Norma Trujillo Báez
La Jornada
El proceso de privatización de los recursos naturales y de imposición sobre territorios indígenas son conflictos programados y ante ello, o se impone la represión del Estado o la gente se va a rebelar por los proyectos hidroeléctricos y la perforación de pozos petroleros, señaló Eckart Boege, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y precisó que habrá una comisión especial dependiente de la Secretaría de Energía (Sener) que se va a parecer a la “deslindadora del Porfiriato”.
En entrevista, en el marco del Foro sobre Derechos Humanos y patrimonio Biocultural, dijo que ante los proyectos de hidroeléctricas, minas y el uso de la técnica del fracking se prevé que la gente se puede rebelar, “esa imposición con los terrenos se los pueden expropiar, por ejemplo en Puebla hay una ley de expropiación, esta ley atenta contra los derechos humanos, si no estás de acuerdo con un gasoducto, acueducto, una carretera, te lo pueden expropiar”.
Incluso –sostuvo– “hay una comisión especial que depende de la Secretaría de Energía para negociar con los propietarios el terreno en donde se va a hacer el fracking, la minería y esa comisión se va a parecer a la deslindadora del Porfiriato. Esta comisión va a tener esa función de traspasar no la propiedad, pero si la posesión del terreno, hay una diferencia entre propiedad y posesión y por 50 años, eso no lo recuperas nunca”, expuso el integrante del Sistema Nacional de Investigadores, quien está haciendo estudios sobre Patrimonio cultural y políticas públicas en comunidades indígenas.
En el país a las comunidades indígenas se les aplica el término de la desposesión, término sociológico que se aplica a todo América Latina en donde entran todas las trasnacionales a los países y a través de las concesiones se les da la patente de corso de hacer lo que quieran con nuestros recursos.
Por ello, si se hubiera aprobado la minera Caballo Blanco en los municipios de Actopan y Alto Lucero, los empresarios hubieran sacado en siete años mil 900 millones de dólares con un metro cúbico de oro, de esos recursos al gobierno no le hubiera tocado nada en términos de impuesto, al igual a los municipios, ahora, con la reforma energética, el PRI negoció que sería el 3 por ciento de las ganancias para los municipios, pero ese 3 por ciento nadie sabría cuál sería el 3 por ciento real.
En los lugares ocupados por empresas trasnacionales, dijo Boege Schmidt, es difícil que un mexicano pueda entrar, “así nos pasó como INAH que creíamos que en Caballo Blanco estaban destruyendo un sitio arqueológico y no podíamos entrar por miedo a que nos acusaran por allanamiento de su territorio. Esos patentes de corso son nuevas administraciones de las empresas contratantes, pueden hacer caminos, les van a hacer funcionales, pero para entrar el problema que tienen en este momento, es que en México 105 millones de hectáreas están en manos de campesinos y eso les molesta mucho, ya que representa poco más de la mitad del territorio nacional, son ejidos y comunidades, entonces tienen que hacer primero el dominio pleno para los ejidatarios para después negociar con cada ejidatario y muchas veces son zonas deprimidas económicamente y si les ofrecen dos, el ejidatario va a decir que sí, pero van a ir desgajando los territorios, y éstos no son reconocidos por las concesiones, no se dice es una concesión en suelo indígena, es un conflicto programado y veo mucha complicidad”, concluyó.
