México, 9 de marzo 2015 (NOTIGODÍNEZ).- El Centro de Derechos Humanos «Zeferino Ladrillero» (CDHZL) denunció el día de ayer que grupos de choque identificados con el PRI en la comunidad de San Francisco Magu, en Nicolás Romero, Estado de México, atacaron a los habitantes del poblado para despojarlos del control de los pozos comunitarios de agua, en un escenario equivalente al que se vive en el municipio de Coyotepec, también perteneciente al Estado de México.
Los hechos ocurren en el marco de la aprobación «Ley General de Aguas», «discutida» en el Congreso, que privatiza el suministro del vital líquido beneficiando a empresas afines al usurpador Enrique Peña Nieto (Grupo Higa), y las trasnacionales del sector energético que requieren agua en grandes cantidades para sus procesos de extracción de gas y otros hidrocarburos.
De acuerdo con el CDHZL, el grupo de agresores apoyados por un centenar de granaderos, así como priistas conocidos y hasta el propio Director del Gobierno Municipal de Nicolás Romero, Saulo Jiménez, se apersonaron en la Asamblea de la Comisión Local de Agua Potable, celebrada el pasado domingo 8 de marzo. La Comisión actualmente se rige todavía por los usos y costumbres de los indígenas otomíes que habitan en San Francisco Magu.
Los golpeadores, portando una camisa blanca con un moño morado en la manga derecha y un logo del kiosco y de la iglesia del pueblo en el centro de ella (foto del encabezado en esta nota), atacaron a los asistentes a la Asamblea y usurparon violentamente las oficinas de la Delegación de la comunidad. En la trifulca, lesionaron a Francisco Nónigo, Delegado Indígena y a Berenice Sánchez, Presidenta Suplente del Consejo de Participación Ciudadana, activistas que han defendido enérgicamente la autonomía, usos y costumbres del pueblo.
El CDHZL también denunció lesiones en agravio de un niño de 8 años y agresiones sexuales contra varias mujeres indígenas por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Asimismo, documentó el robo de 18, 360 pesos y archivos pertenecientes a la Delegación, al Comité de Agua Potable y al Consejo de Participación Ciudadana (COPACI), entre otros bienes materiales, cuando el grupo de choque irrumpió en las instalaciones.
Aunque el despojo de los pozos de agua obedece a una estrategia federal para facilitar la transición del servicio a la iniciativa privada, tras la aprobación de la «ley» que así lo permitirá, el conflicto en San Francisco Magu se remonta a la imposición de un desarrollo inmobiliario en territorio otomí con beneficio para la empresa Merket Construcciones S. A. de C. V., y en perjuicio de la comunidad que será despojada de 184 hectáreas de bosque en el predio conocido como “El Ocote y Las Carretas”, tierra que se ha defendido y conservado desde la época virreinal, a decir del colectivo.
Por lo anteriormente expuesto, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, hace un llamado a todas las organizaciones y personas dignas del Estado de México y del país en general a manifestar su rechazo a estas acciones. Así mismo exhortamos a las autoridades competentes en los ámbitos, federal, local y municipal, para que con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 8, 14, 19, 20, 21, 23 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de los Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y demás legislación nacional e internacional aplicable actúe con estricto apego a la legalidad y respeto a los Derechos Humanos para garantizar la integridad física y psicológica de Berenice Sánchez, Francisco Nónigo, Cristofer Medina, así como de sus familiares y de las y los demás miembros de la comunidad que defienden el Derecho a la Libre Determinación de los Pueblos y se oponen al proyecto inmobiliario.
Yo creo que este tema se ha salido de control, yo vivo en San Francisco Magú y si bien es cierto que una empresa quiere hacer el desarrollo y no estamos de acuerdo con eso los pobladores; también es cierto que hasta el momento ese predio tiene dueño y no se ha podido comprobar lo contrario y el problema real del agua nada tiene que ver con la ley federal que quieren aprobar es más bien porque los que en este momento se hacían cargo de la administración,perdonaron muchos adeudos de gente irresponsable ya que los que si pagamos el servicio exigimos al comité anterior que solo se les cortara el servicio de agua a esas personas debido que a modo de presión le quitaban el agua a todos y esa gente seguía sin pagar, de eso se valieron los que están en este momento en la administración a cambio del voto perdonaron deudas y restablecieron las tomas de agua y cuando ya no pudieron pagar los recibos de luz se les vino el endeudamiento con CFE y la gente que ha pagado obviamente reclamo y si a eso le anexamos que no han entregado cuentas a la asamblea de los gasto que han tenido y en que se han gastado el dinero ese es el problema por parte del agua, y respecto a los delegados eran parte del mismo grupo pero entre ellos se pelearon y se dividieron y ahora resulta que hay dos bandos de delegados; unos, por los que originalmente se votaron y los que se autonombraron en una asamblea donde no hubo una mayoría del pueblo. Esto es más una disputa por el poder del pueblo usando ambos bandos cualquier medio incluyendo la incitación a la violencia para obtenerla y los únicos afectados seguimos siendo el pueblo. Y puede que unos tengan mejores intenciones que otros pero la realidad es que ninguno ha sabido usar la cabeza y pensar bien,se les olvida que un servidor público por mucho que esté en un pueblo se debe a este ya que uno trabaja para él y no para llenar sus bolsillos a costa de este.