La fiebre reformista del año pasado ya dejó su primera víctima de 2015: el sector salud y sus trabajadores. Las enfermeras, trabajadores sociales y terapeutas enfrentarán un marco legal que abaratará su labor, su educación y su carrera, lo que tarde o temprano perjudicará a decenas de miles de mexicanos que año con año requieren de sus servicios. En un nuevo frente abierto por el propio gobierno federal, las protestas de ese gremio arrancan el 6 de enero.
Rosalía Vergara
Proceso
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Para conmemorar el Día de la Enfermera, el martes 6, estudiantes, profesores y trabajadores de la Asamblea Intergremial de Enfermeras, Trabajadores Sociales, Terapeutas y Rehabilitadores Físicos (Aigett) realizarán una movilización nacional en demanda del cumplimiento del programa de profesionalización cancelado el 3 de septiembre pasado.
Aunque por las fiestas navideñas existe un impasse en el diálogo con las autoridades, el plan de acción 2015 de los inconformes ya se acordó, informa Reyna Ayala Echeverría, miembro de la Alianza de Trabajadores de la Salud y de la Aigett.
En un foro celebrado el pasado 29 de diciembre, Reyna comentó que el programa de profesionalización del sector salud se inició en 2006, y el 8 de enero de 2014 el presidente Enrique Peña Nieto dijo que lo ratificaría para que “todas las instituciones del sector cuenten con programas y mecanismos que aseguren que quienes se dedican a esa actividad puedan concluir estudios de posgrado, tengan acceso a mejores plazas” y a un aumento de 20 a 25% en las becas a pasantes.
Sin embargo el gobierno federal mintió. El 3 de septiembre del año pasado, la secretaria de Salud federal, Mercedes Juan López, emitió una convocatoria cancelando de facto el compromiso presidencial que reconocía académica y monetariamente a los licenciados en enfermería, trabajadores sociales y terapistas.
En ese momento, añadió Reyna, “comenzó un movimiento con los compañeros de una sección, la 62 del Sindicato de la Secretaría de Salud, el 4 de noviembre. Empezaron mandando oficios a diversas instancias. Ahí se planteó que precisamente tenemos que trabajar en foros y asambleas. Llevamos dos foros y múltiples asambleas en las cuales se ha construido un pliego petitorio”.
Ante esta reacción, Mercedes Juan echó para atrás la convocatoria que modificaba las condiciones laborales de las enfermeras, pero el 2 de diciembre lanzó otra. Ésa marcaba que algunos trabajadores de la salud sí podrían inscribirse al programa de profesionalización, pero sólo entre el 11 y el 15 de diciembre, atravesándose un fin de semana en que no laboran las oficinas administrativas.
Mercedes Juan no se ha reunido con los representantes de la asamblea, por lo que analizan plantarse frente a las oficinas de la Secretaría de Salud (Ssa) en la Ciudad de México después de la marcha del martes 6, si la dependencia no los atiende.
Entre las demandas de la asamblea está la profesionalización universal, porque en la actualidad eso sólo ocurre entre los agremiados de la Ssa; que el Estado aplique acciones concretas para detener el deterioro de los servicios de salud y que se ofrezcan las garantías suficientes para el gremio, “porque ya han empezado las amenazas”, indica Reyna.
Una enfermera de la Ssa, María, denunció en un foro que cuando las enfermeras del Instituto Mexicano del Seguro Social se sumaron a la protesta, las autoridades de esa institución les cumplieron –sólo a ellas– nueve de 10 puntos de su pliego petitorio, aceptaron que su salario se homologara con el de los trabajadores y resolvieron una retabulación de 8% y 15% de aumento salarial de emergencia. Los inconformes sospechan que el gobierno cedió ante esas enfermeras con el fin de desmovilizarlas.
“Ahorita hay un merequetengue de corrupción que hay que sacarlo, hay que denunciarlo, exhibirlo. Y luchar por una basificación digna”, dijo María.
Los pendientes
Carlos Montes Dueñas, un enfermero del Distrito Federal, comenta que fue en el sexenio de Vicente Fox cuando se comenzó a reconocer la formación profesional del personal de salud.
La historia se inició cuando la enfermera Graciela Arroyo de Cordero, madre del panista Ernesto Cordero, impulsó la profesionalización de la carrera, reconociendo la licenciatura en enfermería de cuatro años.
“Siempre se les había pagado a las enfermeras como si tuvieran otra categoría o función laboral. En el sexenio de Vicente Fox se firmó un convenio con la exdirectora de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, la licenciada Graciela Arroyo de Cordero. Ella y una profesora de la misma escuela hicieron convenios con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque de hecho las dos eran diputadas del Partido Acción Nacional, para que se reconozca la licenciatura y se cree la categoría de enfermera C”, relata.
En ese entonces se obtuvieron salarios de acuerdo con el nivel académico de los trabajadores.
No obstante, Montes explica que la parte administrativa y laboral de la Ley General de Salud fue reformada el año pasado, y esas modificaciones “precarizan el empleo y criminalizan las prácticas médicas”. Entre otras cosas se prevé que si las enfermeras necesitan algún catéter, jeringa, suero o cualquier material para atender a los pacientes, deberán pedirlo al área de administración del hospital, y no a la clínica, como ocurre actualmente.
Debido a estas reformas, aseguran los afectados, en la convocatoria del 3 de septiembre se canceló la posibilidad de “acceder a mejores puestos en la rama de enfermería y demás profesiones del sector”.
“Otra cosa que quieren hacer es algo similar a lo que intentaron en el Politécnico, que es quitarles el nivel de licenciatura para convertirlos en técnicos”, afirma Montes.
Las enfermeras recibieron la convocatoria el 29 de septiembre. En octubre enviaron oficios a las autoridades, sin obtener respuesta. El 4 de noviembre comenzaron a movilizarse.
Crearon sus páginas en las redes sociales. En Facebook, con el nombre “Enfermeras DF”, colocaron los acuerdos de la asamblea concretados el 19 de diciembre de 2014. Informaron que seguían las movilizaciones en los estados y que habría un recorrido el 17 de ese mes dentro del Centro Médico Nacional Siglo XXI, donde repartieron volantes y llevaron a cabo cuatro mítines informativos.
Otro texto difundido por los inconformes en esa misma página indica que la actual arremetida legal “desvaloriza aún más nuestro trabajo, aumentando la precarización laboral, todo lo cual genera una caída en la calidad de la atención de nuestros pacientes. Los bajos salarios nos orillan a buscar otros empleos, con contratos temporales, sin base, con rotación de turnos y sin condiciones para exigir abasto de medicamentos, material, equipo y hasta uniformes”.
Respecto de la próxima manifestación nacional, se indica: “Resulta urgente reforzar la organización de brigadas que harán recorridos para preparar la movilización del 6 de enero de 2015. El movimiento sólo dialogará directamente con la Ssa, sin intermediarios, mediante su Comisión de Representantes elegidos desde los centros de trabajo o escuelas, ratificados en la Asamblea General de la Aigett”.
El martes 6, durante la Jornada Nacional de Movilización por la Dignificación de la Profesión de Enfermería, Trabajo Social, Fisioterapia y demás profesionales del sector, los inconformes acudirán por la mañana a la sede de la Organización Panamericana de la Salud, en Polanco, para entregar una carta en la cual describirán los motivos de la movilización y solicitarán su intervención para que el gobierno mexicano atienda sus demandas.
Por la tarde irán a las oficinas de la Ssa, en Lieja, para entregar el pliego petitorio.
“En caso de negativa para recibir a la comisión de la Aigett, la asamblea establecerá un plantón permanente con rotación de guardias hasta que la Ssa reciba a la Comisión y acceda a atender el pliego de demandas”, se lee en los resolutivos.
Las movilizaciones en los estados concluirán en las sedes locales de la Ssa.
La historia
El 17 de enero de 2014 (PRE/SP/-14), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud publicó los resultados de la convocatoria de 2013. Ahí se veía que 3 mil 591 profesionales –con título y cédula– se habían registrado para intentar obtener mejores condiciones. Empero, sólo mil 904 licenciados fueron beneficiados; de ellos, mil 532 eran trabajadores de los servicios estatales de Salud. “¿Cómo fue posible, entonces, que sólo mil 904 licenciados fueran beneficiados? ¿Cuáles fueron los criterios de exclusión para no beneficiar a los mil 687 restantes, declarándolos no procedentes?”, se preguntó Gustavo Leal, representante de la Aigett, el 20 de diciembre en La Jornada.
Esto fue porque buena parte del personal no pudo registrarse a la convocatoria, a pesar de ser sindicalizado. No se informó por qué. Leal apuntó otro problema: en el mercado privado, a las enfermeras se les clasifica como técnicos para pagarles salarios castigados a pesar de que disponen de licenciaturas.
En aquella ocasión, tal como ahora, la Ssa esquivó su responsabilidad directa arguyendo indicaciones de la SHCP y restricciones presupuestarias. “La nueva convocatoria cambia para quedar igual. El formato retocado sólo alcanzará a reconocer a ¡48 licenciados por estado!”, denunció Leal.
“Se cambió para seguir igual. La gran mayoría de los licenciados sólo acariciará la esperanza de que se reconozca su trayectoria académica. La nueva convocatoria merma las ambiciones profesionales de las tres ramas para superarse y, con ello, mejorar la calidad de la atención que prestan.
“El 3 de diciembre –con marchas en el DF y varios estados–, la asamblea intergremial, ya reunida con autoridades de la Ssa, desconoció la nueva convocatoria retocada, así como a las dirigencias sindicales. También pactó con la Ssa instalar una mesa resolutiva para atender el asunto a partir del 10 de diciembre.”
El gran pendiente consiste, de acuerdo con Leal, en diseñar un programa auténtico de profesionalización universal para los tres gremios, dotado de garantías explícitas para todos, en consonancia con la multipublicitada reforma sanitaria de Mercedes Juan y Peña Nieto.
“La última versión de esa reforma quedó reducida a la pretensión de establecer una instancia para la regulación y vigilancia de la calidad de los servicios en los establecimientos, así como a la práctica médica donde la Comisión Nacional de Arbitraje Médico asumirá facultades de autoridad”, finalizó el representante de la Aigett.
