, debido a que el Gobernador no sólo adquirió acciones por el pago de 65 millones de pesos, sino que depositó en el Banco Progreso Chihuahua más de 820 millones de pesos del erario.
Corral aseguró ayer que la institución bancaria también ha sido utilizada por el Gobierno de Chihuahua para el flujo de sus capitales.
«En un solo día, por ejemplo, el 2 de diciembre de 2013, el Gobierno estatal depositó mil 208 millones de pesos y si se observa el récord de los depósitos del banco, nunca han dejado de tener un flujo de 600 millones de pesos, nunca», aseveró.
